Tras más de tres décadas ocupando diversos cargos en entes de control, incluyendo su reciente paso por la Defensoría del Pueblo en el departamento, Yucelly Rincón busca ahora un escaño en la Cámara de Representantes.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la exfuncionaria lanzó duras críticas contra la política de paz total del Gobierno Nacional, asegurando que esta estrategia ha empoderado a los grupos armados que hoy fungen como autoridad en los territorios. Además de cuestionar la falta de pie de fuerza y el abandono estatal, la candidata atizó la polémica al denunciar presuntos entramados de corrupción electoral, compra de votos y constreñimiento al elector en municipios como Itagüí y en las subregiones de Urabá y el Bajo Cauca.
Háblenos sobre su trayectoria y por qué decidió aspirar a la Cámara
“Soy mujer sin tachas judiciales por más de 30 años, siendo funcionaria pública desde todos los entes de control. El último fue la Defensoría del Pueblo durante cuatro años y medio, donde conocí las crisis más aterradoras del departamento de Antioquia. Mi profesión es ser abogada. Estuve en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo y hoy participo de estas contiendas electorales.”
En su paso por la Defensoría, ¿cómo vio que evolucionó la situación humanitaria y de orden público en Antioquia?
“La crisis humanitaria en Antioquia ha aumentado hasta un 300% en asesinatos, desplazamientos, confinamientos, acallamiento e invisibilidad de las comunidades. Eso ha aumentado precisamente por la falta de pie de fuerza en el territorio y por una ausencia total del Estado. Antioquia sigue en crisis humanitaria, pero lo peor es que se está normalizando y naturalizando el quitar la vida. ¿Qué hace un campesino de Antioquia con un zurriago en la mano cuando llegan grupos al margen de la ley a intimidarlo, a violar a sus hijas, a reclutar a los niños? Ahí no hay presencia del Estado. Los batallones no son suficientes; en el departamento hay un hombre por cada 5.000 habitantes, lo que no garantiza el pie de fuerza. Además, es una fuerza armada desmantelada, desmotivada, sin tecnología ni herramientas para poder asumir esa confrontación. En los consejos de seguridad no hay presencia de las comunidades. Desde el legislativo exigiré que las comunidades sean escuchadas, porque hoy son acalladas. El Estado, con esa pelea que tiene con el gobierno departamental, en nada le ayuda a los antioqueños. Nosotros hicimos un proyecto con más de 105 jornadas descentralizadas donde atendimos a más de 35.000 personas en zonas rurales que no saben leer y son iletradas.”
¿Coincide con la lectura de que el Gobierno Nacional le ha dado la espalda al departamento?
“En total acuerdo. El Gobierno Nacional le ha dado la espalda completamente a los antioqueños. El esfuerzo del gobernador por hacerse entender no es suficiente porque se está incurriendo en ataques personales, y eso en nada le conviene a los antioqueños. Por eso quiero ser una voz diferente, con argumentos y firmeza desde el capitolio.”
¿Qué lectura hace de la controversia con la política de Paz Total? Muchos sectores políticos leen que estas conversaciones han empoderado a los grupos armados...
“El tema de la paz total es una voluntariedad de las partes. Mientras no haya justicia, reparación y verdad, la Paz Total es un simple impulso y no vamos a lograr someter ni desmantelar a esos actores armados ilegales mientras sigan siendo la autoridad en el territorio. Porque ellos son la autoridad, ni siquiera la Fuerza Pública o los mandatarios. No se pueden hacer diálogos directos si no hay reparación a las víctimas y una presencia integral del Estado con una justicia que dé resultados.”
Usted ha estado en el sector público mucho tiempo, pero apenas en estas elecciones tomó la decisión de saltar a la política. ¿Por qué ahora?
“Como defensora del pueblo nunca me acallé, denuncié los actos más corruptos. Ahora quiero seguir defendiendo a los antioqueños. De corazón le digo: me ofrecieron muchos puestos, pero fueron los líderes, las lideresas y las comunidades quienes en ruego me pidieron levantar la voz por ellos.”
Usted ha denunciado riesgos electorales y juego sucio. ¿Cómo está ese panorama?
“Complejo, porque no se están dando resultados por parte de los entes de control para capturar a los corruptos. Cualquier investigador puede ir al territorio y darse cuenta, porque lo hacen en vías y lugares públicos. Con los desastres naturales, muchos políticos se han aprovechado de la necesidad de las personas para comprar y robar conciencias. Eso no es política pública, es politiquería.
Me parece absurdo que haya una ley de cuotas para que las mujeres ocupemos cargos al 30%. Las mujeres ya estamos listas para ocupar cargos importantes en este país. Pero me he sentido intimidada y discriminada. En un caso concreto, la administración de Itagüí me bajó una valla a pesar de que cumplimos con todas las exigencias legales. No me dieron la oportunidad de participar en una contienda limpia. Segundo, cuando fui a un establecimiento de comercio a hablar de mis propuestas en un parque a una cuadra de la Alcaldía, fui acallada por un funcionario de espacio público que, cuando le pregunté su nombre, huyó, pero luego lo vi acompañando marchas de políticos tradicionales de Itagüí.”
¿Ha tenido dificultades en otros municipios fuera del área metropolitana?
Claro. Saliendo de Urabá, la gente nos preguntaba cuánto les íbamos a dar. Les dije que no haría política sucia ni compraría conciencias. Aprovechan la necesidad para ofrecer hasta $250.000 por asistir a un evento. En el Oriente antioqueño, un funcionario me contó que los están extorsionando para conservar sus puestos, obligándolos a conseguirle más de 40 votos a políticos corruptos.”
¿Cuáles son esas propuestas que busca llevar al legislativo en el próximo periodo?
“Primero, recobrar los valores y principios de la humanidad, y la única manera es con seguridad humanitaria y orden público. Segundo, fortalecer la economía popular y solidaria. No podemos permitir atropellos contra una comunidad a la que, si bien favorecen con una subida de salario, luego la desfavorecen echándola de sus trabajos, incrementándole la canasta familiar o el costo de la seguridad social, lo que aumenta el trabajo informal. Mi segunda propuesta está enfocada en la salud mental. No hay una atención digna; propongo llevar profesionales en psicología gratuitamente a centros de salud y educativos, y exigir que los alcaldes fomenten comités de reacción inmediata. Tercero, fortalecer la seguridad. Si no hay confianza, no funciona. El Gobierno Nacional toma decisiones desde el escritorio. Yo no soy de escritorio, soy de terreno. Si no escuchamos a las comunidades, no hay seguridad. Fomentaré más las jornadas descentralizadas invitando a organismos internacionales, que son los que generan credibilidad en la comunidad, no un Estado parcializado.”
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