Una nueva denuncia publicada por La FM involucra a la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y una licitación en la que la entidad habría entregado 18 mil millones de pesos a empresas que, presuntamente, presentaron certificaciones bancarias “falsas”.
La investigación revela que el contrato tendría como objeto la adquisición de maquinaria pesada para el mejoramiento de vías en municipios. “Tibu y Sardinata en el departamento de Norte de Santander; Roberto Payán y Tumaco en el departamento de Nariño; y Villa Garzón en el departamento de Putumayo”, y terminó en una carrera contra el reloj para entregar $18.000 millones de pesos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
Es por ello que en noviembre de 2025, Findeter abrió una convocatoria pública con recursos del Fondo Paz - que está manejado por la Presidencia de la República- inicialmente por $15.215 millones.
El proceso, sin embargo, estuvo viciado desde el inicio. En la primera etapa, los proponentes no presentaron documentos básicos de constitución, lo que debió ser causal de descalificación inmediata de la licitación.
Posteriormente, la entidad realizó al menos cinco prórrogas (adendas) para permitir que las empresas corrigieran fallas en sus postulaciones, extendiendo el cierre del proceso hasta diciembre de 2025.
El 25 de noviembre se recibieron finalmente tres propuestas. Unión Temporal M&B conformada por Moto Mart SAS e Industrias Búfalo. Luego, una segunda oferta de General de Equipos de Colombia SA GECOLSA).
Y, por último, una tercera oferta del Consorcio MAQ 157 conformado por Grupo Inversionista el Transporador SAS, Gyafra SAS y Construcciones Universal RLM SAS.
Pese a los intentos por escoger el ganador de la licitación, Findeter la canceló en diciembre al no lograr una adjudicación transparente.
Las segundas propuestas
Tras un segundo intento fallido en enero de 2026, donde el presupuesto aumentó cerca de los $18.000 millones, la junta directiva de Findeter tomó una decisión radical.
El 29 de enero —tan solo unos días antes de que entrara en vigencia completamente la Ley de Garantías—, apenas minutos antes de la medianoche, se declaró desierto el proceso. Solo horas después, el 30 de enero, se firmó el contrato de manera directa con el Consorcio MAQ 2026.
Pruebas de documentos “falsos”
Según la denuncia del medio anteriormente mencionado, la gravedad del caso radica en que el consorcio ganador habría reutilizado o presentado información engañosa.
Uno de los integrantes originales (MotoMart SAS) presentó una “carta cupo” por más de $21.000 millones. Y resulta que, posteriormente, el propio banco confirmó que el documento era completamente falso, utilizando logos y fuentes de texto adulteradas.
Es más, el Banco de Bogotá, en una comunicación a Findeter, estableció que esa información que supuestamente había presentado el banco “no corresponde a la carta que nosotros emitimos. El cliente, aunque tiene cupos vigentes, no cuenta con la línea de carta cupo, lo cual se evidencia en el correo mediante el cual enviamos la certificación que se adjunta”.
Luego de esto, dentro de las nuevas certificaciones que entregó el consorcio MAQ 2026, fue de la distribuidora Nissan.
No obstante, se establece que, posteriormente, la representante judicial de DINISSAN, Cyslin Yelitza Sánchez, advierte que la certificación presentada para ganarse los 18.000 millones de pesos es “falsa”.
La investigación de la FM también arroja luces sobre las conexiones políticas detrás de la administración de la entidad. Se han documentado vínculos del expresidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, con sectores del Partido Liberal.
Findeter asegura que, al momento de la contratación directa, no conocía la reclamación de DINISSAN sobre la falsedad de los documentos. Sin embargo, el hecho de que empresas previamente cuestionadas por el Banco de Bogotá terminaran vinculadas al contrato final plantea serios interrogantes sobre los filtros de debida diligencia de la banca pública.
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