Los integrantes de la familia Madrigal no tuvieron tiempo de nada para evitar la tragedia que les quitó a 10 seres queridos el mismo día. A las 2:00 de la tarde del 5 de diciembre de 2010, más de 50.000 metros cúbicos de tierra cayeron sobre Calle Vieja, en el barrio La Gabriela de Bello. Dominó el caos vestido de dolor, angustia e incertidumbre de quienes perdieron todo, de los que lloraban a sus seres queridos fallecidos, de los que buscaban a otros que quedaron sepultados y no aparecían.
En el hogar de los Madrigal perdieron a Kevin Andrés, María Eugenia, Norberto de Jesús, Isabella, María Luz, Jaime Antonio, Dayana Valentina, Mateo, Jerleny Alexandra y Angely Andrea. Fueron 10 de las 80 personas que murieron ese día sepultadas por el desprendimiento de tierra que se originó desde la parte alta de la montaña que limita con la autopista Medellín-Bogotá.
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Entonces, la labor de los organismos de gestión del riesgo y las autoridades competentes en la zona para remover el material caído, para encontrar los cuerpos de todos los fallecidos y brindar la atención humanitaria a los afectados, estuvo seguida por voces que denunciaron que esa era una tragedia anunciada sobre la que no se actuó a tiempo y que todas esas muertes pudieron evitarse.
Los casos de las familias que perdieron a sus seres queridos empezaron a llegar a la justicia. Este pasado 21 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo de Antioquia dio a conocer una sentencia de segunda instancia que condena al municipio de Bello y a un particular a indemnizar a la familia Madrigal por las 10 víctimas de su hogar. Se trata de la confirmación de un fallo de primera instancia del Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, del 16 de agosto de 2022.
¿Por qué condenaron al Municipio de Bello?
Javier Villegas Posada, representante de la familia Madrigal y de los seres queridos de otras 50 víctimas, sostuvo que la de La Gabriela fue una tragedia que ocurrió precedida por advertencias de Corantioquia, la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y la Dirección de Prevención y Atención de Desastres (Dipad) de Bello, sobre el riesgo que corrían los habitantes del sector de Calle Vieja por la presencia de una escombrera ilegal en la zona.
Justamente, entre las consideraciones del Tribunal en la reciente sentencia se encuentra el hecho de que desde 2002 una residente del sector denunció y alertó ante el Municipio y la Fiscalía el peligro en el que estaban. Consta en el documento que el 12 de diciembre de 2003, la Secretaría de Bello respondió que era poco probable que un deslizamiento ocurriera en el barrio La Gabriela.
Sin embargo, Corantioquia y el Dipad advirtieron varias veces, entre 2005 y 2006, sobre las consecuencias de las actividades en el mencionado predio. Aunque en 2006, por cuenta de la presión de la comunidad y los requerimientos de la autoridad ambiental, el Municipio ordenó cerrar la escombrera, la Curaduría Segunda de Bello otorgó después un permiso para que en el predio funcionara un parqueadero y lavadero de vehículos pesados; esta actividad contribuyó en el deterioro del terreno, debido al constante movimiento de tierra y al derramamiento de agua, se lee en el fallo.
“El municipio fue aliado responsable por las gravísimas omisiones en las que incurrió, no previno de ninguna manera una tragedia anunciada como esta”, sostuvo Villegas Posada. La decisión en primera instancia fue apelada por los demandados, pero para la segunda instancia el Tribunal consideró que el Municipio no demostró que hubiera tomado acciones para advertir del peligro del deslizamiento a la comunidad ni que hubiera hecho gestiones para el desalojo de la zona.
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Con esta ya son cinco condenas en segunda instancia en contra del Municipio de Bello por la tragedia de La Gabriela en casos que lleva Villegas Posada, quien afirmó que no se ha hecho el pago de la indemnización a ninguna de las personas que él representa, lo cual califica como revictimización, pero también como un posible detrimento patrimonial al Municipio porque los intereses por mora aumentan el monto.
¿Qué responde la Alcaldía de Bello?
Según el apoderado, las cuentas de cobro por las cuatro condenas previas se presentaron el 23 de marzo, el 4 de julio y el 12 de julio de 2023, así como el 2 de abril de 2024. Pero a la fecha, ninguna se ha cancelado. Al respecto, desde la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bello explicaron que con la llegada de la actual administración se consolidó una base de datos con las providencias judiciales ejecutoriadas y con cuenta de cobro por este caso: “Con corte al 31 de diciembre de 2024 se recibieron seis cuentas de cobro derivadas de condenas judiciales”.
Sobre por qué no se han subsanado dichas cuentas, el Municipio aclaró que las sumas de las indemnizaciones son más altas que los recursos disponibles para el pago, por lo cual iniciaron un proceso de negociación con el abogado Villegas Posada, con quien no pudieron llegar a un acuerdo el año pasado, “pese a la insistencia por parte del ente territorial”.
Ante esta situación, el abogado sostuvo que estas negociaciones no pueden ser concedidas, porque han solicitado rebajas en los pagos, lo cual no es negociable, en aras de que las omisiones en el pago de las sentencias constituyen una revictimización a las familias y porque a las víctimas les asiste una reparación integral en estos casos, en la cual la indemnización ordenada en las sentencias es una de las medidas.
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Desde la Secretaría Jurídica indicaron que el 31 de diciembre pasado se ordenó el pago de una de las sentencias que era la única que lograron cubrir con el recurso disponible a la fecha, pero que en la presente vigencia el rubro dispuesto para el pago de sentencias se ha limitado, porque una sentencia judicial sobre una Acción Popular los obligó a atender el derecho al mínimo vital al agua potable de la comunidad de Granizal. “Estamos validando los valores que quedan disponibles para retomar el proceso de negociación para el pago de la sentencia en turno”, indicaron.
Para ello, agregaron, están haciendo las gestiones correspondientes que les permitan pagar las indemnizaciones según el derecho de turno de las víctimas. Además, la Alcaldía de Bello, mediante acuerdo municipal, creó el Fondo de Contingencias, para atender este tipo de situaciones.
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