En dos estados venezolanos, Aragua y Portuguesa, fueron capturados tres de los presuntos responsables de la muerte de Yulixa Toloza, mujer que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un local que no contaba con los permisos regularizados al sur de Bogotá.
Sin embargo, mientras los peritos forenses siguen en sus labores para determinar cuáles fueron las causas exactas de su muerte, las autoridades avanzan en el proceso judicial contra cinco personas capturadas.
Si bien dos de los capturados involucrados en la desaparición de la mujer, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, fueron encontrados en Cúcuta, otros tres lograron atravesar la frontera colombo-venezolana y huyeron al país vecino.
Pero allá fueron aprehendidos. Se trata de María Fernanda Delgado (dueña de la estética), Edison Torres (su pareja) y David Ramos (empleado del establecimiento).
Ahora, si bien ya la Fiscalía General de la Nación inició los trámites de extradición para estos tres ciudadanos venezolanos, el proceso podría estancarse debido a estrictas barreras legales en el vecino país.
¿Es viable la extradición?
Todo radica en lo establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este, se dictamina que “la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.
Y como los presuntos responsables del crimen son de nacionalidad venezolana, el caso podría entrar en un lío jurídico que ralentizaría el proceso de extradición, en caso de que este llegue a ser posible.
Por un lado, la Fiscalía sostiene que el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911 sigue vigente, por lo que mantiene comunicación constante con Caracas para formalizar la solicitud de envío de los capturados.
Sin embargo, ese artículo en la Constitución de Venezuela sería el reticente más determinante para que no se formalice la extradición de estas personas.
EL COLOMBIANO consultó con el abogado penalista Francisco Bernate sobre el caso y la posibilidad de extradición. A lo cual, este aseguró que, aunque entre Colombia y Venezuela sigue vigente el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, la entrega de ciudadanos venezolanos a la justicia colombiana “no se ve posible” debido a las restricciones establecidas en la legislación venezolana.
“Es cierto que existe un tratado bolivariano de extradición de 1911 que sigue teniendo validez y que, por supuesto, se aplica en los trámites de extradición entre Colombia y Venezuela”, dijo Bernate. Sin embargo, aclaró que “la Constitución Política de Venezuela de 1999, su código penal y su código de procedimiento penal establecen una regla (...) y es que Venezuela no extradita a sus nacionales”.
El penalista explicó que la extradición desde territorio venezolano solo procede en tres escenarios: cuando la persona no tiene nacionalidad venezolana, cuando existen dudas sobre esa nacionalidad o cuando esta fue obtenida de manera irregular.
¿Cuál sería la alternativa judicial?
Si la extradición es negada de tajo, no significa que el crimen quede impune. La alternativa penal más viable a la que se puede llegar en este momento es la cooperación judicial entre ambas naciones.
“Lo que aquí procede es que Colombia tiene que participar activamente en esa investigación, en ese juzgamiento, aportando las pruebas por los mecanismos consulares y garantizar que las víctimas estén informadas”, indicó Bernate.
Además, explicó que si las autoridades colombianas consideran que en Venezuela no hay avances reales en el proceso, el país podría acudir a otra figura jurídica.
“En el evento en que Colombia sienta o perciba que no hay una justicia, que el caso no está avanzando o que se está demorando, pues Colombia también podría investigar y juzgar a estas personas en ausencia”, agregó.
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No obstante, algo sí está claro: el escenario de una extradición es poco probable. “Lo cierto es que la extradición de estas personas no se ve posible”, concluyó el abogado.
De momento, el ente acusador analiza todas las vías jurídicas disponibles mientras avanza el caso de los detenidos en Cúcuta.
El cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, este pasado martes, tras días de incertidumbre por desaparición.
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