La Procuraduría General de la Nación instó al Gobierno nacional a que genere un debate amplio que facilite el logro de consensos y soluciones conjuntas y que además le aporte una mayor legitimidad al proyecto de resolución para declarar como de reserva de recursos naturales una amplia zona en el suroeste antioqueño que abarca porciones territoriales de seis municipios.
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La iniciativa implica la destinación de un área de 37.365,57 hectáreas constituidas por bosques y fuentes de agua, en las cuales se prohibiría la actividad minera, entre los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada.
La vigencia de la declaración como zona protegida sería de dos años, durante los cuales se deben realizar estudios técnicos para tomar decisiones sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la conservación de los recursos ambientales con la minería.
El efecto es que, mientras tanto, las autoridades mineras y ambientales competentes, amparadas en el principio de precaución, no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación ni otro tipo de contratos sujetos a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales.
Tan pronto como se conoció el proyecto, hubo fuertes reacciones a favor por parte de ambientalistas del Suroeste, y en contra por parte de quienes consideran que se violentarían derechos adquiridos de los poseedores de títulos que ya se han otorgado para la actividad extractiva, además de afectar la economía de la subregión.
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible había abierto una consulta pública vía internet para conocer el concepto de actores interesados y de los ciudadanos del común hasta el pasado 7 de marzo y en ese contexto es que la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de la Procuraduría presentó sus observaciones al respecto y que ahora plantea su llamado a que se dé un diálogo ciudadano.
Además, el organismo de control resaltó la importancia de respetar las situaciones jurídicas consolidadas y recordó que el Consejo de Estado ha declarado nulos los contratos mineros suscritos después de la declaración de zonas excluibles de minería, mientras que ha protegido aquellos firmados con anterioridad.
Si bien en su momento la ministra del Ambiente, Susana Muhamad, explicó que “las actividades que cuenten con título minero, instrumento técnico minero e instrumento ambiental vigentes no se verán afectadas” ni tampoco las actividades agrícolas o de otra índole económica, la Procuraduría resaltó que la Agencia Nacional de Minería ha identificado la zona en mención como estratégica para la transición energética debido a la presencia de minerales como cobre y ello podría generar un conflicto entre la política de protección ambiental y los intereses mineros del Gobierno.
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