La paz urbana, el apéndice de la política de “paz total” con el que el gobierno de Gustavo Petro supuestamente buscaba pacificar las ciudades de Colombia, agoniza de la mano de promesas incumplidas, disputas internas entre los protagonistas y la ausencia de un marco jurídico para sacar adelante las desmovilizaciones de las bandas implicadas.
A seis meses de que termine el actual mandato, entre las mesas de Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá hay casi tres años de conversaciones en curso, sin que haya el más mínimo asomo de un acuerdo para desarmar a sus integrantes, que sumados agrupan a cerca de 15.000 delincuentes.
La Casa de Nariño tuvo varias legislaturas para proponer el proyecto de ley de sometimiento de bandas, pero tras su hundimiento en el primer intento (2023), desistió bajo la premisa de que “no había ambiente” en el Congreso.
De estas tres mesas, la que se ha robado los reflectores es la del Valle de Aburrá, suscitando polémicas nacionales por cuenta de su politización. Lo primero fueron los desacuerdos públicos con Danilo Rueda, el alto comisionado de paz que inauguró el proceso el 2 de junio de 2023, a quien los voceros de las bandas, reunidos en la cárcel de Itagüí, acusaron de descuidar y ralentizar las conversaciones.
Después fue el “tarimazo”, el 21 de junio de 2025, cuando Petro y su gabinete invitaron a los representantes de las bandas a un acto de proselitismo político en plena Alpujarra.
Luego los voceros de las estructuras ilegales se fueron lanza en ristre contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, un declarado opositor de la mesa. Algunos dijeron que lo habían apoyado en las elecciones, pero nunca aportaron las pruebas.
En la delegación del Gobierno, la senadora Isabel Zuleta desplazó a Jorge Mejía Martínez, ahondando el carácter partidista de los diálogos, aunque sin lograr avances concretos hacia un desarme. Incluso tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría y la Corte Suprema, por supuesta extralimitación de funciones en su rol de delegada para la paz urbana.
El golpe más reciente contra la reputación de la mesa lo dio Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), quien fue la cara visible de las bandas desde el inicio, y renunció a su vocería el pasado 31 de enero.
En su carta dirigida al actual consejero comisionado de paz, Otty Patiño, denunció que “la falta de claridad ha llevado los diálogos a un punto muerto, sumiendo el proceso en una informalidad persistente. Las expectativas, promesas y esperanzas generadas ante las comunidades, líderes sociales y personas privadas de la libertad en cárceles solo contribuyeron a la pérdida de credibilidad”.
Zuleta negó que el proceso esté en un punto muerto, “esa es una narrativa de la derecha”, dijo en una entrevista en Señal Colombia. En otro medio aseguró que “no se entiende lo que quiso decir ni lo que quiere hacer el señor Freyner, excepto llamar la atención, que eso es evidente, porque nosotros no dialogamos con personas, dialogamos con voceros de estructuras”.
La renuncia de “Carlos Pesebre” a la vocería generó suspicacia más allá de la mesa, pues ocurrió a tres semanas del asesinato de uno de sus principales lugartenientes, Ómar Ortiz Montoya (“Roña”), quien el 22 de enero fue acribillado por un sicario en el barrio Blanquizal de Medellín.
Los miembros de la mesa aducen que su mayor éxito ha sido la reducción de homicidios en la capital antioqueña. Sin embargo, el índice de asesinatos empezó a caer hace seis años por un acuerdo entre los capos de las bandas, mucho antes de que existiera la mesa de paz urbana.
Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), en 2019 hubo 600 casos, que cayeron a 373 en 2020, tras el pacto mafioso logrado en las cárceles.
En 2023, cuando se instaló la mesa, hubo un leve repunte a 378, que bajaron a 311 en 2024 y luego subieron otra vez a 326 en 2025. A pesar del influjo que los 17 representantes de cerca de 300 bandas tienen sobre el bajo mundo, en las calles han sido ejecutados más de 20 cabecillas, algunos de ellos de alto perfil.
En esta lista están, además de “Roña”, Rubén Giraldo Villada (“don Ramón”) y Adiel Covaleda Guzmán (“Adier”), jefes de la banda “San Pablo”; Fabio Gómez Ruiz (“Riñón”), de “Calatrava”; Johan Duque Ríos (“Duque”), de “el Diamante”; Ómar Mazo (“don Ómar”), de la “Convivir del Bronx”; Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), de “la Terraza”; y José Carrillo Montoya (“Sólido”), de “Pachelly”, entre otros.
Esto significa que, al margen de las intenciones de paz, las estructuras criminales siguen en pugna por el poder.
Tras la renuncia de “Carlos Pesebre”, la mesa del Valle de Aburrá convocó a una rueda de prensa para tratar de mandar un mensaje de unión. En la cita, el pasado 9 de febrero, no presentaron nada concreto, salvo la promesa de “avanzar en la estructuración de un acuerdo condicionado para la paz urbana como demostración del compromiso de las partes de llegar a una fase de irreversibilidad”, según el comunicado, que tuvo incluso la firma de “Carlos Pesebre”, como prueba de que aunque él ya no será vocero, las 50 bandas que le obedecen continuarán en el proceso.
El abogado Michel Pineda, director de la Corporación Compromiso Colombia, y quien ha seguido de cerca este proyecto, comentó: “No puedo saber lo que pasa por la mente del señor Freyner, solo a él le corresponde determinarlo, pero en su carta leo una profunda tristeza porque todos los esfuerzos no hubieran llegado al propósito esperado, quizá por intereses políticos en las próximas elecciones de marzo, aunados a campañas de desprestigio y persecución judicial a quienes han apoyado temas de paz”.
Quibdó, lejos del desarme
El pasado 6 de febrero finalizó el tercer ciclo de conversaciones entre los delegados del Gobierno y los de las tres bandas involucradas en la mesa de paz urbana de Quibdó: “los Locos Yam”, “los Mexicanos” y “las Fuerzas Armadas RPS”, que sumadas cuentan con cerca de 500 integrantes.
Para el Gobierno, el resultado fue positivo, “al permitir refrendar compromisos previamente construidos, en lo relacionado con el cese de violencias contra comunidades, la protección de poblaciones en condición de especial vulnerabilidad y el respeto a las autoridades en territorio, incluyendo a la Fuerza Pública, las autoridades administrativas y los miembros de la rama judicial”, según el comunicado oficial.
El coronel (r) Alexánder Castillo, coordinador designado por la Casa de Nariño, dijo que “como compromiso nuevo, estas estructuras se comprometen a no atentar en las próximas elecciones”, lo que incluye los sufragios legislativos, presidenciales y los de las juntas de acción comunal.
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Dijo que para constatar el desescalamiento de la violencia habrá unos pilotos de seguridad en algunos barrios, con proyectos de inversión social para restarle espacio a las rentas ilegales, y reconoció que para llegar al desarme definitivo “todavía nos falta un camino por recorrer en lo que queda del año”.
Además de las tres bandas involucradas, ha habido acercamientos con “los Zetas” y “Revolución Cabí”, que incluso han aceptado treguas decembrinas con las de la mesa, pero a la fecha no se han integrado de forma oficial a los diálogos.
Entretanto, en la capital chocoana se siguen presentando crímenes que mantienen en zozobra a la población. Al amanecer del 8 de febrero pasado hubo un ataque sicarial en el barrio Nicolás Medrano, en el que fueron asesinados Iván Hesneyder Bechara Córdoba (“Mono”), contador de la empresa estatal Licochocó, y Yeimer Samir Rodríguez (“Chepe”); en el mismo hecho resultó herida una adolescente de 15 años.
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La matanza fue atribuida a un conflicto entre bandas y ocasionó tal impacto, que la mesa de diálogos tuvo que pronunciarse. “Insistimos en que la protección de la vida y el respeto por los compromisos asumidos en el marco del espacio de conversación socio jurídico, son condiciones esenciales para la continuidad de los diálogos y la construcción de confianza y garantías entre las partes”, expresó en un comunicado.
Quibdó cerró el 2025 con un aumento del 7% en los homicidios, al pasar de 219 muertes violentas en 2024 a 236 al año siguiente, según datos policiales.
Una fuente cercana a la mesa le contó a este diario, bajo reserva de identidad, que desde el principio ese proceso ha tenido una amenaza latente que el Gobierno no ha podido solucionar. “Los muchachos de esas bandas están sometidos a lo que dicten el ELN y los Gaitanistas, que son las estructuras más poderosas de Chocó, las que los reclutan y contratan para servicios criminales. Ellos piden garantías de protección contra esos grupos, pero el Gobierno no tiene cómo responderles”, señaló.
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El proceso de paz con el ELN está congelado desde 2024, y el del Clan del Golfo (Gaitanistas) en veremos, después de que el cartel narcotraficante anunciara que lo suspendía el pasado 4 de febrero, luego de que Petro le ofreciera a Donald Trump una persecución conjunta contra su jefe “Chiquito Malo”.
“La mesa de Quibdó es muy distinta a la del Valle de Aburrá en un sentido: aquí el Gobierno está negociando con gente que vive en la pobreza, que está pidiendo unas mínimas condiciones humanitarias para sobrevivir; en Medellín, en cambio, el diálogo es con una élite criminal. Aún así, mientras no haya una ley que permita cumplirles las garantías prometidas, veo difícil que eso llegue a un buen puerto”, acotó la fuente.
La violencia volvió al puerto
De las tres iniciativas de paz urbana, la más inestable es la de Buenaventura (Valle). La mesa fue instalada el 3 de julio de 2023, con la esperanza de sacar del conflicto a 1.700 miembros de las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, enemigas entre sí. En marzo de 2024 se levantaron de la mesa “los Espartanos” y la tregua que había entre las dos organizaciones se disolvió.
En la carta en la cual notificaron su decisión, señalaron que los diálogos eran “una pantomima para que el grupo ‘Shottas’ se arme, haga alianzas con grupos externos y ajenos al conflicto, amplíe sus terrenos y además trate de recuperar lo que ha perdido en la ciudad”. Para rematar, en mayo de 2025 fueron capturados por secuestro y otros delitos alias “William” y “Jimmy”, voceros de “los Shottas” en esa mesa.
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El pasado octubre, desde ese espacio de discusión se logró articular un acuerdo con otra banda de Buenaventura, aunque de menor relevancia, llamada “los Chiquillos”. Se comprometieron a respetar la vida de los civiles, no extorsionar ni reclutar niños, aunque la comunidad denuncia que todo sigue igual o peor. El año pasado el puerto volvió a padecer la violencia de antes.
Entre 2024 y 2025 el índice de homicidios se incrementó un 66%, al pasar de 78 a 130 casos, según la Policía, al punto de que hubo un consejo de seguridad con el Ministerio de Defensa y se ordenó incrementar el pie de fuerza.¿Por qué, si se supone que la mesa, aunque inactiva, todavía no se ha suspendido?
Esfuerzos dispersos y sin ley
A pesar de que las tres principales mesas de paz urbana no han llegado a feliz término, el Gobierno Petro al final de su mandato comenzó acercamientos con “la Inmaculada”, de Tuluá (Valle), y con las bandas “los Pepes” y “los Costeños”, de Barranquilla.
El caso de “la Inmaculada” no logró cuajar, en especial porque su líder Andrés Felipe Marín Silva (“Pipe Tuluá”) fue extraditado a Estados Unidos por la Casa de Nariño, el pasado 3 de febrero, para ofrecerlo al presidente Donald Trump como un trofeo de la lucha contra el narcotráfico.
En el caso de las bandas barranquilleras, cuyos acercamientos se concretaron en octubre del 2025 con el anuncio de una tregua, la iniciativa no cuenta con el respaldo del alcalde Alejandro Char, similar a lo que ocurre en Medellín.
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La primera crisis se dio cuando el Gobierno hizo pública su idea de reunir a los cabecillas en la cárcel El Bosque, de la capital del Atlántico, lo que provocó el enojo de las autoridades locales. El traslado fue suspendido, dejando el proyecto en un limbo.
El senador Ariel Ávila, quien fue ponente de la ley de sometimiento de bandas en 2023, que terminó hundida, le explicó a este diario en una reciente entrevista que sin ese piso jurídico, estas mesas “no van para ningún lado”.
“La ‘paz total’ fracasó, me duele decirlo, porque los procesos de paz abrevian el sufrimiento de la gente. Fracasó por una tormenta perfecta: un gobierno que no tuvo método, una explosión de economías ilegales y un periodo de fragmentación criminal, estos grupos se están dividiendo, como pasó luego de la desmovilización paramilitar”, opinó. A su juicio, “viene un periodo de guerra, pero seguramente todo esto va a terminar en mesas de negociaciones en 4 o 5 años”.
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