Once campesinos de Jericó, incluido uno de 85 años, fueron imputados este martes por los presuntos delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales, dentro de hechos que se han presentado en la confrontación de los lugareños contra el proyecto de explotación minera Quebradona por parte de la multinacional AngloGold Ashanti. No obstante, quedó pendiente la decisión acerca de si se dicta contra ellos una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, mientras termina el proceso.
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La diligencia había comenzado el pasado 23 de abril en este municipio del suroeste antioqueño, con la lectura de la imputación por parte de una fiscal delegada ante los jueces de Circuito, y este martes continuó a partir de las nueve de la mañana, en una jornada en la cual el juez de circuito de Jericó terminó avalando el procedimiento hacia el mediodía, con lo que se da apertura formal a la etapa de juicio.
Otra cosa que se debía decidir era la petición de que las once personas fueran afectadas por la detención domiciliaria, como lo solicitó la fiscal considerando que en su concepto había elementos suficientes para demostrar la comisión de los cargos señalados; sin embargo, y aunque la funcionaria se gastó toda la tarde en la argumentación, casi a las 5:00 p.m. el juez decidió suspender la audiencia dejando en vilo esa determinación, ya que no se había culminado con la exposición ni habían intervenido todavía los abogados de la defensa. La nueva cita será el próximo 26 de mayo.
Esta solicitud fue apoyada igualmente por el delegado de la Procuraduría General de la Nación.
Entre los imputados por secuestro simple y hurto calificado está Porfirio Garcés, un lugareño de 85 años. Además, Mauricio Londoño (45). Rubiel Arango (45), José Gabriel Suárez ((50), José Luis Bermúdez (61) y Argiro Tobón (60).
También están Gustavo Arboleda (62), William Gaviria (61), Rodolfo Tobón (44) y Juan Carlos Salinas (45). Luis Albeiro Cardona deberá responder por esos mismos dos presuntos delitos, pero además por lesiones personales.
La AngloGold tiene desde entre manos desde hace varios años una explotación de cobre, oro y plata; sin embargo, se ha topado con la oposición férrea de sectores ambientalistas que defienden que con ese proyecto se pondría en riesgo el agua y la vocación agrícola de su territorio.
Mientras voceros de ese movimiento han defendido el carácter pacífico del mismo, la AngloGold Ashanti ha hecho varias denuncias públicas acerca de presuntos daños a su propiedad y bloqueo de sus actividades.
A finales de abril pasado, cuando la zona vivía un plantón que culminó el domingo pasado para convertirse en una asamblea permanente, la AngloGold hizo la demanda penal, pero aclaró que no eran por estos últimos hechos sino -como se dijo también en la audiencia de imputación- por acciones sucedidas varios años atrás.
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Concretamente, se mencionaron nueve incidentes de los años 2022 y 2023, entre estos las protestas de finales de noviembre de 2023, cuando un grupo nutrido de personas habría irrumpido -de manera violenta, según la empresa- en un predio de la vereda Vallecitos, en el corregimiento Parocabildo, donde empleados de la AngloGold realizaban el montaje de una estructura para la construcción de plataformas de explotación minera.
Alrededor del apoyo a los campesinos se ha suscitado un movimiento en redes sociales y de parte de organizaciones ambientalistas. La representación legal de estos la están haciendo abogados de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación, dos ONG de Derechos Humanos que tienen sede en Medellín.
