“Como equipo legal, reiteramos nuestro compromiso con la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia. Nuestro representado acudirá con respeto y disposición a todas las instancias judiciales a las que sea convocado, en estricto acatamiento de la institucionalidad”, señaló en el comunicado la defensa de Rangel.
Esta decisión del juez fue apelada por la fiscal del caso, quien pretendía que Rangel enfrentara su proceso desde un centro de reclusión.
Por el caso de presunta corrupción por el que se le investiga, el pasado domingo, y tras la captura de Rangel, se entregó a las autoridades Cristian Mena, extesorero municipal.
¿Quién es Héctor Rangel?
Rangel, hay que recordar, fue el ganador de las elecciones regionales del 2023 con el 50% de los votos (28.092) en su municipio, pero fue destituido en enero de este año por incurrir en doble militancia, pues aunque aspiró al cargo por el Partido Liberal, hizo campaña por el movimiento Indenpendientes, del exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial, Daniel Quintero.
El pasado 6 de abril, en este municipio de Urabá se celebraron unas nuevas elecciones, en las cuales, en un hecho inédito, Rangel volvió a participar (a pesar de que fue precisamente por su destitución que se tuvieron que hacer nuevas elecciones) y sacó otra vez la mayoría de los votos (47,78%), que finalmente no fueron validados por la Comisión Escrutadora Departamental, que dio como ganador al actual alcalde Adolfo David Romero, que obtuvo el 40,83% del total de los votos.
Denuncias de corrupción contra Héctor Rangel
Aunque la Fiscalía no ha informado sobre los pormenores de este proceso, se sabe que Rangel fue señalado hace meses porque, al parecer, durante su corto periodo como Alcalde, se habían hecho transferencias de miles de millones de pesos de las arcas del municipio a cuentas bancarias personales de algunos funcionarios de la alcaldía sin que hubiera soporte o justificación para ello.
Tras recibir una denuncia por parte del gobierno entrante –que desde abril pasado asumió el poder luego de unas agitadas elecciones atípicas–, la Contraloría General de Antioquia alertó no encontrar soportes de una cuantiosa serie de transferencias bancarias efectuadas a particulares desde las cuentas del municipio por más de $3.500 millones.
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Según precisó la Contraloría en su informe, dicha denuncia de la administración de Romero se radicó el pasado 3 de junio y en la misma el gobierno local aseguró haber detectado un total de 49 transferencias bancarias por $3.554 millones desde varias cuentas del municipio y dirigidas a particulares, en una ventana de tiempo que va desde mayo de 2024 a marzo de 2025.
Con base en esa alerta, la Contraloría de Antioquia inició entonces una actuación especial de fiscalización, cuyos resultados quedaron plasmados en un informe publicado el pasado 19 de junio y en el que ese ente resaltó la gravedad de la situación.
“Se verificó que dichos pagos no cuentan con registros en el sistema de contabilidad oficial, ni con soportes contractuales, actos administrativos, ni comprobantes de egreso válidos que los justifiquen”, señaló la Contraloría en su informe, advirtiendo además que en sus pesquisas había detectado graves falencias en el control contable realizado al interior de la Alcaldía de Apartadó, tanto en su Secretaría de Hacienda como en su Tesorería.
Junto a una actuación que calificó como “dolosa” por parte de los funcionarios públicos que habrían efectuado los pagos, el ente insistió no encontrar “mecanismos eficaces de control interno para la verificación del gasto” en ese municipio.
Bajo esa óptica, la contraloría señaló entonces que la situación podría configurarse un presunto detrimento patrimonial de $3.554 millones y que incluso podría haberse configurado el delito de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
“Se configura un posible hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por un monto de $3.554.740.000, correspondiente a recursos públicos comprometidos sin soporte contractual, sin registro contable y sin justificación legal”, señaló la contraloría en su informe.
Para acabar de ajustar, el gobierno entrante señaló también haber encontrado indicios que varios funcionarios técnicos de la misma alcaldía habrían elaborado comunicaciones internas alertando de más inconsistencias, como pagos a cuentas bancarias que no aparecían relacionadas con los contratos, pagos dobles e inconsistencias entre las fechas de las consignaciones y el registro de los egresos.
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