Cero y van cinco las nuevas decisiones y posturas que ha asumido Colombia en el escenario internacional alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.
Esta semana, durante el periodo de sesiones número 63 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), el embajador encargado de Colombia ante la ONU, Álvaro Ayala, tomó distancia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos” y cuestionó usar términos como “racismo sistemático”.
El cambio de posición ante ese organismo generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre sus posibles efectos en la política exterior, las políticas públicas y la asignación de recursos para garantizar derechos en Colombia.
Las declaraciones se suman a la salida del país de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition) que fue anunciada en septiembre. Así mismo, esta semana, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el embajador Alejandro Ordóñez anunció la adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra: una iniciativa internacional que sostiene y defiende que no existe un derecho internacional al aborto.
Según la Cancillería, la decisión no tiene efectos sobre la legislación colombiana (en la que está contemplada la despenalización del aborto hasta la semana 24). En cambio, dicen desde el Ejecutivo, esto ampliaría las alianzas y la cooperación internacional.
¿Por qué el país se desmarcó?
Uno de los puntos centrales de la intervención en el Consejo de Derechos Humanos fue la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”, incluida en la resolución L.34 sobre el derecho al agua potable y al saneamiento. El delegado de Colombia, Ayala, sostuvo que esa expresión “no es un lenguaje universalmente acordado ni tiene definición en tratados vinculantes”.
En el mismo pronunciamiento, la delegación de Colombia precisó que entiende la salud menstrual únicamente en relación con el acceso al agua, el saneamiento, la higiene, la información y la atención sanitaria. Y el martes se abstuvo de votar una enmienda promovida por Pakistán que pretendía retirar de la resolución la referencia a ese concepto. La propuesta fue rechazada por el Consejo de Derechos Humanos.
Además, en su intervención, Ayala señaló que el país entiende “género” y sus derivados como una forma para “asegurar la igualdad y prevenir la discriminación y la violencia”. Esta postura causó inquietudes entre organizaciones que consideran que limitar el alcance de esos conceptos puede debilitar el reconocimiento de comunidades vulnerables.
Caribe Afirmativo, organización que trabaja por la defensa de la comunidad LGBTIQ+, cuestionó la intervención y señaló que restringe el entendimiento de los derechos sexuales y reproductivos y las violencias diferenciadas.
“Contrario a lo que dice la intervención, ya la Constitución Política, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha definido estos conceptos y ha entendido que la sexualidad y el género no son binarios, hasta el punto de reconocer a las personas no binarias”, sostuvo la organización.
También recordó que la jurisprudencia constitucional ha reiterado la necesidad de aplicar un enfoque diferencial frente a las violencias motivadas por el género.
El término “racismo sistémico”
La tercera postura que expuso el país en el mencionado Consejo se relaciona con el uso de expresiones como “racismo sistémico”, “racismo estructural” y “racismo institucional”. En su intervención, Álvaro Ayala dijo que esos términos “no tienen una definición convencional precisa y no constituyen categorías jurídicas”.
Sobre este tema, mientras el Gobierno cuestiona la precisión jurídica de esas expresiones, las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que eso puede restringir la manera en que se reconocen y enfrentan las distintas formas de discriminación.
Giro en política exterior
Las tres precisiones se conocen después de que la Cancillería anunciara el retiro de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza que articula a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.
Colombia ejercía la copresidencia del mecanismo junto con España para el período 2025-2027. La Cancillería justificó su salida al señalar que la participación en ese espacio no era una prioridad.
A esto se suma la adhesión de Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra, una iniciativa impulsada originalmente por Estados Unidos durante la primera Administración de Donald Trump que niega el derecho al aborto y señala que no es una obligación de los Estados promoverlo o facilitarlo.
Lo anterior se formalizó en la sede de la Misión de Colombia ante la OEA, en coordinación con la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que ejerce la secretaría del Consenso de Ginebra. La declaración política reúne a 47 Estados y promueve la defensa de la vida, la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.
“Hoy (jueves), en la sede de la Misión de Colombia, ante la Organización de Estados Americanos y junto con la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, que a su vez ejerce la Secretaría del Consenso de Ginebra, hemos adherido a esto”, afirmó Ordóñez en un video divulgado en las redes sociales de la Cancillería.
El diplomático explicó que los países firmantes se comprometen a promover estos principios en escenarios multilaterales y reiteró la postura en contra del aborto, su promoción o facilitación.
Ordóñez aclaró que la adhesión no tiene efectos jurídicos vinculantes, sino políticos. “No tiene efectos jurídicos, tiene efectos políticos porque los temas jurídicos se definen de acuerdo a las normas y a los procedimientos establecidos en cada ordenamiento jurídico”, sostuvo.
Colombia había hecho parte de esta coalición. En mayo de 2022, durante el Gobierno de Iván Duque, el país se adhirió al mecanismo cuando Ordóñez también se desempeñaba como embajador ante la OEA. No obstante, tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, el Gobierno colombiano se retiró de la iniciativa.
Al respecto, cerca de un centenar de organizaciones y defensores de derechos, entre ellos la Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación Humanas, firmaron una carta en la que califican el cambio de postura como un retroceso que se “distancia de estándares internacionales” y hablan de un “cambio abrupto”.
“Estamos alineados con países que históricamente han ido en retroceso de estos derechos. Países del mundo islámico, pero también Pakistán y China. Estamos alineados también con países africanos y es muy preocupante”, dijo a Caracol Radio la directora de Corporación Humanas, Adriana Benjumea.
En la misma línea, el representante a la Cámara Mauricio Toro cuestionó la intervención colombiana ante Naciones Unidas y advirtió sobre sus posibles efectos para las mujeres y las personas LGBTIQ+. “Colombia no puede retroceder a pesar de que este Gobierno, por likes, quiera desconocer precisamente los derechos en los que Colombia ha avanzado”, afirmó.
¿Qué está en juego?
El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que sus precisiones responden a la necesidad de delimitar el lenguaje de los compromisos internacionales y que las decisiones diplomáticas no modifican las protecciones reconocidas por la legislación colombiana.
Sus críticos, en contraste, señalan que podría haber una menor prioridad que termine reflejándose en la asignación de recursos e impulso de programas dirigidos a garantizar esos derechos.
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