Ocho columnas de humo de más 30 metros se levantan a lo lejos en una llanura que en poco tiempo estará arrasada entre Zaragoza y Nechí; abajo, la tierra está apuñalada y apelmazada, llena de agujeros, solo hay cráteres repletos de lodo y piscinas de agua con azufre y cianuro; cerca de esa devastación silenciosa hay 400.000 personas encerradas en sus pueblos, vías bloqueadas, comercios con las rejas abajo y hospitales sin medicinas. El Bajo Cauca antioqueño es una paradoja, debajo está repleto de oro, encima, reinan la pobreza, el abandono estatal y un caos que cada tanto lo vuelve a encerrar en la misma crisis. Es un pueblo atrapado y condenado por su propia riqueza.
Es mediodía en el municipio de El Bagre y en uno de los parques, junto al malecón del río Nechí, una decena de palomas baja en picada desde los árboles a escarbar en el piso cualquier migaja que haya quedado, llevan siete días sin que nadie se haya acercado a echarles al menos un puñado de arroz. “No hay comida para la gente, menos les van a dar a ellas”, dice un hombre delgado, de unos 58 años, para explicar la hambruna y el desespero de la gente como consecuencia del paro minero, que el viernes pasado ajustó nueve días, hasta que la paciencia se agotó y el Gobierno Nacional ordenó a la fuerza pública desbloquear las vías. Esa noche hubo hostigamientos en Cáceres y Tarazá, seis heridos, disparos de fusil y quemas esporádicas para recordar que el único que vive a sus anchas en estas tierras es el miedo.
Los cierres de negocios, restaurantes, estaciones de gasolina, colegios y hasta de alcaldías, como la de Caucasia, generaron otra crisis humanitaria en la subregión más pobre de Antioquia. El 28,5% de sus habitantes es pobre, la tasa más alta del departamento, según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia, con datos tan dicientes como un empleo informal del 68%, un 65% de personas que tiene bajos logros educativos y un 43% que no tiene ni siquiera inodoros conectados al alcantarillado.
El calor es de más o menos 32 grados en el malecón del Nechí. “Acá estamos secuestrados, es la realidad”, dice uno de los presentes para referirse al cierre “obligado” del comercio, un hecho innegable así los líderes del paro digan que los comerciantes cerraron para apoyarlos. Uno de los peores impactos es la no llegada de camiones para abastecer las plazas y negocios. Después de nueve días de confinamiento, la escasez era notable. Y la carestía se sentía en los estómagos y en los bolsillos.
“Un plátano no baja de $2.000, todo subió el doble y nosotros somos gente pobre”, dice uno de los bagreños que se acaba de unir a la conversación. En la plaza de mercado de Caucasia los testimonios de los vendedores y los compradores evidenciaban la situación: “como no están dejando entrar sino un camión en las mañanas, los productos son escasos, no hay papa ni yuca y todo se encareció, un mazo de cilantro, que valía $5.000 o $7.000, está en $20.000; un bulto de cebolla, que se conseguía en $40.000, ya está en $100.000, a uno le da hasta pena decir el precio”, dijo una comerciante.
El problema minero
El oro en estas tierras ha brotado desde que hay registros. Después de Popayán y Mariquita, los primeros centros de explotación intensiva de oro que se desarrollaron en Colombia en el siglo XVI estaban ubicados en Cáceres, Remedios y Segovia. Como anticipando la paradoja que encierra esta región, el religioso Joaquín de Finestrad decía en un manuscrito de 1849 que Antioquia, “que toda está lastrada de oro, es la más pobre y miserable de todas las provincias, en proporción de la riqueza que en sí contiene y del mayor valor que puede ofrecerle al erario”.
Siglos después, todavía la extracción minera predomina en este rincón del departamento. Se estima que el 91% de la producción de minerales metálicos en Antioquia se concentra en el Bajo Cauca y el Nordeste, convirtiendo esta zona en caldo de cultivo de todos los conflictos que padece Colombia a la vez: el de la distribución de la tierra y sus despojados; el armado, con grupos y guerras que se reciclan todo el tiempo; y el ambiental, con una devastación que arrasó 60.000 hectáreas, secando ríos y humedales.
La última ola del auge minero se dio en las últimas dos décadas, especialmente por el precio del oro, que hace muy atractivo el negocio. “En estas tierras se producía arroz y maíz a gran escala. Llegaban barcos desde Barranquilla por el Cauca y entraban por el Nechí a Zaragoza y El Bagre, y por el mismo Cauca a Caucasia, Tarazá y Cáceres. Traían y se llevaban mercancía, había intercambio de productos. También se producía y comerciaba ganado”, cuenta un líder que prefiere hablar desde el anonimato.
La explotación minera a gran escala empezó en los años 40 con la llegada de una multinacional llamada Cornalisa Gold, luego con Mineros de Antioquia y actualmente con Mineros Aluvial. “Estas compañías llegaron con sus dragas y detrás de ellas, los mineros pequeños, porque el Estado declaró esta parte de Antioquia como zona de reserva forestal y aurífera en 1959, pero no hizo nada para sostenerla y entonces empezaron a llegar personas de otras regiones que buscaban tierras para asentarse, cultivar y extraer oro”, expuso el líder regional.
A inicios de este siglo, con el dominio del paramilitarismo, cuando allí mandaba el Bloque Mineros de las AUC, comandado por Ramiro Vanoy Murillo, ‘Cuco Vanoy’, la minería era un renglón secundario, imperaba más la economía de la coca y los cultivos ilícitos. “Pero cuando esa gente se fue y se desmovilizaron, empezó la ola de la minería fuerte, que se favoreció por el precio del oro, que es muy alto y fácil de extraer”, opina otro líder.
En 2019, el precio internacional del oro llegó a los 1.730 dólares por onza. Entonces, a las miles de personas que ya se dedicaban a la minería de subsistencia en ríos y cauces, se unieron cientos de máquinas pesadas que se propagaron por todo el país, especialmente en el Bajo Cauca que tiene una particularidad que lo diferencia de otras zonas mineras de Colombia, porque su minería no es subterránea o de socavón, es aluvial, es decir, la extracción de arenas y gravillas que se hace a cielo abierto en ríos y playas hasta encontrar las codiciadas pepitas doradas.
Nadie tiene muy claro cuándo, pero hace unos 8, quizás 10 años, empezaron a aparecer un montón de dragones, unas casas flotantes traídas por los brasileños del Amazonas y luego reproducidas a imagen y semejanza por la ‘ingeniería’ local, que cambiaron dramáticamente el curso de esta historia.
Estas barcazas, de 30 metros de largo y hasta ocho de alto, que hoy pueden valer entre $700 y $1.500 millones, son poderosas bombas de dragado que operan más de 20 horas diarias tragándose los ríos en busca de esas pepitas de oro entre millones de terrones. Después vomitan el pantano y las retroexcavadoras escoltan el proceso triturando las montañas. Se estima que cada una puede mover 30 millones de metros cúbicos al año, lo que equivale a todo el material que pueden cargar 2 millones de volquetas doble troque.
Tres o cuatro días de trabajo de uno de estos dragones puede dejar entre $30 y $40 millones. Por eso la minería dio un vuelco cultural a la región. Ya nadie quiere sembrar porque con sacar un gramo de oro en un día una persona se gana hasta $300.000, y cultivando maíz o arroz nunca va a lograr esa rentabilidad, explica un bagreño que siente que en la región, si no se cambia la vocación minera, padecerán de hambrunas muy pronto. En especial porque los ríos de la zona —el Cauca, el Nechí, El Bagre y Tigüí— están sedimentados y contagiados con mercurio.
La pesca es la actividad que más ha sufrido los impactos negativos de la minería. Varios estudios han demostrado la presencia de mercurio en especies del Bajo Cauca, como el bagre rayado, la cachama, el bocachico y la mojarra: “A través de una reacción química que realizan bacterias sulfato reductoras, el mercurio es transformado en metilmercurio, sustancia altamente peligrosa que se adhiere a los peces y luego es consumida por la población tras la pesca de las especies contaminadas”, explicó una investigación del Tecnológico de Antioquia.
Lo curioso es que el mercurio está prohibido en el país desde 2018, pero la realidad es que se sigue usando en la minería ilegal, como si no existiera restricción. Hace solo dos meses, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta para que se retome el control del uso de este elemento que, según sus cifras, está causando deterioros como la deforestación de 10.504 hectáreas de tierra en el Bajo Cauca, además de contaminación de las fuentes.
El paro de esta semana, según los mineros, fue por la reanudación de los operativos para quemar la maquinaria y los dragones, medida acogida por la normativa nacional después de una circular de la Comunidad Andina de Naciones de 2012 que aconsejaba esta acción para proteger el medioambiente.
Los mineros tradicionales se quejan de que el Gobierno los metió en la misma bolsa de los ilegales y que está criminalizando todo el eslabón de la cadena. Con razón, señalan que están desde siempre en el territorio y que los criminales llegaron después con el auge minero. “Vinieron mafias que controlan explosivos, insumos y distribución. Ahora todo es delito y si un minero produce más de 35 gramos al mes ya no es minero de subsistencia, y necesita un título y licencia que cuestan millones, estar legalizado vale demasiado. Nos condenaron a volver a la batea. Somos víctimas de los grupos ilegales y ahora de los operativos de la fuerza pública”, dicen, mencionando que durante 45 años las grandes mineras pasaron con maquinaria pesada sacando el oro y que ellos, más de 37.000 barequeros, llegaron a repelar la olla como buscando cucayo en la arrocera.
Saúl Bedoya, uno de los líderes del paro en Caucasia, afirmó ser consciente de que el derecho a la protesta no puede aplastar otros derechos, pero se mantuvo firme en que sin la minería, el Bajo Cauca y toda Colombia se vendrían a la ruina. “Acá el 90% del pueblo trabaja la minería, otra parte en los cultivos de coca y unos más se meten a los grupos armados. No hay más trabajo”, expresó otro vocero.
El problema es que la ecuación termina desbalanceada porque detrás de la extracción están poderes criminales como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc.
Devastación por doquier
Las grandes columnas de humo y los cráteres que empozan lodos y aguas contaminadas con mercurio y cianuro son la foto que muestra con crudeza la devastación que deja la minería criminal junto con los dragones brasileños. La extracción ilegal de minerales terminó dañando el curso de los ríos Porce y Nechí, destruyendo más de 60.000 hectáreas y acabando unos 200.000 árboles.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, contó que la devastación es enorme con colinas aplanadas, destrucción del ecosistema y, lo más grave, contaminación de los ríos con mercurio, lo que genera una afectación que llega hasta La Mojana, donde hay mayor proporción de personas con labio leporino y problemas renales. “La tierra está contaminada. El mercurio termina en los ríos y en los caños de La Mojana. El impacto de lo que pasa en el Bajo Cauca es nacional”, dijo.
Y es que aunque Antioquia estaba bajando la tasa de deforestación entre 2017 y 2021, desde 2022 la tendencia es alarmante, con un nuevo incremento de hectáreas arrasadas. El departamento ha perdido en los últimos 20 años más de 500.000 hectáreas de bosque, poco más de cuatro veces el tamaño del área metropolitana del Valle de Aburrá. El 50% de la deforestación se sitúa en los municipios de Remedios, Segovia, El Bagre, Zaragoza y Yondó.
Según la Secretaría de Medio Ambiente, entre 2000 y 2019 la ganadería no sostenible fue la responsable del 77% de la deforestación del departamento, con más de 131.800 hectáreas de bosque degradado. A esta se suman las actividades extractivas forestales, responsables de 16,7% de la deforestación, y después siguen la agricultura (5,5%) y la extracción ilícita de minerales con un 0,29% de representación.
Desde 2019 viene un repunte de territorios degradados por la minería. En 2022, Corantioquia identificó que más de 3.700 hectáreas de bosque fueron deforestadas a causa de la extracción ilícita, siendo hoy el departamento con la mayor cantidad de núcleos de alta deforestación en Colombia. Justo en 2022 se generaron 296 alertas por destrucción de bosques en Antioquia, el 34% concentradas en el Nordeste y en el Bajo Cauca. Sin embargo, en la última semana de febrero de 2023, es decir, en solo ocho días, se generaron 137.
El gobernador Aníbal Gaviria dijo esta semana que estamos viviendo la destrucción ambiental más grande de la historia de Antioquia y confirmó que en el último año hay un incremento no solo de la deforestación, sino de la destrucción de ríos y cauces por la minería ilegal.
El Pacto por los Bosques de Antioquia identificó que las subregiones o municipios donde se observa mayor deforestación coincide con una débil gobernanza y poca gobernabilidad, además de índices altos de pobreza en zonas cercanas a los bosques, poca presencia estatal y aislamiento, aspectos que hacen vulnerables a estos territorios y que incentivan la deforestación.
El gobernador Gaviria reconoció que “este es un problema que no está siendo controlado y no creo que se pueda decir que se les salió de las manos a las alcaldías o la Gobernación, se salió de las manos de la institucionalidad en su conjunto. Es un problema no resuelto en el Bajo Cauca, en el Nordeste y en buena parte del país”.
La lucha por recuperar tierras
Según cifras reveladas por la Gobernación de Antioquia, de las 6.200.000 hectáreas que tiene el departamento, hay 1.800.000 que presentan algún grado de deforestación, 250.000 de las cuales tienen estado crítico. La Reforestadora Industrial de Antioquia —RIA— dio la alerta porque en el Bajo Cauca, la minería ilegal está asociada a este fenómeno: “un alto porcentaje de deforestación se da porque los mismos actores de la minería ilegal son los que talan el bosque para sembrar coca y manejar el comercio ilegal de madera”.
Para contrarrestar esta acción y recuperar tierras degradadas, RIA plantó 10.000 hectáreas en 80 fincas privadas, con la esperanza de comercializar 5.000 hectáreas este año. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional también ha puesto su grano de arena para tratar de frenar esta hecatombe con la siembra de 2.000.000 de árboles de acacia mangium, especie que se adapta a condiciones difíciles de los suelos y produce abundante materia prima y néctar floral y extrafloral que sirve de alimento a las abejas, las reinas de la polinización en el planeta.
¿Pero qué hacer con la extracción ilegal? Los mineros en su protesta, en uno de los puntos de negociación, proponen la creación de un distrito minero, que incluye la caracterización exprés de los pequeños mineros y la georreferenciación de un territorio para el ejercicio de su actividad. Quien intente explotar oro por fuera de esos límites sería sancionado con la norma que permite a las autoridades el decomiso y la quema de la maquinaria amarilla.
Esa propuesta la secundan el gobernador Gaviria y la ministra Muhamad. Esta dice que no pueden seguir con la estrategia del gato y el ratón, sino que tiene que conformarse el distrito para todos los mineros, sumado a programas sociales en una región abandonada por el Estado hace muchos años. Mencionó la posibilidad de trabajar con organizaciones comunitarias en la restauración ecológica, aplicando una técnica de minería restaurativa que recompone el territorio mientras saca los últimos miligramos de oro que quedan después de 20 años de raspar la tierra.
Lucas Velásquez Restrepo, asesor en temas jurídico mineros y ambientales, propuso un pacto social que permita integrar los eslabones de la cadena minera y llevarlos a procesos de formalización que cuiden el medioambiente, permitan prácticas laborales y de seguridad industrial y un beneficio económico a través del pago de regalías y tasas impositivas.
Mientras tanto, los líderes regionales apoyan estas propuestas que se leen muy bien en el papel, pero piden que el Estado sea más proactivo y llegue con desarrollo e infraestructura que incentive el desarrollo. En el Bajo Cauca existe la Red Pública Pluriétnica por la Defensa del Territorio y los Derechos Humanos, compuesta por 50 organizaciones y consejos comunitarios que desde 2014 trabaja en varios frentes por la defensa del territorio, con un importante foco en lo ambiental. Esta red llamó la atención sobre la crisis humanitaria que padecen cientos de familias ribereñas a raíz de la contaminación de las aguas y los peces y pidió ser incluida en los diálogos y acuerdos que se logren en la mesa del paro.
Ya es tiempo de que el Bajo Cauca antioqueño deje de ser una paradoja, un pueblo atrapado y condenado por su propia riqueza, donde lo único que brille no sea el oro entre las bocas de los grandes dragones que lo están carcomiendo.
