La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes realizará este jueves una diligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el marco de una denuncia presentada por el abogado Germán Calderón contra el presidente Gustavo Petro.
El caso se origina a partir de un mensaje publicado por el mandatario en X, en el que, según la campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, se sugeriría una posible interceptación de comunicaciones.
En el trino mencionado, fechado el pasado 4 de abril, Petro hizo referencia a supuestas conversaciones entre los hermanos Bautista y De La Espriella, vinculándolas con acuerdos políticos, contratos estatales y presuntas estrategias de poder.
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En su mensaje escribió: “No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De La Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella...”.
La publicación generó controversia, al interpretarse por algunos sectores como una insinuación sobre posibles seguimientos o interceptaciones a comunicaciones del candidato.
En respuesta, la representante investigadora Gloria Arizabaleta ordenó citar a ampliación de la denuncia a Germán Calderón y solicitar la comparecencia del director de la DNI, René Guarín, ingeniero de sistemas y exmilitante del M-19.
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Además, pidió que se certifique si existen o han existido órdenes de operaciones, misiones de trabajo o productos de inteligencia relacionados con el candidato Abelardo De La Espriella.
La diligencia busca establecer si hubo actividad de inteligencia vinculada al caso o si las afirmaciones del presidente se basan en información oficial o en otro tipo de fuentes.
Hay que recordar que el equipo jurídico del candidato presidencial Abelardo de la Espriella había presentado una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se inicie una investigación contra el presidente Petro y miembros de la DNI por presunta violación ilícita de comunicaciones.
Las indagaciones en Fiscalía
Hay que recordar que la Fiscalía, el pasado 8 de abril, dio a conocer de forma preliminar que no encontró rastro de interceptaciones al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
En medio de la denuncia que él mismo radicó por una supuesta “chuzada” a su línea celular, el ente acusador revisó la base de datos donde se registran estas actuaciones judiciales y, por ahora, no aparece ninguna orden que lo involucre. Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO fuentes del ente acusador en ese momento.
En entrevista con 6AMW de Caracol Radio, la fiscal Luz Adriana Camargo explicó que actualmente hay alrededor de 13.000 interceptaciones activas, todas realizadas con orden de un fiscal, autorización de un juez y control judicial posterior. “Desde la Vicefiscalía estamos haciendo ese rastreo”, dijo Camargo.
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Detalló que estas interceptaciones legales hacen parte de entre 2.000 y 2.300 investigaciones, cifras que aclaró son aproximadas.
Señaló, además, que no es posible conocer detalles ni contenidos de estas interceptaciones debido a la naturaleza reservada de la investigación penal, ya que se trata de actuaciones que requieren autorización de un juez para intervenir en la vida privada de las personas y que, por su carácter, “no circulan libremente dentro de la Fiscalía ni pueden ser de conocimiento público”.
“Si en esa investigación existe, por ejemplo, una interceptación relacionada con alguno de los interlocutores (no necesariamente con el candidato ni por su condición de candidato), podría tratarse de personas que sí están siendo investigadas y, por ello, están siendo objeto de escuchas. En ese sentido, no puedo afirmar categóricamente que no exista una interceptación; es algo que actualmente se está verificando”, indicó la fiscal Camargo.
La representante del ente acusador cuestionó al presidente Gustavo Petro. “Lo realmente grave no es ese punto. Lo verdaderamente preocupante es cómo esa información llega a oídos del presidente, tratándose de datos a los que ni siquiera yo tengo acceso, ni debería tenerlo, dado el carácter absolutamente reservado que tienen las interceptaciones judiciales”, agregó la fiscal.
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