Con miras a las elecciones legislativas que se celebrarán en Colombia en menos de un mes, y que coincidirán con las consultas interpartidistas de cara a la primera vuelta presidencial, este martes la Defensoría del Pueblo, de la mano de aliados –entre ellos EL COLOMBIANO–, lanzó un informe que concluye que, si bien en el debate electoral avanza el respeto por la vida, persisten desafíos frente al lenguaje no violento y la difusión de información verificada.
El documento, realizado también por la Misión de Observación Electoral (MOE), tiene como origen un compromiso suscrito con organizaciones políticas y otros actores buscando fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía de cara a las elecciones de 2026.
Según la Defensoría, de las 27 precandidaturas presidenciales que se sumaron al compromiso, se registró un nivel de avance del 81,7 % frente a la premisa de proteger la vida y promover la no violencia en la política. Además, se les realizó seguimiento a las precandidaturas que no lo han suscrito.
Aunque no se evaluó el cumplimiento, sí el grado de alineación con los puntos contemplados en el compromiso para identificar su aporte al ambiente democrático. “Para este grupo, el nivel de alineación fue del 56,4 %. Los resultados confirman que la adopción de compromisos éticos y democráticos contribuye a mejorar la calidad del debate público”, declaró el organismo.
De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, “en este compromiso no nos centramos en la violencia física armada directamente, sino en la calidad del debate electoral. Hicimos seguimiento al discurso de los candidatos y las candidatas, bajo una premisa histórica de nuestro país y es que el debate violento ha sido en el pasado un contexto propicio para pasar a la violencia física”.
Por otro lado, frente al compromiso del respeto a la Constitución, la ley y las autoridades electorales, así como con el reconocimiento del diálogo y el acatamiento de las decisiones institucionales como bases de la democracia, se determinó un avance del 92,6 %.
Sin embargo, alrededor del debate plural y democrático el nivel de avance fue de apenas 45,2 %. “Los resultados muestran que aún no se termina de consolidar el debate plural y democrático como práctica transversal entre las precandidaturas y sus entornos políticos, lo que constituye un desafío prioritario para el desarrollo del proceso electoral y la participación ciudadana”.
Finalmente, el nivel de avance frente al compromiso de garantizar la dignidad, la justicia social y la sostenibilidad para las generaciones actuales y futuras fue del 77 %.
“A las precandidaturas, partidos y movimientos políticos, les insta a fortalecer protocolos de prevención de la violencia política, promover un lenguaje respetuoso y no estigmatizante, y garantizar la difusión de información veraz y verificable, especialmente en entornos digitales”, precisó la Defensoría.
En esa línea, instó a las instituciones del Estado a implementar medidas integrales y sostenidas de seguridad, fortalecer la confianza en la institucionalidad electoral y reforzar las capacidades de diálogo, mediación y gestión pacífica del conflicto.
“El compromiso por un proceso electoral libre y en paz debe ser la regla de juego en estas elecciones para que las precandidaturas lo asuman como un referente de buenas prácticas democráticas y un estándar mínimo de responsabilidad política durante la campaña. Este es nuestro llamado: defender la democracia para ser un país más justo, con paz, donde el pluralismo político no sea un riesgo, sino que sea una riqueza que nos ayude a avanzar como nación”, concluyó la defensora del Pueblo.
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