La senadora del Partido Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya, se encuentra en medio de una tormenta política tras la denuncia de un exasesor legislativo que señala un presunto esquema de coimas y “asesores fantasma” en su equipo.
Según la denuncia, la congresista habría exigido al abogado Sergio Mesa, su entonces asesor, el pago de $4 millones para Sebastián Arboleda Alzate, su yerno, y $2,5 millones para su hija Valeria Casas Bedoya.
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EL COLOMBIANO estableció que, entre 2020 y 2023, la hija de la congresista contrató en Antioquia con diversas entidades por un valor superior a $314 millones en distintos contratos suscritos. Sus servicios legales fueron prestados en la Institución Universitaria Pascual Bravo, Secretaría de Infraestructura de Medellín, la Alcaldía del Municipio de La Ceja (Antioquia), entre otros.
En Medellín, todos los contratos se celebraron bajo la administración de Daniel Quintero Calle, hoy candidato presidencial, cuya gestión enfrenta cuestionamientos por imputaciones a exfuncionarios relacionadas con presuntos actos de corrupción.
Este diario accedió a los documentos de prestación de servicios de Casas Bedoya, abogada con una especialización en contratación estatal y otra en derecho administrativo. Cada contrato tiene objetos contractuales distintos.
Además, EL COLOMBIANO también encontró que, mientras su madre legisla en el Capitolio, desde 2022, Jessica Valeria Casas Bedoya ha logrado firmar 17 contratos con diferentes entidades estatales en el país, que suman más de $537 millones, concentrándose los años 2023 y 2025 como los de mayor actividad, con contratos por un valor cercano a $399 millones.
Los documentos fueron suscritos en distintas entidades del Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia y Bogotá. En total, entre la administración de Daniel Quintero y mientras su madre legisla en el Congreso, la abogada ha recibido un poco más de $851 millones en contratos de prestación de servicios.
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Desde EL COLOMBIANO se contactó a Valeria Bedoya, quien inició su conversación señalando que es profesional y abogada con dos especializaciones, y que ha trabajado desde sus años universitarios.
“Que saquen o no mis contratos, que son públicos y a los que tiene acceso toda la gente a través del SECOP, la verdad es que no tengo mucho que decir”, afirmó, agregando que considera que los señalamientos provienen de “personas malintencionadas y desagradecidas”.
Sobre las críticas relacionadas con su familia, Valeria insistió en que su actividad profesional es independiente de su madre. “Yo soy abogada, tengo capacidad intelectual y soy una persona muy capaz. Todo lo que he logrado en mi vida no ha sido gracias a que mi mamá sea congresista; me gradué mucho antes de que ella lo fuera. Mi trabajo habla por mí”, afirmó.
En cuanto a los contratos que ha firmado con distintas entidades, incluyendo el Instituto Tecnológico Pascual Bravo durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, Valeria reiteró que toda la información es pública: “No voy a dar más detalles, no porque esté escondiendo algo, sino porque no quiero alimentar el ruido que está haciendo otra persona. Mi trabajo habla por sí mismo”.
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Un contrato en curso en el Senado
El más reciente contrato lo firmó Valeria Casas Bedoya con la Secretaría General del Senado para ser ejecutado entre el 5 de noviembre de 2025 y el 20 de mayo de 2026, por valor de $82.500.000 para prestar los servicios de apoyo jurídico y administrativo de dicho despacho.
Entre sus funciones, de acuerdo con el portal de contratación Secop, está apoyar la revisión oportuna y respuestas de acciones de tutelas y consultas que le sean asignados por su supervisor inmediato.
También debe brindar apoyo jurídico a la Secretaría General en la proyección y revisión de respuestas a derechos de petición, información, traslados, constancias y requerimientos a otras dependencias o entidades, que le sean asignados.
A eso se suman tareas de redacción de conceptos jurídicos y la proyección y/o revisión de actos administrativos, y acompañamiento a las reuniones sobre los mismos.
Su experiencia laboral muestra una trayectoria marcada por contratos de prestación de servicios en distintas entidades públicas entre 2022 y 2025, con una presencia contractual reiterada en el Valle del Cauca.
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Las conexiones con el Valle
En 2024 y 2025 se evidencia una vinculación constante con la Gobernación de ese departamento bajo la administración de Dilian Francisca Toro. Durante 2024 celebró contratos en periodos que abarcan marzo a junio y agosto a diciembre, y en 2025 nuevamente aparece vinculada en los periodos marzo a junio, septiembre a noviembre y diciembre del mismo año. En total ha recibido en contratos en esa región $77 millones.
Paralelamente, ha tenido contratos con el Senado de la República en distintos momentos (2022, 2023, 2024 y 2025), así como con la Federación Nacional de Departamentos en 2024 y 2025.
No obstante, el patrón más reiterado en la información presentada corresponde a los contratos con la Gobernación del Valle del Cauca, que se repiten en varios periodos consecutivos y en diferentes vigencias.
Sus contratos mientras su mamá legisla
La hija de la congresista, registra en su hoja de vida del SIGEP, que tiene una experiencia laboral que inicia entre 2015 y 2019 con una base en dos empresas, una de ellas Consultorías Empresariales Eficientes S.A.S.
A partir de 2020, se observa una transición definitiva hacia la administración pública, iniciando con contratos en las alcaldías de Medellín y La Ceja del Tambo, además de una relación recurrente con la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín, entre 2021 y 2022.
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Ya entre 2022 y 2025, justo mientras su madre Berenice es congresista en ejercicio, su carrera profesional alcanza un nivel de especialización en organismos estatales de gran relevancia. Empezó en el Senado el 11 de octubre de 2022 y culminó ese paso el 30 de junio de 2023 en ese cuerpo legislativo.
Mientras era alcalde de Medellín. Daniel Quintero, ella firmó un contrato con esa administración el 14 de abril del 2023. De ahí en adelante ha prestado sus servicios en la Gobernación de Bolívar, otra vez en el Senado de la República, Federación Nacional de Departamentos y la Gobernación del Valle.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuánto suman los contratos de la hija de Berenice Bedoya?
- Más de $851 millones entre 2020 y 2025, según registros públicos revisados.
- ¿Los contratos son ilegales?
- No existe decisión judicial que determine ilegalidad. Son contratos de prestación de servicios registrados en plataformas oficiales.
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