Luego de que el expresidente Álvaro Uribe solicitara públicamente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, detener una construcción en el sector de Las Palmas, la Gobernación aclaró que no tiene la potestad legal para hacerlo.
En respuesta a una consulta de EL COLOMBIANO, la Gobernación advirtió que el lote mencionado no pertenece al gobierno departamental y que su venta se realizó en administraciones anteriores. “Ese lote no es de la Gobernación. Se vendió en administraciones anteriores”, señaló la entidad.
La administración departamental enfatizó que no tiene facultades para suspender obras ni otorgar licencias de construcción, ya que esas funciones corresponden exclusivamente a las autoridades municipales.
Desde el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) se explicó que el predio en cuestión, ubicado en el Parque Manantiales, fue vendido hace más de una década y que la actual administración no tuvo participación en esa operación.
“El lote mencionado del Parque Manantiales no fue vendido por la actual administración departamental. Se hizo hace más de 10 años. Aunque quisiera hacerlo, no es competencia del gobernador Andrés Julián suspender la construcción mencionada o entregar licencias de construcción en estos predios. Lo anterior corresponde a los municipios, quienes determinan el uso del suelo —que lo da el POT—”, indicó la funcionaria.
Uribe había pedido al gobernador Rendón detener la obra
El expresidente Uribe había pedido al gobernador Rendón intervenir para detener la obra, argumentando su preocupación por el impacto ambiental en la zona de Las Palmas.
EL COLOMBIANO también había hablado con Planeación, que dijo que el proyecto cumple con las normas, pero advirtió estar revisando si no se están vendiendo viviendas no autorizadas.
¿De dónde salió la obra?
El proyecto inmobiliario que hoy es objeto de controversia aparece identificado como Cuantum, desarrollado por las empresas Entremontañas y Umbral Propiedad Raíz.
Situado en el Alto de las Palmas, el complejo no solo es atractivo por ubicarse en una de las zonas más valorizadas de Envigado, por su cercanía con Medellín y el aeropuerto José María Córdova, sino por ofrecer un espacio rodeado de naturaleza y especificaciones arquitectónicas de alta calidad. Por una distancia de pocos metros, el lugar es vecino de la Avenida Las Palmas, el Columbus School, el Mall Indiana, entre otros.
El historial del predio es clave para entender la controversia. Al estar ubicado en el escarpe oriental de Envigado, un punto de gran importancia hídrica y ambiental, en 1971 el lote fue incluido en una Zona Forestal Protectora de 118,25 kilómetros cuadrados. Dicha declaratoria quedó en firme a través de normas expedidas por el Ministerio de Agricultura y el desaparecido Inderena.
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A raíz de su ubicación estratégica, desde por lo menos la década de 1990 comenzó a pedalearse un plan para levantar allí un complejo que potenciara el Oriente antioqueño. En 1997, por ejemplo, se realizó un concurso arquitectónico para un Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones que nunca se concretó.
De dicho centro, la idea mutó a un parque tecnológico, presentado como un complejo institucional y empresarial para impulsar la creación de nuevas empresas, la inversión extranjera, la industria y el desarrollo científico.
Quantum responde
Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO consultó con los desarrolladores del edificio. Vía escrita, el representante legal de la empresa Entremontañas, Enrique Arango Heano, defendió la legalidad y la filosofía del proyecto.
“Todo el proceso de licenciamiento del proyecto se adelantó conforme a la normatividad vigente en el parque tecnológico, con las autorizaciones respectivas otorgadas por las autoridades competentes. Cuántum se desarrolla bajo las condiciones y usos permitidos en el predio según la clasificación del suelo y las disposiciones urbanísticas aplicables”, argumentó Arango al referirse a la licencia.
Frente a los cuestionamientos que se han formulado sobre la promoción de espacios con aspecto residencial Arango se defendió aduciendo que el concepto arquitectónico se enmarca en un “espacio flexible”, que no entraría en conflicto con los usos aprobados en el suelo.
“Los espacios que se promocionan dentro del proyecto corresponden a unidades destinadas al uso de oficina, en coherencia con la licencia expedida. Cualquier denominación comercial o conceptual busca resaltar la flexibilidad de los espacios, pero siempre dentro del marco legal y normativo vigente”, señaló.
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