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La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE.UU. no solo provocó una sacudida diplomática. Desnudó las líneas de fractura política en América Latina y dejó al descubierto quiénes están dispuestos a condenar una dictadura y quiénes prefieren justificarla, relativizarla o encubrirla. En Colombia, abrió una discusión inevitable sobre el presidente Gustavo Petro y su obstinada defensa del régimen venezolano.
¿Por qué el jefe de Estado colombiano decidió sostener al régimen de Maduro incluso a costa de deteriorar la relación con EE.UU., sembrar dudas sobre su compromiso democrático y aislar a Colombia de consensos internacionales frente al autoritarismo? El discurso oficial insiste en la no intervención y la autodeterminación. Pero esa explicación resulta insuficiente cuando se convierte en excusa para omitir cualquier condena clara frente a un régimen señalado por organismos internacionales por violaciones sistemáticas de d.h., persecución política y cooptación criminal del Estado.
El debate se desplaza a un terreno incómodo para el poder. No el de principios, sino de redes personales y entorno del presidente. Así emerge el nombre de Carlos Gutiérrez Robayo.
Gutiérrez Robayo, empresario colombiano, mantuvo vínculo conyugal con María Teresa Alcocer García, hermana de la primera dama Verónica Alcocer. Fue concuñado del presidente. Petro ha minimizado esa relación, calificándola como irrelevante y superada. En política, las relaciones importan por su capacidad de generar influencia, sombra y sospecha. El punto no es el parentesco. Es la trayectoria. Investigaciones periodísticas publicadas en medios internacionales documentaron la participación de Gutiérrez Robayo en estructuras empresariales que coincidieron con redes comerciales lideradas por Álex Saab, empresario colombiano procesado en EE.UU. y señalado por autoridades de ese país como un operador financiero del régimen de Maduro.
En 2015, Gutiérrez Robayo figuró como directivo de Trenaco, firma registrada en Colombia y Suiza que obtuvo, junto con Saab, un contrato con la estatal PDVSA por cerca de US$4.500 millones para reactivar pozos petroleros en la Faja Orinoco. El caso se convirtió en símbolo de cómo el régimen venezolano utilizó intermediarios privados para sostener su economía en medio de sanciones y colapso. Entre 2018 y 2019, habría participado en redes societarias asociadas a Saab para comercialización internacional de commodities estratégicos. Esas operaciones se habrían estructurado mediante esquemas offshore diseñados para sortear restricciones financieras y capturar rentas estatales en un Estado sometido a la opacidad y el autoritarismo.
En el plano interno circularon versiones sobre presuntos aportes económicos a campañas del entonces senador Petro y señalamientos relacionados con presuntas coimas en su administración como alcalde de Bogotá.
Esta red de coincidencias no puede despacharse como simple casualidad. La actitud de Petro frente a Venezuela no ha sido la de mediador crítico ni de defensor de estándares democráticos mínimos. Ha sido la de un protector político renuente a incomodar a un régimen que hoy enfrenta el mayor escrutinio internacional de su historia.
La reacción del Gobierno colombiano frente a la captura de Maduro reforzó esa percepción y abrió una grieta con EE.UU., aliado estratégico histórico. La postura de Petro fue interpretada como señal de respaldo político y simbólico a un régimen cuya supervivencia económica estuvo atada a redes empresariales hoy bajo investigación.
¿Estamos ante una afinidad ideológica radical o cálculo político preventivo? ¿Defiende Petro a Maduro por convicción o conveniencia? ¿Protege un proyecto político o busca evitar que una eventual transición en Venezuela destape archivos, contratos y rutas financieras que salpicarían entornos cercanos al poder en Colombia? La caída del régimen venezolano no sería un fenómeno externo. Implicaría la apertura de información sensible que reconfiguraría el debate político regional y obligaría a dar explicaciones largamente postergadas.
