Las personas LGBTIQ+ siguen siendo víctimas de crímenes de odio en Colombia. Cada dos días y cinco horas, en promedio, una persona con orientación sexual o identidad de género diversa fue asesinada durante el 2024. Así lo documentó el último informe de Derechos Humanos de la organización Caribe Afirmativo. Los crímenes no fueron aislados: son parte de un sistema estructural de agresión basado en el prejuicio social y de las instituciones.
El informe concluyó que tener una orientación sexual o identidad de género diversa sigue siendo considerado, por varios sectores de la sociedad, como un motivo válido para perseguir, excluir y violentar.
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Homicidios, agresiones sexuales, hostigamiento virtual, discriminación cotidiana y abuso policial fueron solo algunas de las violencias que la población diversa tuvo —y tiene— que soportar.
“La violencia contra las personas LGBTIQ+ en Colombia ha ocurrido en un contexto de creciente proliferación de discursos de odio que no responden a fenómenos aislados, sino a una reconfiguración global de sectores antiderechos que han logrado posicionarse con fuerza tanto en espacios institucionales como mediáticos”, dijo Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
El año pasado fueron asesinadas 164 personas LGBTIQ+ en Colombia y las cifras de los primeros cinco meses de 2025 tampoco son alentadoras: 43 personas con orientación sexual y de género diversa han sido asesinadas este año.
“Las agresiones se han vuelto más sistemáticas, con víctimas seleccionadas por perfiles específicos y expuestas a múltiples formas de violencia, lo que evidencia la creciente brutalidad y complejidad de los ataques”, añadió Castañeda.
El último caso se registró este 22 de mayo en el Carmen de Bolívar. El cuerpo de Nawar Jiménez, una líder trans y defensora de los Derechos Humanos, fue encontrado en una cuneta. Estaba abaleada y boca abajo. En su municipio lideraba el grupo de mujeres trans que logró acceder a una reparación colectiva por parte de la Unidad de Víctimas. Era también una voz que pedía por el acceso justo a la tierra.
La persecución y el asesinato contra líderes diversos también se replicó el año pasado.
Karis Saldarriaga tenía 61 años, era líder LGBTIQ+ y el 20 de octubre del año pasado su cuerpo fue encontrado con heridas de arma blanca en el cuello. Vivía en Caldas (Antioquia) y su liderazgo inspiraba.
“Sin saberlo, Karis fue la primera persona que me enseñó de diversidad. Toda mi niñez y adolescencia la vi, literalmente, desfilar por las calles de Caldas, siempre diva y regia, a pesar de las miradas burleteras de un pueblo morrongo e hipócrita”, dijo uno de sus amigos a este diario.
Nawar y Karis son el rostro de los crímenes contra los liderazgos diversos. Durante el 2024 fueron asesinados 11 defensores de derechos humanos: nueve hombres gais y dos mujeres trans.
Los departamentos con mayor número de víctimas de violencia homicida son Valle del Cauca, con 26 asesinatos, y Antioquia, con 24. Les sigue Risaralda con 18 casos, Bogotá D. C., con 10 y Bolívar, Atlántico y Santander, con 7 cada uno.
La ineficacia de denunciar
El Ministerio del Interior citó la segunda sesión de la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI y de personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas (OSIEGD) para este 28 de mayo.
Cada crimen contra la población LGBTIQ+ genera una cascada de comunicados de las instituciones que rechazan la violencia. Sin embargo, esos pronunciamientos no se traducen en acciones concretas que garanticen los derechos de la población. La violencia se reitera año tras año.
Las cifras de amenazas y actos de discriminación mostraron una reducción respecto a 2023 (del 38 % y 41 %, respectivamente). Sin embargo, advierte el informe, la disminución no respondería a una mejora real. En muchos casos, se trataría más bien de una disminución en las denuncias por el miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones.
El año pasado se interpusieron 1.436 denuncias por amenazas y —a hoy— el 99,8% de los casos no registra avances. “La sistematicidad de la impunidad, la ausencia de investigaciones y la revictimización hacen que muchas personas LGBTIQ+ desistan de denunciar. No estamos viendo, por un lado, acciones inmediatas para generar sanciones contundentes, y por otro lado, hay deficiencias estructurales: vacíos normativos en la tipificación de estos delitos, falta de investigación con enfoque especializado y un subregistro persistente de las personas afectadas”, añadió Castañeda.
Desde Caribe Afirmativo hicieron un llamado de atención al Estado para hacerle frente a las violencias contra la población LGBTIQ+.
Afirmaron que se requiere fortalecer las rutas de atención, capacitar al personal médico, forense e investigador con un enfoque interseccional, instaurar mecanismos de seguimiento y garantizar la justicia y la no repetición de los hechos violentos.
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