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Gobernación de Antioquia rechazó señalamientos del superintendente, Daniel Quintero: “¿Por qué no investiga a las EPS intervenidas por el Gobierno?”

La Administración Departamental cuestionó el trámite realizado por la entidad de vigilancia y explicó el procedimiento de los 4.700 millones de pesos que, según Quintero, fueron malversados.

  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Sebastián Carvajal
    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Sebastián Carvajal
hace 6 horas
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Los resultados de una auditoría realizada por la Superintendencia de Salud contra la Gobernación de Antioquia suscitaron la controversia y el rechazo de las autoridades departamentales, quienes insisten en mecanismos desproporcionados, ligeros y carentes de rigurosidad por parte de la entidad y su jefe, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En el informe revelado por el superintendente este martes, dijo haber descubierto una supuesta malversación de 4.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones, que estaban destinados a acciones de salud pública en Antioquia.

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Se refiere a que los recursos habrían sido girados a cuentas de Empresas Sociales del Estado sin la existencia de contratos y por fuera de las cuentas oficiales.

Lo paradójico es que esos recursos, de acuerdo con fuentes consultadas en la Gobernación de Antioquia, siempre estuvieron en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), que hace las veces de banco de la Administración Seccional. Es decir, administra la plata que le giran a los municipios para la ejecución de proyectos.

En este sentido, la suma a la que se refirió Quintero estaba destinada para proyectos de salud mental en municipios y se iba entregando a medida que los programas se ejecutaban. Aseguran en la Gobernación que el IDEA ha sido garante del buen uso del dinero y se ha cerciorado de que su ejecución sea transparente.

Por otra parte, Quintero se refirió a dos hallazgos de presunto carácter penal relacionados con la atención en salud de población indígena. Denunció una presunta negligencia de la Gobernación de Antioquia frente a la muerte de una gestante indígena de 15 años y de una niña de la comunidad emberá chamí.

En el caso de la menor emberá chamí, el funcionario aseguró que transcurrieron 138 días antes de que las autoridades departamentales advirtieran su fallecimiento.

Al respecto, la secretaria de Salud departamental, Alma Joana Solano Sánchez, cuestionó que la Superintendencia señale a la Secretaría de Salud de Antioquia por la muerte de dos menores, sin responsabilizar a las EPS intervenidas donde se presentaron fallas. Afirmó que “defenderemos con soportes la transparencia en el manejo de recursos públicos y desvirtuaremos los supuestos hallazgos fiscales”.

“En ese caso, quiero hacer un llamado de atención especial, de cómo hoy se hace un señalamiento a la Secretaría de Salud de Antioquia y no se aplica ningún tipo de acción a las EPS a las cuales estaban afiliadas estas menores, que corresponden a Savia Salud y Coosalud, intervenidas en el momento de su fallecimiento, donde se presentaron fallas en la prestación de los servicios a estas pacientes”, agregó Solano Sánchez.

La Secretaría de Salud de Antioquia explicó que durante 2026 ha reportado más de 50 situaciones que habrían afectado la vida de pacientes afiliados a EPS intervenidas, sin recibir reportes ni indicios de auditorías por parte del organismo de control.

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Frente a los presuntos hallazgos fiscales, la Secretaría afirmó que presentará los soportes correspondientes para desvirtuarlos y demostrar que los recursos destinados a los hospitales públicos fueron manejados con transparencia.

“Recibimos también por parte del superintendente unos supuestos hallazgos fiscales relacionados con recursos que fueron trasladados a hospitales públicos del departamento para acciones de salud pública. Y, en ese sentido, yo quiero dar la tranquilidad a todos los antioqueños. Antioquia siempre ha trabajado con hospitales públicos, con recursos que se han manejado con total transparencia, y estamos listos para generar las respuestas correspondientes”, indicó.

La Gobernación manifestó que está dispuesta a responder a los requerimientos de la Supersalud y entregar la documentación necesaria para aclarar el manejo de los recursos públicos y las actuaciones relacionadas con los casos reportados.

“Queremos hacer énfasis inicialmente en que desde la Secretaría de Salud, solo en el año 2026, hemos reportado más de 50 situaciones que han afectado la vida de pacientes relacionados con EPS intervenidas, y no hemos recibido ni un solo reporte ni un indicio de auditoría por parte de la superintendencia”, puntualizó la secretaria de Salud.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hallazgos financieros reveló la Superintendencia de Salud y cómo respondió la Gobernación de Antioquia?
La Superintendencia acusó a la Gobernación de una presunta malversación de $4.700 millones del Sistema General de Participaciones destinados a salud pública, afirmando que fueron girados sin contrato. La Gobernación rechazó la acusación explicando que el dinero siempre ha estado resguardado en el IDEA (banco de la administración) para financiar proyectos de salud mental municipal a medida que se ejecutan, garantizando su transparencia.
¿Cuáles son los hallazgos con presunción penal sobre la atención a la población indígena?
El superintendente denunció una supuesta negligencia de la Gobernación en el fallecimiento de dos menores indígenas (una gestante de 15 años y una niña emberá chamí), señalando en el caso de la última un retraso de 138 días para advertir su muerte.
¿Qué cuestionamientos hizo la Secretaría de Salud de Antioquia sobre las responsabilidades y el actuar de la Supersalud?
La secretaria Alma Joana Solano cuestionó que se responsabilice a la Gobernación en lugar de actuar contra las EPS a las que estaban afiliadas las menores (Savia Salud y Coosalud, ambas intervenidas), donde ocurrieron las fallas de atención. Además, denunció que la Gobernación ha reportado en 2026 más de 50 casos que afectan a pacientes de EPS intervenidas sin que la Superintendencia haya realizado auditorías al respecto.

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