Una inversión de 42.000 millones de pesos. Un lote de 9.500 metros cuadrados. Un hospital regional de segundo nivel proyectado para beneficiar a seis municipios del Oriente antioqueño. Todo quedó congelado esta semana luego de que el Juzgado Promiscuo Municipal de La Ceja ordenara la suspensión inmediata de las obras, aplicando el principio de precaución ambiental ante el riesgo inminente de destruir un humedal que la comunidad escolar vecina al lote defiende como su “aula viva”.
Con esta decisión se abre un nuevo capítulo de lo que ha parecido una batalla jurídica y social entre el futuro de la salud de la subregión y la conservación del medio ambiente del municipio. El juzgado local decretó medidas cautelares en favor de una acción popular interpuesta por líderes ambientales, ciudadanos y la comunidad educativa de la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño (Iebul), colegio vecino al proyecto. El fallo ordena frenar de inmediato cualquier intervención de maquinaria y obras de cimentación en el lote contiguo al colegio, hasta que se determine con certeza científica el impacto ecológico en la zona.
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El macroproyecto, impulsado por la Alcaldía de La Ceja con el respaldo de la Gobernación de Antioquia, contempla una moderna infraestructura hospitalaria para atender especialidades como ortopedia, cirugía, obstetricia y salud mental, en un lote de 9.500 metros subdividido de uno de más de 30.000 del colegio contiguo. El nuevo hospital beneficiaría también a localidades vecinas como Abejorral, Sonsón, La Unión, Nariño y Argelia. Sin embargo, el inicio de las obras desató la resistencia civil de los estudiantes.
¿Salud contra ambiente?
El corazón del conflicto radica en la naturaleza del terreno. Para los alumnos, docentes y colectivos ecológicos, el predio es un humedal urbano con presencia permanente de agua, fauna silvestre y flora nativa, que además mitiga inundaciones. Desde hace años, los jóvenes lo adoptaron como un laboratorio pedagógico al aire libre.
La tensión estalló el pasado 16 de marzo, cuando el ingreso de la maquinaria pesada provocó movimientos de tierra que, según los denunciantes, comenzaron a secar y alterar el flujo hídrico. Ese día, decenas de estudiantes salieron a las calles bajo una consigna clara: “Hospital sí, pero no en el humedal”.
Los ciudadanos opositores al proyecto afirman que no están en contra de un hospital nuevo, sino de las formas en las que se plantea hacer “anunciar su construcción sin diálogo con la ciudadanía, sin estudios técnicos conocidos, sin diálogo con los actores sociales y ambientales no es la forma correcta de tomar decisiones públicas” afirman.
Por su parte, la Alcaldía de La Ceja defiende la legalidad de la obra sosteniendo que el lote es un bien público desde 1967 que se encontraba abandonado y era un foco de inseguridad y consumo de drogas. La administración se ampara en un informe técnico de 14 páginas emitido por la autoridad ambiental Cornare, el cual concluyó que el lote no es un humedal oficial y que las acumulaciones de agua se deben a las lluvias intensas y a la falta de mantenimiento del terreno.
Un mes para el veredicto técnico
A pesar del concepto previo de Cornare, el juez determinó que ante la duda y el riesgo de un daño ambiental irreversible, se debe priorizar la protección del ecosistema. Por ello, dio un plazo estricto de un mes a Cornare para realizar un estudio hidrogeológico definitivo y profundo que esclarezca la verdad sobre el suelo.
Además de la parálisis de la obra, el proceso ha estado marcado por un clima de alta polarización e intimidaciones denunciadas por los defensores del ecosistema. El concejal Kevin Jiménez, uno de los impulsores de la acción popular, manifestó el alivio de la comunidad tras el fallo judicial: “Después de tratarnos de guerrilleros y vándalos por defender el agua, hoy podemos decir que el juzgado nos dio la razón provisional y abrió las puertas para que la comunidad se sume oficialmente a respaldar esta acción popular”, afirmó el corporado.
Mientras la autoridad ambiental corre contra el reloj para entregar el estudio técnico, el futuro de la salud de la región y la conservación de su biodiversidad urbana quedan en un tenso suspenso judicial.
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