Para los mineros informales, perder una draga o una máquina amarilla es casi como a quien se le cae un billete de cinco mil pesos del bolsillo: duele, pero no tarda en reponerse. La actual bonanza del oro, con precios que superan los 4.000 dólares por onza, ha vuelto el negocio tan rentable que la inversión se recupera con una facilidad asombrosa: en menos de una semana pueden volver a poner en marcha sus equipos y, si estos son destruidos, en menos de dos semanas logran cubrir nuevamente el costo de la maquinaria perdida.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que actualmente, cuando la Policía Nacional incauta 30 dragas —cada una puede costar un millón de dólares—, propina una millonaria afectación a estas estructuras. “Sin embargo, a los cinco u ocho días vuelven a funcionar en estos territorios”, explicó el jefe de cartera.
De acuerdo con el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la situación es aún más crítica, puesto que las estructuras criminales que respaldan la explotación ilegal del oro en las corrientes de los ríos Nechí y Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño, hacen millonarias inversiones para recuperar en poco tiempo las dragas y los dragones quemados en los procedimientos de la Policía y el Ejército.
Pablo Barrios, líder del observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, comentó que “se pueden quemar todas las dragas y los dragones y a los días la gente ya está montando otro. Su costo para construirlos se puede calcular entre $1.200 millones y $1.500 millones y esto en dos semanas ya está librado”.
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Esto se debe a que, según los cálculos de este Instituto, una de estas maquinarias puede estar extrayendo entre una y tres libras de oro diariamente, lo que le podría estar generando ingresos diarios, máximos, de hasta 12.000 dólares ($45.380.160) al día.
No hay regulación
Los millonarios ingresos que recibe un minero irregular en esta región de Antioquia y la facilidad para poder conseguir estas maquinaras van de la mano con el poco control para adquirirlas, puesto que la ley no restringe su adquisición.
“No hay un seguimiento estricto a la oferta de maquinaria y la presencia estatal es limitada. Incluso existen carteles de maquinaria e insumos”, explicó el docente de Materiales y Minerales, Óscar Jaime Restrepo.
Las libertades y la capacidad económica que les da la explotación ilegal, además de que no tributan la explotación de este mineral, les permite comprar la maquinaria, haciendo estéril el esfuerzo que realizan las autoridades contra este fenómeno, no solo en el Bajo Cauca, sino en todo el departamento, cada vez más afectado por este fenómeno.
Cabe destacar que las autoridades locales y nacionales dejan de percibir $480.000 millones de regalías por cuenta de la explotación ilegal de estos minerales.
Pese a esta realidad, la Policía Antioquia no cesa en sus esfuerzos por contrarrestar la labor de las estructuras criminales contra la minería ilegal, puesto que este año se han destruido 154 dragas.
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Adicionalmente, se han incautado 392 motobombas y 793 motores, al igual que 87 retroexcavadoras, sumado a las 632 minas ilegales intervenidas en el departamento.
“Nosotros lo que estamos haciendo es una disrupción al daño ambiental que se está generando con esta minería ilegal, puesto que se utilizan algunos elementos muy nocivos, como el mercurio”, afirmó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico.
Tráfico de mercurio
A toda esta problemática se le suma el tráfico de mercurio que se viene presentando por parte de los mineros, que lo consiguen a través de redes que se encargan de importarlo y distribuirlos en las zonas de explotación del mineral.
“El mercado del mercurio entra por Brasil, Perú y Ecuador, aunque este es producido en México. El problema que facilita el movimiento de estas mafias tiene que ver con que no hay políticas claras para su control”, explicó Barrios.
De hecho, aseguró que mucho del mercurio que llega a estos territorios pasa por Medellín sin ningún control, facilitando su comercialización. Solo un porcentaje mínimo es comercializado legalmente y en su mayoría es usado por laboratorios odontológicos.
Aunque las medidas para controlar su tráfico son muy flexibles, en los operativos también se han incautado 68 kilos de este químico que se encuentran en manos de los mineros irregulares, a quienes también les han quitado 16 kilos de oro en operativos.
Sin embargo, tal como lo aseguran tanto desde el Ministerio de Defensa como los expertos, todas las luchas contra esta explotación se están quedando cortas ante la riqueza que les está generando el oro.
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