Vigía del Fuerte tuvo que esperar más de 50 años para conectarse al sistema de energía, pero en menos de tres años pasó del optimismo y el júbilo a las tinieblas. Pese a que en una histórica inversión, la Gobernación apartó de su apretado presupuesto $24.270 millones para que ese municipio del Urabá tuviera su propia subestación de energía con todas las condiciones técnicas, la costosa infraestructura se quedó inutilizada y sin dolientes.
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La insólita situación fue revelada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló que gracias a un proyecto conjunto con la Gobernación de Chocó y su empresa de distribuidora de energía se espera no solo recuperar esa infraestructura, sino conectar al servicio a más habitantes de esa zona limítrofe.
Del júbilo a las tinieblas
Durante más de medio siglo, Vigía del Fuerte cargó el injusto rótulo de ser uno de los últimos municipios en Antioquia en no estar conectado a la red eléctrica. En un artículo que abordaba el mismo problema, publicado por este diario en julio de 2001, se reseñaba cómo los niños de ese municipio eran los únicos del departamento en no tener acceso a la programación infantil, simplemente por el hecho de que la electricidad solo llegaba en un horario restringido.
Desde aquel año, las autoridades locales explicaban que sólo podía encenderse la electricidad entre las 6:00 y las 10:30 de la noche, un poco más los fines de semana, por cuenta de las limitaciones de una planta que funcionaba a combustible.
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A pesar de su reducido horario, precisamente por cuenta de esta tecnología los habitantes y las autoridades señalaban que el servicio era inviable, dado que con un gasto diario calculado entonces en por lo menos 60 galones de ACPM, los clientes de la empresa de energía local, Emevif, no tenían cómo pagar siquiera por esas cuatro horas de servicio. A esos altos costos y el casi nulo recaudo, se sumaba que muchos habitantes debían conectarse ilegalmente a la red local para acceder a esas cuatro horas de servicio y que 6 comunidades indígenas y 25 negras tampoco tenían acceso a la electricidad.
Pese a que durante décadas el problema generó discusión y un reclamo reiterado por el abandono estatal que esto significaba para este municipio, en junio de 2019 se firmó un acta de compromiso en la que la Gobernación le hizo la entrega simbólica de $25.000 millones a Vigía del Fuerte y a Murindó para el inicio de las obras.
Dicho anuncio fue visto como una deuda histórica que por fin se saldaba, representando un robusto esfuerzo fiscal tanto para la Gobernación como para los municipios. Y es que pese a que la Gobernación se comprometió a poner el 95% de los recursos, el 5% restante fue aportado por las arcas de Vigía del Fuerte y de Murindó, dos municipios clasificados en la sexta categoría presupuestal y con muy reducidos márgenes.
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“Vamos a saldar una deuda histórica. Serán más de 3.000 habitantes que se beneficiarán con los 160 kilómetros de red que se van a extender y llevaremos desarrollo a unas comunidades que han sido muy golpeadas por la violencia y por la indiferencia estatal”, expresó en ese momento el gerente de Servicios Públicos de Antioquia, James Gallego Álzate.
Si bien en ese año se hizo la instalación simbólica de un primer poste, habría que esperar por lo menos otros dos años para que la subestación eléctrica entrara en funcionamiento. Primero, en diciembre de 2019, la administración departamental señaló que los diseños habían tenido que ser modificados por contemplar redes muy pesadas y distancias muy cortas entre torre y torre, factores que debían corregirse para hacer más duradera la obra.
Ese mes también se señaló que por cuenta de los embates del invierno se habían dado retrasos y que los tiempos para obtener permiso por parte de las autoridades ambientales también se habían extendido.
Aunque poco antes del cambio de gobierno se dijo que la obra estaría lista en abril de 2020, el proyecto tampoco logró cumplir esa meta y se retrasó aún más con el advenimiento de la pandemia. Tras el cambio de gobierno, las administraciones entrantes señalaron además que el proyecto necesitaba $1.000 millones adicionales, que terminaron siendo cubiertos por Vigía del Fuerte y Murindó.
Finalmente, hubo que esperar hasta diciembre de 2021 para que hiciera el encendido oficial de la subestación eléctrica, que entonces se calculó beneficiaría a cerca de 10.100 habitantes de la cabecera municipal de Vigía del Fuerte (un 65% restante que habitaba la zona rural seguiría dependiendo de las plantas a combustible al no poder conectarse a la red central).
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A pesar del júbilo que implicó aquel hito, el 31 de agosto de 2023 un fuerte vendaval ocasionó daños en la red y volvió a dejar al pueblo a oscuras. Dicha emergencia dio origen entonces al chicharrón que recibieron los nuevos gobiernos locales que se posesionaron en 2024.
Una red inutilizada.
Calificando el problema como una de las cosas “increíbles” que pasan en el país, el gobernador Rendón señaló que a pesar de los casi $30.000 millones que se terminaron invirtiendo en la subestación eléctrica, esa estructura quedó en el limbo porque cuando se encendió su cuidado se quedó sin doliente. “No definieron algo muy básico en las redes eléctricas y la distribución de la energía que se llama la administración, operación y mantenimiento. En una zona selvática el primer arbusto que se cayó dañó la conectividad. Eso hay que mantenerlo”, señaló.
Rendón añadió que en medio de ese proceso, el Departamento tocó las puertas de EPM para que ayudara a operar y administrar esa subestación, sin encontrar ayuda en la compañía. “Le pedimos a EPM que hiciera eso, no lo quisieron hacer y fuimos a la distribuidora de energía de Chocó, nos sentamos con la gobernadora, miramos los temas, y allá sí nos dieron la posibilidad de hacerlo”, agregó.
Para conocer las razones de su negativa a operar esa subestación, EL COLOMBIANO envió un requerimiento de prensa EPM desde el pasado 27 de marzo, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
Por su parte, la Gobernación de Chocó precisó que el acuerdo en cuestión se trata de un convenio marco celebrado entre ambos departamentos y la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (Dispac), en el que esta se comprometió a asumir el mantenimiento correctivo de la infraestructura eléctrica ubicada en la zona limítrofe entre esos departamentos, incluyendo a Murindó y Vigía del Fuerte.
“La Gobernación de Antioquia podrá aportar hasta $3.000 millones, mientras que la Gobernación del Chocó aportará hasta $500 millones, para un total estimado de hasta $3.500 millones, destinados a financiar dichas acciones”, precisó Chocó
A largo plazo, el correcto funcionamiento de la subestación de Vigía del Fuerte permitirá que Bojayá también pueda conectarse al sistema eléctrico, en este caso por cuenta de otro proyecto que costará $12.000 millones que serán aportados por el Gobierno Nacional para construir una línea de 5,3 kilómetros entre ambos municipios.
