México se prepara para un viraje profundo en su política energética. La Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la puerta a la extracción de hidrocarburos mediante fracking o fractura hidráulica, una técnica vetada durante todo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El cambio no es menor, ya que implica revisar una de las banderas históricas del obradorismo y asumir un costo político alto frente a organizaciones ambientalistas y al ala más dura del partido Morena, el que apoya a López y Sheinbaum.
El fracking, utilizado para extraer gas natural y petróleo de yacimientos no convencionales, es rechazado por amplios sectores de la izquierda y del ecologismo global por su impacto ambiental, especialmente sobre el agua.
Aun así, el actual Gobierno mexicano considera que la urgencia energética y fiscal justifica el giro.
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Soberanía energética y gas natural: la razón de fondo del viraje
Según especialistas y políticos cercanos a la presidenta Sheinbaum, consultados por El País de España, México debe aprovechar los recursos ya identificados por Pemex en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz para reducir la dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos.
Hoy, México importa más del 70% del gas que consume, una vulnerabilidad estratégica que también limita el crecimiento industrial.
Según el informe de este medio internacional, la apuesta busca que México avance hacia la soberanía energética, un objetivo heredado del sexenio anterior, pero ahora con un enfoque más pragmático.
Incluso, el propio Gobierno reconoce que, si se quiere alcanzar la meta de producir 1,8 millones de barriles diarios de hidrocarburos al final del sexenio, será necesario invertir en fracking, exploración y producción, y no concentrar los recursos únicamente en refinación.
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Pemex, inversión privada y más de 1.000 millones de dólares en juego
Reactivar los pozos ya estudiados por Pemex requiere inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, una cifra difícil de asumir para una empresa con un pasivo que supera los 100.000 millones de dólares, el más alto del mundo entre las petroleras.
Por eso, la hoja de ruta contempla esquemas de inversión público-privada y ajustes a la política fiscal de Pemex para hacer rentables los proyectos.
Un grupo de legisladores y expertos en hidrocarburos, citados por El País, entre ellos el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, ha presentado a la presidenta estudios que estiman el enorme valor de los yacimientos de gas y aceite ya identificados.
Fuentes cercanas aseguran que Sheinbaum ya dio su visto bueno al plan.
Los números refuerzan la presión. Pemex produce actualmente cerca de 1,6 millones de barriles diarios de petróleo y unos 4.500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, ambos indicadores a la baja.
La reactivación del fracking permitiría complementar la producción existente y abastecer tanto a las refinerías como a las plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), altamente dependientes del gas.
Las proyecciones técnicas indican que la explotación de estos yacimientos podría comenzar a rendir frutos entre tres y cuatro años después de iniciadas las operaciones.
En su fase de mayor desarrollo, se podrían extraer alrededor de 300.000 barriles diarios adicionales.
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Dónde están las reservas y cuánto valen
Las mayores reservas se concentran en las cuencas Tampico-Misantla, Burgos y Sabinas, y en menor medida en Burro-Picachos y Veracruz.
De acuerdo con expertos, muchos de ellos exfuncionarios de Pemex, los recursos de gas y aceite de lutitas en estas zonas equivalen a unos 60.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (BPCE), una cifra que explica el interés del Gobierno.
José Antonio Escalera, parte del grupo técnico asesor, para medios internacionales, destaca que Pemex ya tiene trabajo exploratorio avanzado en al menos 30 yacimientos con potencial productivo. “Hay una necesidad, se está cayendo la producción de petróleo y dependemos del gas de Estados Unidos”, resume.
El mayor obstáculo no es técnico ni financiero, sino político y social. Los propios asesores del Gobierno reconocen que el fracking arrastra un fuerte rechazo, alimentado durante años por el discurso obradorista.
Por eso, superar esa barrera exige construir “licencia social”, es decir, invertir en las comunidades, generar empleo local y mejorar infraestructura.
Los defensores del plan aseguran que la tecnología ha avanzado y que hoy se requiere menos agua, incluso con posibilidades de usar agua reciclada. Las organizaciones ambientalistas, sin embargo, refutan estas afirmaciones y advierten que no existe evidencia científica suficiente que garantice la ausencia de impactos severos.
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