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“... a los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque se hace la paz”. Fue la tajante afirmación de Gustavo Petro en campaña, que con el fracaso de sus políticas de Paz Total y Seguridad Humana, terminó como uno de los muchos compromisos incumplidos a quienes confiaron en que él encarnaba la solución a los problemas estructurales del país.
Para desilusión de sus votantes e infortunio de los colombianos, en tres años, los grupos armados al margen de la ley no solo se han multiplicado exponencialmente, sino que han adquirido o desarrollado capacidades inéditas, como el empleo de drones, fortalecido sus economías ilícitas y afianzado el control social en zonas que sirven como corredores de movilidad y retaguardia estratégica.
Para julio de 2025, la Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM) del Ministerio de Defensa evidenció que sólo en el primer semestre de ese año, los Grupos Armados Organizados (GAO) habían aumentado en 3.320 su número de integrantes, representando un crecimiento del 15%. Ello explica que el 2025 fuera particularmente violento: 78 masacres con 256 víctimas, 202 miembros de la Fuerza Pública asesinados (la cifra más alta desde 2015), 393 atentados terroristas con drones, 559 secuestros entre enero y octubre (98% más que en 2024).
Así, las interminables mesas de negociación o diálogo, los ceses bilaterales, y los decretos para liberar o congelar órdenes de captura de bandidos nombrados gestores de paz, terminaron convertidos en una ventaja estratégica en favor del ELN que consolidó un esquema criminal sólido, financiado por el narcotráfico y dirigido desde Cuba y Venezuela, desde donde han ordenado los 13 paros armados desde agosto de 2022 y coordinado el estrechamiento de sus relaciones con carteles de México y Venezuela.
Tras la captura de Nicolás Maduro y el aparente alineamiento de la dictadura con los términos del Gobierno Trump camino a la transición, el ELN, declarada una guerrilla binacional y defensora de la revolución bolivariana, enfrenta una realidad compleja, que amenaza la tranquilidad con la que su Comando Central (COCE) ha delinquido desde el vecino país. Organismos de inteligencia han advertido que, temiendo operaciones directas a sus enclaves en suelo venezolano, estas estructuras buscarán reposicionarse dentro del territorio colombiano, con lo cual se anticipa un recrudecimiento de sus enfrentamientos con otros grupos armados y la Fuerza Pública en departamentos de frontera como Norte de Santander y Arauca.
Como era de esperarse, al tiempo que buscan refugio en Colombia (vaya paradoja), el COCE recurre una vez más al ardid de los “diálogos de paz”, bajo el eufemismo de un “acuerdo nacional” y la reivindicación de su afinidad con el proyecto político de Petro.
En el más reciente comunicado, le apuesta a una jugada estratégica con la que pretende facilitar su reacomodamiento territorial al amparo de concesiones, como ceses al fuego y reconocimiento político, además de incidir en la campaña y la elección del próximo presidente. Al ELN no le interesa la pacificación del país; sino asegurar un sucesor de Petro que facilite sus actividades ilícitas y permita la consolidación del esquema de cogobierno; de ahí su expreso apoyo a la Constituyente, que representa un serio riesgo para la configuración y lo que queda de estabilidad institucional.
