Un grave atentado contra la biodiversidad del departamento ocurrió hace unos días, pero pasó casi de agache ante la opinión pública. En un video que circuló en redes sociales se ve cómo un grupo de motociclistas practicantes de enduro violentan la barrera de acceso a la reserva natural San Sebastián La Castellana, en El Retiro. Según la denuncia que recibió EL COLOMBIANO, la barrera había sido instalada, precisamente, ante el continuo arrasamiento por parte de practicantes de deportes extremos de decenas de hectáreas en los que han talado árboles y abierto trochas en un rápido deterioro de los suelos.
Es un hecho del que se debería estar hablando porque se trata de uno de los últimos relictos de bosque nativo que conecta a los valles de Aburrá y San Nicolás, un corredor biológico con el que cientos de especies garantizan su existencia y el equilibrio ecosistémico: tigrillos lanudos, zorros perros, pumas concolor, ardillas, tayras, nutrias, monos y cientos de especies de aves. Para hacer un símil, es como si una autopista 4G fuera arrasada progresivamente ante la mirada de todo el mundo provocando una nefasta desconexión que causaría un efecto en cadena: colapso de la cadena logística, pobreza en las comunidades de influencia, quiebra de empresas...
Y lo de los motociclistas no fue un hecho aislado. Según David Echeverri, jefe de Bosques y Biodiversidad de Cornare, situaciones como estas se volvieron frecuentes en varias zonas del departamento donde hay bosques nativos: en el cañón del río Melcocho; en San Carlos, en Las Playas y las Camelias; en el Distrito de Manejo Integral de Guatapé, entre otros. Incluso en las cavernas de Río Claro, una zona con características excepcionales en el país, motociclistas han profanado el paisaje kárstico alterando las paredes de las cuevas y se han atrevido hasta a ingresar las motos a un santuario espeleológico como este.
Las consecuencias son demoledoras. En una área como la reserva San Sebastián, la alteración de estas motos y actividades similares convierte la vida silvestre en un infierno. El ruido que provocan, explica Echeverri, desorienta a especies de mamíferos y aves, alteran sus ciclos biológicos enfermándolos o los desorientan a tal punto de que buscando alejarse de lo que consideran un peligro, por el ruido ajeno a sus hábitat, terminan saliendo a las carreteras donde en medio de su confusión son atropellados.
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La erosión de suelos es otra consecuencia. Es un área tan frágil que incluso recorrerla a pie en temporada de lluvias los degrada rápidamente. Ni qué decir entonces del impacto de decenas de motos que pueden llegar hasta los 500 centímetros cúbicos destruyendo todo a su paso.
El panorama que plantea el biólogo de Cornare sobre los controles y capacidad de mantener a salvo la reserva por parte de las autoridades es frustrante. Según dice, estas actividades clandestinas escapan muchas veces de la vigilancia de la policía, que no tiene cómo cubrir en tiempo real las casi 200 hectáreas que conforman esta área de reserva. Lo que queda, entonces, recalca Echeverri, es la sanción social y la pedagogía como caminos. Por ejemplo, darle el relieve y gravedad al hecho de que un grupo se ponga de acuerdo para llegar en motos cuyo valor en el mercado puede superar hasta los $50 millones a un santuario ecológico para destruirlo.
El alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, reiteró que si bien la reserva tiene una apertura mínima para ecoturismo de bajo impacto con algunas caminatas guiadas al mes, su carácter principal es netamente de conservación, por su importancia como bosque de niebla en la coexistencia de cientos de especies de flora y fauna y también por su relevancia en el ciclo del agua de toda la región Andina que incluyen la formación de ríos, el aporta a las cuencas, la precipitación, captación, retención y liberación. En este caso, bosques de niebla como el de esta reserva, actúan como esponjas, las 79 especies de plantas; los robles y yolombós, los helechos y líquenes, se unen para retener la humedad y son, además, una mezcla entre contenedores de agua para distribuirla en los ríos y quebradas y como barreras para retener agua, absorberla y evitar riesgos como inundaciones y deslizamientos.
Según le señaló Corantioquia a EL COLOMBIANO, en jurisdicción del Valle de Aburrá otras tres reservas se han visto impactadas gravemente por actividades turísticas nocivas y no reguladas: la Reserva La Romera, en Sabaneta, afectada por ciclomontañismo y caminatas sin control; el Cerro Quitasol, en Bello, donde se ha presentado presión por senderismo y actividades no autorizadas como la construcción de viviendas; y en la vereda Piedras Blancas, en el corregimiento de Santa Elena, donde la autoridad ambiental tiene evidencias de prácticas de motocross y expansión informal de rutas.
Lo que explica Corantioquia es que el turismo extremo difiere del turismo de naturaleza, pues este último sí es permitido dentro de áreas protegidas bajo condiciones de manejo sostenible, pero actividades como el motocross, el cuatrimotorismo, el downhill o descenso en bicicleta, y las caminatas fuera de senderos autorizados han causado en el Valle de Aburrá, según lo han documentado, pérdida de vegetación superficial; compactación y erosión del suelo; aumento en la escorrentía y disminución en la capacidad de infiltración del terreno; alteración de hábitats y perturbación de especies de fauna, especialmente en ciclos de reproducción.
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En esto tienen amplia responsabilidad actualmente agencias y operadores turísticos que ofrecen este tipo de actividades abiertamente, tal como se puede ver en internet y redes sociales. Una actividad en la que buscan particularmente atraer turistas extranjeros, con paquetes que promedian los $350.000, 70 euros y 80 dólares. El problema evidencia la falta de coordinación entre autoridades ambientales y gobiernos locales, que en este caso tendría que involucrar, mínimamente, una estrecha vigilancia a estos negocios ofertados en internet; así como la necesidad de mayores recursos y estrategias de gobernanza en estas áreas de reserva.
Atentar contra estas áreas sensibles, como queda claro, es atentar contra el bienestar colectivo de cientos de miles de personas.
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