El hospital San Rafael, de Andes (Suroeste antioqueño) está ante un hecho insólito, pues tendría dos directores como consecuencia de una sucesión de acontecimientos con tinte novelesco.
Le puede interesar: Así vivió Colombia en 2025 la crisis de salud: hubo 35 tutelas por hora pidiendo atención
El punto de partida de todo fue la supuesta renuncia del último director del centro asistencial, Luis Fabián Otero, a través de un mensaje que él luego calificó de falso, pues el correo oficial de la institución a su cargo habría sido hackeado. El tema tiene al funcionario y la alcaldía local enfrentados en estrados judiciales.
Los hechos son como enseguida se cuentan, de acuerdo con el director del hospital San Rafael, Luis Fabián Otero López, y su abogado, Gustavo Arbeláez, y según consta en documentos oficiales relacionados con el tema.
Otero es egresado de la universidad Uniremington de Medellín y llegó a Andes a hacer su año de servicio social, en 2011. Allí permaneció durante cinco años más bajo contrato y habría sido pionero en el montaje de un servicio de atención domiciliaria de pacientes, pero además generó arraigo porque se casó y formó familia con otra médica que hoy día es pediatra.
En abril de 2024 lo nombraron subgerente científico y ahí estaba cuando renunció el director del hospital, Carlos Arroyave. Entonces, el alcalde, Germán Vélez, le propuso que fuera el reemplazo y él aceptó, tomando posesión el 28 de septiembre del mismo año. El plan era que el hospital pasara de primer a segundo nivel de atención.
“Antes de irse (el director) me dijo: “Luis, renuncio porque aquí no me dejan trabajar como se debe para recuperar el hospital de este riesgo financiero. No me voy a prestar para ciertas cosas. Creo que tú eres capaz. Te recomendé a ti”, cuenta Otero.
Y ahí estaba él el 9 de junio del año pasado cuando llegó al hospital San Rafael de Andes una comisión conformada por el personero, Juan Sebastián Restrepo; dos concejales de la cuerda de la alcaldía y el director de una oficina satélite de la administración municipal que dijo actuar como asesor jurídico.
Su propósito era notificarle que le habían aceptado la renuncia, lo cual, según el médico, resultó una gran sorpresa pues él no había dimitido.
Lo que había ocurrido, añadió, era que cuatro días antes alguien había hackeado el correo del hospital y en los escasos minutos que duró el pirata informático apoderado de la cuenta enviaron el mensaje a su nombre en el que expresaba que desistía de continuar ejerciendo sus funciones.
Además, le sugerimos leer: Crisis del sistema de salud: gremio médico exige propuestas a candidatos presidenciales
“La hora en la cual se envió esa renuncia coincide perfectamente con los 20 minutos de esa ventana. Eso sucedió a las diez de la mañana y a las 10:20 a. m. le llegó el correo electrónico al alcalde. Está el soporte técnico con las evidencias de un ingreso ilegal a la cuenta oficial de la gerencia”, resalta el abogado Arbeláez.
Así se lo explicó a los emisarios del alcalde y lo corroboró mediante una carta al encargado de sistemas del Municipio, pero la decisión de dejarlo por fuera de la entidad continuó en firme, por lo cual Otero instauró una acción de tutela, bajo el argumento de que estaba basada en una falsa motivación. De manera adicional, solicitó que mientras se producía un fallo de fondo, se suspendieran los efectos del acto administrativo. La juez primera municipal de Andes aceptó la medida cautelar, pero el alcalde apeló.
En noviembre del año pasado, el Juzgado Noveno Administrativo de Antioquia admitió la demanda de Otero pero no apoyó el reintegro temporal, de manera que el 25 del mismo mes se posesionó una nueva directora del hospital San Rafael.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló la suspensión del decreto 064 que le admitió la renuncia a Otero.
Para el abogado Arbeláez, la consecuencia lógica era que todo volviera a su estado previo, es decir que a su defendido le devolvieran el puesto para que lo ocupe hasta el 31 de marzo de 2028, cuando vence su periodo. Pero, según él, esto no se ha producido porque la Alcaldía aduce que en el fallo no aparece ese mandato de manera taxativa. La última jugada de la defensa del director “depuesto” fue una acción de desacato que interpuso el 18 de marzo pasado.
“El juzgado ya admitió el incidente y dio traslado al Municipio, cuyo término para pronunciarse venció el miércoles pasado (25 de marzo). Jurídicamente, este incidente busca una sanción pecuniaria para el funcionario, la orden de cumplimiento y tiene implicaciones disciplinarias y penales por fraude a resolución judicial”, explicó el abogado Arbeláez.
Regístrate al newsletter