Cabe recordar que en este municipio del Norte de Antioquia ha sufrido históricamente de la presencia de estructuras como las Farc, hoy bajo el rótulo de las disidencias del Frente 36.
De acuerdo con versiones entregadas por la Policía Antioquia, se presume que serían precisamente las disidencias las que estarían impulsando esa oleada de desplazamiento, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo.
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“Es un constreñimiento del frente 36 de las Farc que estaría usando las confrontaciones para desplazar a las comunidades y que estas pidan la entrada del Ejército para que se enfrenten al Clan del Golfo”, planteó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia.
Según la información de la Fuerza Pública, la confrontación entre ambos grupos tendría como objetivo hacerse al control del Río Cauca y varios corredores estratégicos para el transporte de drogas ilegales y oro entre otras subregiones como el Bajo Cauca y Urabá.
De igual forma, la Defensoría expuso su preocupación por la situación en la vereda Los Trozos de Anorí, desde donde también salieron huyendo por lo menos 176 personas por confrontaciones entre ilegales.
“Rechazamos las acciones que ponen en riesgo a la población civil y violan el derecho internacional humanitario (DIH). Esta zona del departamento, históricamente ha sido disputada por grupos armados ilegales, debido a su ubicación estratégica, la presencia de economías ilícitas y sus corredores de movilidad hacia el Bajo Cauca y el nordeste del departamento”, expresó el ente.
Finalmente, la Defensoría también se mostró consternada por la situación de orden público en las veredas Doradas Altas y Tahamí de Tarazá, en el Bajo Cauca, en las que se denunció el confinamiento de 33 familias y el desplazamiento de 60.
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En este caso, la institución hizo un llamado al Ministerio del Interior, Prosperidad Social, la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio de la Igualdad para participar de un comité de trabajo en el que se le hace seguimiento al problema en esa zona.
“Su articulación es clave para fortalecer la respuesta institucional. Es importante que el Ministerio del Interior convoque de manera extraordinaria al Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con el propósito de articular medidas urgentes y acciones de protección para las comunidades afectadas por la presencia de artefactos explosivos”, pidió el órgano, al tiempo que instó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para intensificar las labores de desminado humanitario en la zona.