La planta de producción de medicamentos esenciales de la Universidad de Antioquia —la única de carácter público y universitario en Colombia con certificación del Invima— comenzó ayer martes 12 de mayo la fabricación de un lote de 1.200.000 tabletas de cloroquina, medicamento esencial para el tratamiento de la malaria.
El fármaco será distribuido a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que actuará como canal de compra para garantizar su llegada tanto a las regiones afectadas de Colombia como a otros países de Latinoamérica. La primera entrega se espera en un mes y medio.
“Este es el resultado de confiar en los 30 años de experiencia de una planta de producción de medicamentos pública y en los más de 220 años de historia de una universidad con una sólida vocación investigativa”, dijo Wber Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, la más antigua del país. También destacó que es la primera vez que una planta pública universitaria recibe un registro sanitario para un medicamento esencial, poniendo el interés público por encima del comercial.
La urgencia no es menor. Para abril de 2026, Antioquia ya registraba 4.200 casos de malaria, cifra que genera alarma entre infectólogos del país.
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El fallo que abre la puerta al VIH
El logro se da el mismo mes en que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina avaló la decisión del gobierno colombiano de declarar una licencia obligatoria sobre el Dolutegravir Triconjugado, el retroviral de primera línea para el tratamiento del VIH. Esta figura jurídica, que somete una patente a uso gubernamental por razones de interés público, le permite a la UdeA iniciar también la producción de ese medicamento, cuyo precio podría reducirse en más del 90%.
“Lo que ocurre con este fallo es que evidencia que cuando hay que privilegiar la salud pública, hay herramientas para hacerlo y hay que tomar las decisiones, así a veces se vuelvan impopulares”, señaló Ríos Ortiz. La universidad lleva aproximadamente 18 meses desarrollando el Dolutegravir y espera tener el producto con registro sanitario a finales de 2026.
La necesidad es crítica: según Cuentas de Alto Costo, 185.954 personas en Colombia han sido diagnosticadas con VIH. Durante 2024, el Ministerio de Salud reportó un promedio de 55 diagnósticos diarios. Sin embargo, solo el 80,7% recibe terapia antirretroviral —el único tratamiento disponible—, lo que significa que más de 36.000 personas diagnosticadas no acceden al medicamento.
La licencia obligatoria existe desde hace 26 años por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, adoptada hace 26 años, y permite que un país la aplique cuando hay una justificación de salud pública demostrada. Colombia la usó por primera vez en su historia en 2023, motivada en parte por el incremento de diagnósticos de VIH entre migrantes venezolanos en situación irregular y sin acceso a tratamiento: entre 2018 y 2022, los diagnósticos de VIH en personas procedentes del exterior pasaron de 410 a 907 casos en los años de mayor flujo migratorio.
“Esto no le quita al titular de la patente que lo siga fabricando; lo que pasa es que le entra un competidor, y eso deriva en menor costo y mayor acceso” explicó el decano.
Enfermedades olvidadas
Más allá de la cloroquina y el Dolutegravir, la UdeA desarrolla un portafolio de medicamentos para enfermedades que muchos dan por erradicadas pero que siguen cobrando vidas en poblaciones vulnerables. Sara Restrepo Pineda, ingeniera biológica e investigadora principal del proyecto, explica que el portafolio incluye niclosamida para la teniasis, praziquantel para parasitosis graves que afectan pulmones e hígado y benznidazol para la enfermedad de Chagas.
“Nuestra motivación es llevar soluciones reales a quienes no tienen acceso. La enfermedad de Chagas está muy asociada con condiciones socioeconómicas desfavorables”, afirma Restrepo. El Chagas, causado por el contacto con las heces de chinches infectadas, afecta a 436.000 personas en Colombia y hay más de 12 millones en riesgo de contagio. El Benznidazol ya tiene registro sanitario y la UdeA avanza en los acuerdos con la OPS para su distribución. Le siguen en la fila el Praziquantel —con registro aprobado— y la Primaquina, que combinada con la cloroquina completa el tratamiento contra la malaria.
También trabajan en una línea de producción de antídotos y medicamentos vitales que hoy no están disponibles en el país.
Ciencia que también forma
El proyecto no solo produce medicamentos: también transforma la formación de los futuros farmacéuticos del país. Juan Pablo Manzanigas llegó como practicante al proyecto del Dolutegravir, se graduó y fue vinculado como joven investigador. Lleva más de un año participando en el desarrollo de varios de los medicamentos del portafolio.
“Lo que estamos haciendo es parte de la historia. Esto no se ha visto antes”, cuenta. Su momento más memorable fue la ejecución de los lotes piloto: “Fueron dos semanas intensas dentro de la planta, ya poniendo en ejecución lo que fueron meses de ensayos, de pruebas, de errores. Ver esa realidad fue algo inolvidable que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir”.
Para el decano Ríos, ese es uno de los valores añadidos que pocas veces se mencionan: los estudiantes de la UdeA se formarán en una planta real, no en un ambiente piloto, lo que eleva directamente la calidad del talento humano que egresa al sector farmacéutico del país.
La nueva planta y el horizonte
Este proyecto se fortalecerá con la construcción de una nueva planta pública a gran escala en El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño. Con una inversión de $423.000 millones —$350.000 millones aportados por la Nación y el resto por la Universidad—, la instalación contará con líneas para líquidos, sólidos e inyectables, capacidad para producir hasta 1.000 medicamentos distintos y, eventualmente, incursionar en vacunas y biotecnológicos. Se espera que esté operativa en seis o siete años.
El modelo es casi inédito en el mundo. En Latinoamérica, el único similar es el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. “Nos han estado buscando diferentes países de la región no solo para mirarlo, sino para aprender y poder cocrearlo conjuntamente”, señaló Ríos Ortiz.
Sin embargo, el decano advierte que Colombia sigue siendo totalmente dependiente de medicamentos importados. “Estamos mostrando una hoja de ruta, estamos mostrando que se puede, pero eso no se va a lograr de un día para otro”, reconoce.
Para él, el camino hacia la soberanía farmacéutica requiere políticas claras, recursos constantes y que el sector farmacéutico sea declarado estratégico para el país. “La esperanza de un país está en las universidades”, concluyó, “hay que aprovechar las capacidades científicas de esta y otras universidades para el desarrollo social. La capacidad está; lo que falta es financiamiento con enfoque en impacto social”.
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