Con la instalación del comité de Seguimiento y Garantías Electorales, esta semana se dio un paso más hacia la consulta popular que decidiría si los habitantes de varios municipios del oriente antioqueño apoyan o no la creación de un área metropolitana en esa parte del departamento.
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Inicialmente, la cita en las urnas estaba convocada para el 9 de noviembre del año pasado, pero un mes antes de eso quedó en stand by debido a que el Ministerio de Hacienda no había asignado los recursos; luego, en diciembre, se reavivó cuando el Tribunal Superior de Medellín le ordenó a la Nación y la Registraduría destrabar la consulta en un plazo no mayor a tres meses.
Posteriormente, en febrero pasado, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 2420 de 2026, mediante la cual levantó la suspensión del proceso y reanudó todas las actividades electorales. El presupuesto designado con este propósito es de 7.414 millones de pesos.
La nueva fecha para que los ciudadanos manifiesten si le dan vida al Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMVSN) será el 26 de julio próximo, y en total 370.911 personas están habilitadas para votar.
El acto de instalación del Comité de Seguimiento y Garantías para la consulta, que se realizó el lunes pasado en el municipio de La Unión, el delegado departamental de la Registraduría en Antioquia, Adolfo León Fernández, destacó la importancia de socializar esta reactivación en los comités de seguimiento electoral y entre la ciudadanía.
Al mismo tiempo, hizo un llamado respetuoso a las alcaldías, personerías y autoridades locales para retomar todas las acciones necesarias que garanticen el normal desarrollo de las justas que, en total, contarán con 50 puestos de votación urbanos y 35 rurales en los ocho municipios que, de ser aprobada la propuesta, conformarían el AMVSN: El Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja, La Unión, El Retiro, Rionegro, San Vicente y El Santuario. Serán los mismos que han estado habilitados para las votaciones de Congreso y que estarán también para las presidenciales, con el fin de aprovechar la capacidad logística instalada para esos eventos.
“Este proceso, de carácter constitucional, representa una oportunidad para que los habitantes del Valle de San Nicolás decidan sobre el futuro de su territorio y su modelo de integración regional”, dijo por su parte el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto.
El Comité de Seguimiento y Garantías está conformado por los secretarios de Gobierno y los alcaldes, así como los personeros y representantes de la Procuraduría a nivel regional. También lo constituyen representantes de las autoridades civiles y militares.
“Vamos a ir haciendo reuniones por cada municipio o de manera conjunta con varios de ellos, dependiendo de cómo se vaya dando el tema”, añadió Prieto, quien indicó que en los próximos días seguramente la Registraduría, igual que los municipios darían las líneas telefónicas, correos y cuentas en redes para que quien tenga alguna denuncia relacionadas con la consulta las presente.
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“Seguiremos informando, comunicando, socializando, haciendo la pedagogía y esperamos que este proceso se pueda llevar a feliz término, como está solicitado por los alcaldes del Valle de San Nicolás, por el gobernador del departamento, pero como también quiere la ciudadanía que está participando, tanto los que van a votar por el sí como los que van a votar por el no; de eso se trata, que la democracia decida”, puntualizó Prieto.
Argumentos en pro y en contra
La iniciativa de crear un área metropolitana en la subregión del Oriente antioqueño tiene ya más de cinco años. Implica que los municipios de esa subregión del departamento, especialmente los del área del Valle de San Nicolás, se asocien para articular proyectos y ordenar el territorio. Sin embargo, ha suscitado un fuerte debate entre quienes la defienden y quienes se oponen.
Dentro de los principales argumentos de quienes respaldan la necesidad de ella está la explosión demográfica que ha experimentado el Oriente en las últimas dos décadas, en donde la población pasó de 355.000 a 520.000 personas y se espera que supere el millón en la próxima década.
Aunado a esto, el suelo urbano también ha crecido ostensiblemente, pasando de 10 kilómetros cuadrados en 1995 a 40 kilómetros cuadrados en 2024.
Quienes se oponen aseguran que esta propicia la concentración del poder de decisión sobre el territorio en los municipios que registran hoy día un desarrollo mayor, como Rionegro, disminuyendo la capacidad de decisión de los municipios más alejados y de menor categoría.
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Hay mucho temor además a que decisiones clave, como el uso del suelo, desarrollo urbano e inversión ya no se tomen localmente, con lo cual los municiipos perderían autonomía y se profundizarían las brechas del desarrollo. La otra crítica es que existe la posibilidad de que aumente la burocracia, pues la nueva entidad implica más estructura administrativa.
Algunos le han apuntado más a la figura de provincia, que sería más incluyente para todos los municipios, no solo los del altiplano.
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