A 85.000 hogares en Colombia, casi 229.000 personas, les preguntaron si en los últimos doce meses, por falta de uno u otros recursos, en algún momento ellos o alguna persona de su hogar se preocupó por no tener suficientes alimentos para comer, no pudo comer alimentos saludables o nutritivos, si consumió poca variedad de alimentos, tuvo que saltarse alguna comida, comió menos de lo que pensaba que debía comer, el hogar se quedó sin alimentos, tuvo hambre pero no comió o no comió en un día entero.
Esas preguntas conforman la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (conocida como FIES), una metodología empleada por la FAO que mide el acceso a alimentos en términos de cantidad y calidad, y que el Dane acaba de publicar con resultados, otra vez, desoladores.
Extrapolados los datos a la población nacional, el informe concluye que 14.438.000 personas en Colombia padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2024, 167.000 personas menos que en 2023, pero que ni siquiera alcanza a ser estadísticamente relevante. En cuanto a la inseguridad alimentaria grave las cifras son idénticas de un año a otro, 5,2% de prevalencia, es decir, 2,7 millones de personas. En síntesis, aunque hay avances leves desde 2022 en los resultados de algunos departamentos como La Guajira y también por grupos poblacionales, no hay todavía una gran transformación en la lucha contra el hambre en el país.
Segmentado por regiones, hay resultados decididamente adversos como los de Antioquia, la segunda economía más grande de Colombia, la región que le aporta el 15 % al PIB nacional. La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en Antioquia en 2023 era de 21,6 % y pasó en 2024 al 27,9%;y la grave, que estaba en 3,0% en 2023 subió a 4,7% en 2024. Esto se traduce en que en 2023 unas 211.000 personas sufrían inseguridad alimentaria grave y ahora la padecen 345.000 personas. Antioquia con todo su poderío económico, comparte el lote de los departamentos con la situación más crítica con regiones como Chocó, Vaupés y Guainía.
Surgen entonces los interrogantes sobre cuáles son las causas estructurales que siguen sin resolverse y qué está pasando con el programa contra el hambre proclamado por la gobernación de Andrés Julián Rendón.
En marzo de 2024, la Asamblea le aprobó la propuesta financiera al gobierno Rendón para destinar la mayoría del recaudo del impuesto vehicular en su promocionado proyecto para avanzar en la erradicación del hambre en Antioquia.
En esa discusión de hace un año en la Asamblea, Mónica Ospina, directora de Antioquia Cómo Vamos, señaló que el punto de partida para intentar invertir esos recursos eficientemente y tener avances significativos contra el hambre en este cuatrienio era aceptar la imposibilidad, en este mediano plazo, de llegar a las familias con inseguridad alimentaria leve y a la población de entre 18 y 59 años, y centrarse, mejor, en las poblaciones críticas.
Y las cifras que expuso fueron rotundas: sin contar a Medellín, Antioquia tenía hasta el año pasado 116.000 niños de 0 a 5 años con inseguridad alimentaria de moderada a severa, así como a 258.000 menores en edad escolar entre los 6 y 17 años y 158.000 adultos mayores en similares condiciones, mejor dicho, para atender parcialmente a esas 532.000 personas con programas que cubrieran entre el 40% y el 70% del aporte nutricional que necesitaban, según su edad y condición, era necesario invertir alrededor de $1,8 billones.
Es importante resaltar que, según dijo el entonces secretario de Hacienda, Eugenio Prieto, en los últimos ocho años los gobiernos departamentales habían invertido $188.000 millones para combatir el hambre, y la administración Rendón destinaría, solo en su primer año de gobierno, $324.000 millones para ese fin. ¿Qué pasó entonces en 2024 con esos recursos y esas metas?
Gobernación defiende avances
Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación, señala que en los resultados de la FIES se refleja no solo el panorama de 2024 sino el de 2023, antes de asumir este gobierno, y que un hecho puntual que tuvo incidencia en el aumento en la prevalencia de inseguridad alimentaria fue la falta de atención por parte del ICBF a 90.000 niños en primera infancia durante el primer trimestre de 2024.
Londoño asegura que al llegar el actual gobierno encontraron graves indicadores de desnutrición aguda, el eslabón final del flagelo del hambre y responsable de las muertes de niños, por lo cual la decisión fue centrar la estrategia en impactar directamente las cifras de muertes por desnutrición. En 2021 murieron 13 niños por desnutrición aguda, en 2022 fueron 16, en 2023 las muertes ascendieron a 17 y 2024 cerró con 14 muertes, por lo que dice Londoño que lograron revertir la tendencia, y que este año, con corte al 20 de mayo, el departamento presentaba un 75% menos muertes por hambre frente al mismo periodo de 2024. “El principal logro de la estrategia es que estamos salvando vidas”, enfatiza.
Lo que priorizaron en 2024, según explica, fue activar un plan de choque basado en paquetes alimentarios para 4.900 niños y niñas en riesgo crítico. Luego ampliaron la estrategia a acciones más integrales, como el programa Arrullos que hoy atienda a 12.000 personas entre gestantes, madres, niños y niñas con paquetes alimentarios, seguimiento nutricional, atención en salud, acompañamiento psicosocial y formación en crianza amorosa en 53 municipios, que para final del cuatrienio esperan que sean 40.000. Subraya la gerente que en el plan de choque y Arrullos se han invertido $40.000 millones y que en total en línea para combatir el hambre han destinado más de $400.000 millones, incluyendo la cobertura del PAE para 303.000 estudiantes, agregándole el nuevo PAE indígena; el reconocimiento de un salario mínimo para 5.000 mujeres manipuladoras de alimentos registradas en el PAE; y la renta vitalicia de $450.000 bimensual para 3.000 adultos mayores en pobreza extrema.
Londoño insiste en que el enfoque de la lucha contra el hambre del gobierno Rendón no es asistencialista sino integral y que seguirán priorizando las medidas para evitar las muertes por desnutrición.
Una ruralidad que come mal
Juan Zuluaga, coordinador territorial de la FAO, considera que sería injusto calificar como fracaso el programa contra el hambre de la Gobernación por los resultados de 2024 y que solo con los datos que se conozcan el otro año sobre el comportamiento en 2025 se sabrá si va bien encaminado o no.
Pero también recalca que hay elementos innegociables para garantizar que el programa sea eficiente. Lo primero, explica Zuluaga, es entender que el asistencialismo como enfoque para combatir el hambre es insostenible. En ese orden de ideas, estima que los paquetes alimentarios que entregue el departamento tienen que estar focalizados específicamente como salvavidas para ese 4,7% de la población que está bajo inseguridad alimentaria grave.
Un programa contra el hambre integral, expone Zuluaga, tiene que atender tres frentes: la disponibilidad, la calidad y el acceso. Y para eso tiene que entender el hambre desde las correlaciones con otras problemáticas sociales y atacar las causas estructurales. Si se tiene claro que en Antioquia no existe problemas de disponibilidad de alimentos, por qué entonces los otros dos elementos siguen causando hambre.
Por ejemplo, expone el directivo de la FAO, se pueden encontrar correlaciones entre la prevalencia de inseguridad alimentaria y la pobreza monetaria que en Antioquia agobia al 28% de la población. También con la altísima informalidad que en el departamento, fuera del Valle de Aburrá, supera el 68%.
Por esto, dice Zuluaga, es altamente probable que detrás de las respuestas afirmativas a las preguntas sobre si el hogar se quedó sin alimentos, si hubo hambre pero no comida o si pasaron sin comer un día entero estén las historias de las familias que viven del rebusque, de lo cual se concluye, apunta el coordinador de la FAO, que si los programas contra el hambre no llegan con empleabilidad es difícil confrontar las causas que impiden el acceso y la calidad.
Y hay datos que lo soportan. El Perfil alimentario y nutricional de los menores de 18 años en Antioquia 2023, adelantado por la Gobernación y la Escuela de Nutrición y Dietética de la U. de A. concluyó que la crisis social y económica y la consecuente desestabilización de precios de los productos que llegó después de pandemia redujo en los hogares la adquisición de carne en un 51,4%; de leche, en un 39,1%; de frutas, en un 38,3%; de productos lácteos, en un 37,8%; y de verduras, en un 34,1%.
Y más contraproducentes son las maromas empleadas por las familias para intentar sustituir esos alimentos fundamentales para una verdadera nutrición. Según el Perfil, que es el ejercicio más completo de su tipo en el país, el 48,4% de las familias en Antioquia recurren a los dulces y el 52,6% a la comida chatarra para alimentarse.
Esto no hace más que agravar la crisis del hambre, según explica la profesora Lorena Mancilla, jefa del Centro de Investigación en Alimentación y Nutrición de la Escuela de Nutrición y Dietética en la Universidad de Antioquia, pues la evidencia científica ha concluido ampliamente que el consumo de ultraprocesados hechos con altísimas concentraciones de componentes artificiales, aditivos, colorantes y azúcares originan el sobrepeso y la alteración de los perfiles lipídicos en edades cada vez más tempranas, es decir, existe riesgo de que desde muy niños se enfrenten a enfermedades cardiovasculares.
Esto detona, amplía la investigadora, la llamada triple carga nutricional: desnutrición (retraso en el crecimiento, bajo peso y talla, deficiente desarrollo cognitivo); sobrepeso, factor de riesgo para enfermedades crónicas; y la llamada hambre oculta, derivadas de deficiencias de macronutrientes, esto es cuando las personas consumen comida chatarra, una dieta poco variada o de baja calidad buscando acallar la sensación fisiológica de estómago vacío, pero por dentro el cuerpo está en proceso de deterioro por falta de las vitaminas y minerales necesarias.
Con tierra, con comida, pero con hambre
Que la ruralidad coma mal es injustificable, según expone Juan Zuluaga.
Pero en el caso concreto de Antioquia, la región que más exporta productos agrícolas, es un absoluto contrasentido, un disparate.
El Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario indica que Antioquia tiene 3,3 millones de hectáreas aptas para desarrollo agrícola y pecuario. Pero según la Unidad de Planificación Rural Agropecuario, solo se desarrolla adecuadamente en 500.000 hectáreas. El departamento que pregona autonomía es altamente dependiente para poner comida en la mesa de sus habitantes. El 74% los alimentos que se consumen en Antioquia provienen de otros departamentos y de países como China y Canadá: el arroz, el frijol, la lenteja, el maíz. El 26% restante recae en solo 32 de los 125 municipios.
Esto es crucial en el debate sobre el hambre y lejos de ser un asunto de regionalismo o chovinismo, responde a un aspecto meramente técnico. Según la FAO, a mayor centralización y complejidad en el sistema de producción y distribución, mayor vulnerabilidad de las familias para acceder a alimentos en cantidad y calidad. Y Colombia es el rey de los entuertos agrologísticos. En Antioquia, por ejemplo, las hortalizas que se cargan en las plazas del Oriente tardan un día para llegar a Medellín. La papa que llega al departamento atraviesa el país de sur a norte, y eso, lógicamente, encarece precios y reduce la variedad de alimentos disponibles para las familias.
Para la profesora Mancilla la concentración de la tierra en Antioquia tiene relación directa con esto. Según el Agustín Codazzi, el 85% de la tierra está en manos de un 14% de propietarios de latifundios, una realidad que de acuerdo con la investigadora va ligada al desmantelamiento de la producción campesina, familiar y comunitaria que es la que realmente garantiza variedad de alimentos en la mesa.
Zuluaga también advierte que el sesgo de la política nacional de desarrollo rural enfocada en la agroindustria ha debilitado al campesinado como gestor y consumidor de alimentos. Es un problema totalmente palpable. En Urabá, Bajo Cauca y Nordeste, explica el directivo de FAO, la ingesta de arroz está por encima del promedio nacional. Tener una dieta soportada en el arroz no es en sí inadecuado, explica. El problema es cuando se consume como sustituto de los alimentos vitales que dejan de estar disponibles por precio o por problemas logísticos, como el frijol o la lenteja. La OMS recomienda 400 gramos de frutas y hortalizas en la dieta diaria de un adulto, acá no se llega ni a los 120 gramos.
Revertir esta problemática es la premisa con la que el Gobierno Nacional defiende la creación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos –APPA–, que en Antioquia se están estructurando en el Suroeste. Según señaló la UPRA, es inviable que en un departamento que produjo el año pasado 607.000 toneladas de alimentos en 2024 tenga al 27,9% de su población bajo inseguridad alimentaria. Según señalaron, actualmente llevan más de 100 encuentros en Antioquia con alcaldías, gremios y productores para definir de manera consensuada los suelos agroproductivos que pueden priorizarse para producir comida y blindarlos de conflictos de usos y degradación.
Zuluaga señala que en el análisis que han hecho desde la FAO a las APPA es que, por ahora, se queda a mitad de camino si se reduce a la focalización de un territorio para ordenarlo productivamente y no define esquemas ni rutas de abastecimiento que se traduzcan en desarrollo económico en esas regiones priorizadas y en conectividad con los grandes centros de consumo.
Por ejemplo, ningún municipio del Suroeste figura entre el top-10 de los principales proveedores de alimentos que circulan en Antioquia, los que llegan a las centrales, supermercados, plazas, en fin. En esa lista sí figuran, por ejemplo, Estados Unidos y Bogotá.
El acceso a los mercados sigue siendo un cuello de botella para los pequeños productores campesinos. Solo el 10% de la producción agrícola familiar logra llegar de manera asociada a los centros de abasto, sin esta integración están destinados a que “se los coman vivos”.
De todo esto, lo irrebatible es que hoy, al igual que ayer y que mañana, 1,6 millones de personas en Antioquia se acostarán con hambre, ya sea un hambre dolorosa, lacerante, terminal; o una siilenciosa y corrosiva.
No existe tema más urgente ni más importante. Sin embargo, ante la abominación del hambre galopante hasta las palabras han terminado degradadas, como denunció Martín Caparrós. La frase: “millones de personas pasan hambre” ya ni siquiera suscita las reacciones mínimas que debería suscitar.
