El séquito de la primera dama Verónica Alcocer era una especie de sombra que la seguía a todas partes del país y del mundo. Desde que su esposo —ahora expareja, aunque siguen casados— asumió el poder en agosto de 2022, Alcocer ya no solo se rodeó de escoltas y personal de seguridad, como es usual, sino de un equipo de “asesores” que eran sus amigos. Entre ellos, el reconocido fotógrafo Mauricio Vélez y el estilista Fady Javier Flórez.
Este sábado la revista Semana reveló que la Fiscalía indaga 12 contratos firmados desde agosto de 2022 hasta finales del año pasado. Vélez y Flórez no recibieron directamente los contratos sino que se hizo a través de una cooperativa.
El modelo es básicamente una contratación interadministrativa entre Presidencia y el Sistema de Medios Públicos (RTVC), que a su vez subcontrato a la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), cuestionada por otros contratos con esa entidad. Savi contrató a ambos asesores para prestar servicios relacionados con la logístico y producción audiovisual de la Casa de Nariño.
El origen de la revelación es un derecho de petición radicado por el profesor y experto anticrimen financiero Juan Carlos Portilla. RTVC confirmó la vinculación de Vélez y Flórez “en el marco de contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la cooperativa Savi”, precisando que su relación contractual no era directa con el sistema de medios públicos, sino con esa empresa.
Sin embargo, el abogado Portilla alertó a la Fiscalía presuntas irregularidades. En concreto, el esquema implicaría que una entidad pública transfiere la ejecución contractual a un intermediario, lo que reduce controles y podría facilitar direccionamiento de dinero con opacidad.
“El análisis tipifica el delito de estafa, y se extiende a la evaluación de posibles delitos conexos y responsabilidades administrativas, considerando la posible utilización del nombre y la investidura de la ex primera dama Verónica Alcocer para beneficiar a terceros”, dijo Portilla.
Contratos año a año
Los montos año por año fueron entregados a Savi de esta manera: el primer contrato se firmó en septiembre de 2022, un mes después de la posesión presidencial y fue por $1.214 millones, tuvo una duración de tres meses. En ese mismo año, otro contrato por $1.921 millones fue adjudicado bajo el mismo esquema.
En 2023, los contratos incluyeron simultáneamente al maquillador y al fotógrafo. Uno de ellos ascendió a $5.549 millones. Posteriormente se suscribió otro por $1.792 millones. Solo ese año, la suma llegó a $7.341 millones.
Para 2024 se firmó un nuevo contrato por $8.000 millones bajo la misma modalidad. Y en el segundo semestre de 2025 se suscribió otro por $3.976 millones. Sumados, los contratos alcanzan casi $23.000 millones.
RTVC, por su parte, ha reiterado que la contratación se hizo conforme a la modalidad permitida por la ley y que los vínculos laborales eran con la cooperativa Savi.
“Iban con ella para todo”
El séquito de Alcocer no se reduce al fotógrafo y al maquillador, con quienes hizo viajes oficiales, pagados con impuestos, a Caracas y al Vaticano, entre otros destinos. Su círculo aún lo componen otras personas como Carolina Plata, su mejor amiga, que ejerce como ama de llaves de las residencias de Presidencia en Cartagena y Hatogrande.
En enero de 2024, La Silla Vacía reveló que su equipo más cercano, cinco personas aproximadamente, recibían honorarios que van entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales y cobraban viáticos por acompañar a la primera dama en su agenda.
“En la mayoría de casos, las labores por las que les pagan no tienen que ver con las que realmente desempeñan”, decía el informe, lo que coincide con la polémica de este fin de semana.
Es decir que Savi los contrató en el marco de objetos contractuales más amplios, como lo que se entiende por “logística” o “producción audiovisual”, pero en la práctica desempeñaban roles muy específicos.
Con ocasión a este nuevo escándalo, EL COLOMBIANO habló con dos funcionarios de Palacio que trabajaron muy de cerca a Alcocer. Bajo reserva, contaron que el séquito de la primera dama “era su sombra. Iban para todo lado con ella. Alquilaban vestidos y joyas para las fiestas, trajes para los carnavales y para cualquier viaje. Ellos detrás siempre. Solo le tomaban fotos y la maquillaban, eran sus amigos. Donde se quedaba ella, iban ellos”, dice una funcionaria refiriéndose a Vélez, Flórez y Plata.
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Otra fuente confirma que siguen laborando en Palacio, a pesar de la distancia de Petro con Alcocer, quien se radicó hace unos meses en Suecia y se juntó con la clase alta escandinava.
De Estocolmo a Bogotá
El diario sueco Expressen publicó varias entregas hace unas semanas sobre la presencia de Alcocer en sectores exclusivos de la capital sueca, mencionando visitas a restaurantes costosos, clubes privados y reuniones con empresarios. El medio la ubicó en el casco antiguo de Estocolmo junto al empresario colombo-catalán Manuel Grau Pujadas, uno de los catalanes a los que el Gobierno les ha dado varios contratos.
Según la publicación, Alcocer evitó declaraciones y su acompañante intentó impedir fotografías. Las revelaciones se produjeron en medio de su inclusión en la llamada Lista Clinton, lo que, según explicó públicamente el presidente Petro, habría generado dificultades logísticas para su regreso al país. Finalmente, retornó a Colombia para la temporada de fin de año y fue vista nuevamente en la Casa de Nariño. En medio de la controversia, la Fiscalía abrió una indagación preliminar por presunto lavado de activos y fraude.
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En una investigación previa, EL COLOMBIANO consultó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) sobre los gastos, viajes y el eventual uso de recursos públicos por parte de Verónica Alcocer.
La entidad respondió que ella “no recibe ingresos del Estado ni maneja recursos oficiales”, al no ostentar la calidad de servidora pública, y precisó que sus actividades se enmarcan en su condición de cónyuge del Presidente, no en el ejercicio de funciones públicas.
Dijeron que el único apoyo que recibe corresponde a esquemas de seguridad y reiteró que la figura de “primera dama” no constituye un cargo público.
Mientras tanto, su séquito ha seguido recibiendo millonarios contratos.
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