El cantante vallenato Nelson Velásquez se pronunció este martes a través de un comunicado para expresar que “actuó de buena fe” en su presentación musical en la cárcel de Itagüí, misma en la que participaron varios voceros de bandas criminales del Valle de Aburrá, quienes hacen parte de una mesa de paz con la Casa de Nariño.
En su documento expresó que su “participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo. La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”.
“Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad. No tuve conocimiento previo ni participación alguna en hechos distintos a mi ejercicio profesional como artista”, añadió.
El intérprete de Mejor no somos nada enfatizó en que su trabajo se limitó a “la ejecución de una presentación musical, sin intervención en la organización, logística o autorización del evento”.
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Además, aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes tras el anuncio de una investigación que la Fiscalía General de la Nación adelantaría en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
“Reitero mi respeto por las instituciones y por la administración de justicia, y manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, concluyó en el documento.
Estas declaraciones se producen en paralelo con la decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro de trasladar “a los de la fiestica” a un centro penitenciario en Bogotá. “Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, expresó en el último Consejo de Ministros.
Y es que las denuncias de dos concejales de Medellín, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, revelaron que aquella “parranda” tuvo un valor cercano a los $500 millones, cuyo motivo fue la celebración del inminente regreso a la libertad de uno de los voceros de las bandas, Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”).
“Él está solicitando la libertad por cumplimiento de pena de las tres quintas partes que le impusieron de 18 años por un homicidio. Esto, a razón de una reforma con la que es posible que alguien pida redención de condena por tres días de trabajo por dos de pena, y en ese orden de ideas, ‘Lindolfo’ alega que la presencia que ha hecho en la mesa de los diálogos sociojurídicos se le debe conmutar como trabajo”, dijo Carrasquilla, quien en el pasado fue directora de Fiscalías de Crimen Organizado.
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