Los cuestionamientos continúan cercando a la senadora Berenice Bedoya. A la denuncia presentada este año por un exintegrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quien la señaló de presuntamente exigir aportes de su salario, se suman ahora nuevos testimonios que apuntan a presiones políticas al interior del partido ASI a cambios de votos a su favor en las elecciones de Congreso.
Según exdirectivos y personas cercanas a ese movimiento, a varios integrantes de la organización se les habría impuesto una cuota mínima de votos para respaldar la aspiración electoral de la congresista, quien finalmente no salió reelegida el pasado 8 de marzo.
De acuerdo con estas versiones, el cumplimiento de esa meta habría sido presentado como una condición para conservar sus cargos dentro de la estructura partidista.
Consultada por EL COLOMBIANO, la senadora negó cualquier irregularidad. Bedoya sostuvo que establecer objetivos electorales dentro de una organización política “es lo más normal” y afirmó que “no es ilegal fijar metas de desempeño para un equipo político”.
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Este diario habló con Olga Fabiola Pereira Yance, quien hasta hace unos días se desempeñó como secretaria de asuntos étnicos del partido ASI.
En diálogo con EL COLOMBIANO, denunció que “la presidenta Berenice Bedoya nos hizo pasar unas renuncias donde exigía una votación específica para el Senado de la República. En mi caso, que soy de Arauca, la cuota mínima eran (600) votos, de los cuales le sacamos (610), pero le parece poco y con eso la excusa para sacarme”.
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Junto a Pereira, de acuerdo con la documentación obtenida por este diario, hay casos de directivos a los que presuntamente les fijaron “metas de votos” de 600, 1.000, 4.131 y 5.800. Todo quedó consignado en las cartas de renuncia.
Pereira Yance dijo que su salida es una supuesta retaliación “por una proposición que realicé en una reunión ordinaria del 23 de abril del 2026, la cual hice mención del numeral 26 del artículo 34 donde le damos facultades para que la presidenta tome decisiones en nombre del ejecutivo nacional”.
Es por eso que ella propuso en la mesa “que esas facultades fueran derogadas para que las decisiones fueran tomadas por todos los miembros del ejecutivo nacional, está provisión nace por la falta de comunicación al interno del partido frente a las decisiones políticas”.
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Dijo Pereira Yance que en una reunión extraordinaria del 9 de junio pasado no se presentó en el orden del día y tampoco supuestamente, se invitó a la misma al veedor nacional del partido para “garantizar la transparencia de las acciones arbitrarias sobre mi persona”.
La denuncia fue replicada inicialmente este jueves por el abogado Sergio Mesa, quien es la persona que tiene en la Corte Suprema un proceso en contra de la congresista porque supuestamente la legisladora y su hija, entre marzo y diciembre de 2024, y enero y diciembre de 2025, siendo asesor de la UTL de la senadora, él habría sido presionado a entregar parte de sus honorarios mensuales en entregas de $2.500.000 a $4.000.000.
Responde la congresista a la denuncia de votos: “lo más normal”
En diálogo con EL COLOMBIANO, la congresista Berenice Bedoya reconoce que sí se definieron metas de votos para las elecciones. No lo ve como un posible constreñimiento electoral y que “es lo más normal”. Además, asegura que “no es ilegal establecer metas de desempeño para un equipo político”.
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Según ella, las cifras de votación no “fueron impuestas arbitrariamente”, sino que “fue una sugerencia que se hizo, que entre todos lo hicimos, que no fue obligado, que fue consensuada, que cada quien dijo: ‘Sí, estamos de acuerdo, en tal parte vamos a hacer esto...’”.
Define estas metas simplemente como “los votos que cada uno de nosotros pensábamos que íbamos a sacar” y el “trabajo electoral que cada uno de nosotros tenía”. Insiste la senadora en que “no es ilegal uno decirle al equipo: ‘Venga, ¿qué meta nos estamos poniendo para este proceso?’”.
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Bedoya manifiesta que sus acciones se ajustan a la normativa interna de la ASI. “Yo voy a hacer lo que esté dentro de la ley y dentro de los estatutos, que son nuestra biblia; son los que nos dicen cómo proceder”.
La dirigente niega que los secretarios y demás personas del partido fueran presionados para firmar las cartas de renuncia. Según su declaración, “no fueron obligatorias... porque, por ejemplo, uno de los del tribunal, uno de los del comité, no la presentó y el veedor, que fue el que hizo la sugerencia, tampoco la presentó”.
Otras seis personas con “meta de votos” en el ejecutivo del ASI
Alfonso Camacho, secretario de capacitación en el ejecutivo de la ASI, en su carta de renuncia, un día después de las elecciones al Congreso, se lee que su meta de sufragios para el Congreso era de 5.800 votos válidos en Cundinamarca. De incumplirse, “su salida será efectiva el 9 de marzo”, un día después de las elecciones legislativas.
Por otro lado, está el caso de Claudia Lucia Meneses Quintero, quien se desempeñaba como secretaria nacional de mujeres y grupos poblacionales; su permanencia dependía de igualar o superar los 4.131 votos obtenidos en las elecciones pasadas en el Valle del Cauca. Su renuncia se haría efectiva en marzo de 2026 si no lograba este resultado.
Daniel Ceballos Brito, secretario de Medio Ambiente del ejecutivo de la ASI, se comprometió a obtener 1.000 votos válidos en La Guajira. Si no alcanzaba esta cifra, su renuncia se hacía efectiva a partir del 9 de marzo.
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En el caso de Russell Yadir Ramírez Rodríguez, el secretario general, al igual que Ceballos, su meta fijada era de 1.000 votos válidos para el Senado. En caso de no lograrlos, su salida se daba el 9 de marzo pasado.
Otra de las personas es Olga Fabiola Pereira Yance, secretaria de asuntos étnicos, estableció una meta de 600 votos válidos y, en caso de no lograrlo, su renuncia será irrevocable a partir de marzo de 2026.
La vida de denuncias de Berenice Bedoya
El 16 de febrero de 2026, el abogado y periodista Sergio Mesa, quien se desempeñó como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista, presentó una denuncia penal formal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En su denuncia, Mesa señaló la presunta existencia de irregularidades ocurridas entre marzo de 2024 y diciembre de 2025.
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Según su relato, él habría sido objeto de presiones para transferir aproximadamente treinta millones de pesos provenientes de sus honorarios a familiares de la congresista.
De manera paralela, el mismo 16 de febrero pasado, la Red de Veedurías de Colombia respaldó la gravedad de los hechos denunciados y radicó solicitudes de investigación formal ante las autoridades competentes.
La organización sostuvo que las acusaciones ameritaban un examen exhaustivo por parte de los organismos judiciales y de control, dada la posible afectación a los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de funciones públicas.
Adicionalmente, la congresista fue vinculada a las investigaciones relacionadas con el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Su nombre apareció en septiembre de 2025 en las declaraciones rendidas por el exdirector de la entidad, Olmedo López, así como en documentos de la Fiscalía que hacían referencia a un supuesto intercambio de favores políticos orientado a facilitar la aprobación de reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.
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Posteriormente, el 30 de abril de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reactivó formalmente el expediente al ordenar la recepción del testimonio de María Alejandra Benavides, considerada una testigo clave dentro de la investigación.
Como parte de las actuaciones procesales derivadas de dicho expediente, el magistrado Marco Antonio Rueda citó a la congresista Berenice Bedoya para rendir versión libre el 6 de mayo de 2026 en el Palacio de Justicia.
La diligencia fue atendida de manera presencial, en el marco de las actuaciones adelantadas por la Corte Suprema para esclarecer los hechos y determinar la eventual existencia de responsabilidades.
A estas controversias se sumaron denuncias públicas y periodísticas divulgadas en las que se señalaba un posible favorecimiento a personas cercanas a la congresista mediante la adjudicación de contratos estatales.
Las denuncias apuntaban a un presunto esquema de contratación directa gestionado a través de Findeter en el municipio de Yarumal, Antioquia, cuya operación habría tenido lugar entre los años 2024 y 2025.
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Dichos señalamientos motivaron nuevas solicitudes de verificación e investigación por parte de distintos sectores de la opinión pública y organismos de control.
Frente a estas acusaciones, la congresista rechazó públicamente los señalamientos los días 16 y 17 de febrero de 2026.
Como parte de su defensa, sostuvo que la no renovación del contrato de Sergio Mesa obedeció a presuntas irregularidades detectadas en su gestión durante octubre de 2025 y negó cualquier conducta indebida relacionada con los hechos denunciados.
En respuesta a estas declaraciones difundidas en medios de comunicación, Mesa decidió ampliar la denuncia presentada ante la Corte Suprema el 16 de febrero de 2026, incorporando el presunto delito de calumnia, al considerar que las afirmaciones realizadas en su contra afectaban su buen nombre y reputación.
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