En el municipio de La Calera, a pocos kilómetros de Bogotá, crece la inconformidad de varios actores políticos y sociales por la concesión de aguas que desde 1983 mantiene la multinacional Coca-Cola.
El debate se reavivó luego de que la congresista María del Mar Pizarro publicara unas fotografías denunciando que la empresa ha tapado con cemento varios manantiales. Mientras tanto, Coca-Cola ha asegurado en varias ocasiones que no se ha cometido ninguna infracción.
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Algunos habitantes de la zona, ambientalistas y defensores de derechos humanos acusan a la compañía de sobreexplotar los manantiales que abastecen a la quebrada San Lorenzo, una de las principales fuentes hídricas del pueblo.
Mientras que otros sectores de la población y según informes de la Procuraduría y Alcaldía, aseguran que la falta de agua en La Calera no tiene que ver con la concesión con Coca-Cola, sino la inexistencia de un acueducto para el municipio y de infraestructura que soporte el crecimiento demográfico de la zona.
La preocupación al respecto se agudizó en febrero de 2024, cuando el municipio tuvo que ordenar racionamientos por la reducción del caudal. Mientras tanto, la planta de Coca-Cola seguía embotellando agua de los manantiales para su venta comercial. “Hay agua para la multinacional, pero no para los habitantes”, denunciaron las comunidades.
Esto no es algo nuevo. La revisión de la utilización de recursos por parte de la multinacional es un proceso que lleva más de un año sobre la mesa. La discusión ha avanzado tanto que, de hecho, se realizó una audiencia pública para que todas las partes involucradas expresaran sus versiones de los hechos.
Allí, Coca-Cola aseguró que el agua que llega a La Calera no viene de los manantiales, sino de las quebradas. Estos últimos cuerpos de agua mencionados (junto con los ríos) no son utilizados por la multinacional, porque no tienen los permisos para hacerlo.
En cuanto a las denuncias sobre pavimentación de manantiales, la empresa explicó que no ha realizado algo así, sino que instaló tapas sobre los brotes de agua para garantizar que se cumplan con las normas establecidas para recursos hídricos de consumo humano.
“Incluye que no caigan piedras, hojas u otros elementos en el agua que luego se va a consumir”, dijo un vocero de Coca-Cola durante la audiencia.
Sin embargo, la preocupación actual se cierne sobre que aún no hay respuestas claras sobre varias denuncias del proceso.
Un informe de 2023 cuestiona la falta de coherencia entre los reportes de Coca-Cola y las cifras reales de explotación: “La información suministrada en la visita técnica por el usuario no es coherente con los reportes de consumo”, dice el documento, que recomienda exigir un reporte exacto del volumen de agua embotellada en la planta.
Además, en la denuncia de la mañana del miércoles, María del Mar Pizarro aseguró que la información sobre la multinacional emitida por la CAR también tiene incongruencias: “Nosotros enviamos un derecho de petición a la CAR pidiendo que nos dijeran qué sanciones le habían puesto a la multinacional por las irregularidades que cometió. Nos dijeron que ninguno. Luego, en el Reporte Coronell apareció que sí hubo sanciones, confrontamos a la CAR y dijeron: ah sí, perdón”, explicó en entrevista con W Radio.
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A pesar de las irregularidades documentadas por su propio equipo técnico, la CAR está evaluando ampliar la concesión de Coca-Cola. Esta no sería la primera vez que la multinacional enfrenta observaciones: en 2010 la CAR encontró que la empresa había explotado los nacederos durante cuatro años sin contar con licencia.
En la audiencia pública, la multinacional se refirió al respecto, asegurando que no hubo irregularidades en aquella utilización de recursos en tanto que “se puede hacer uso de ellos hasta que la autoridad emita una orden que lo prohíba”.
Mientras tanto, algunos habitantes de La Calera insisten en que la prioridad debe ser garantizar el acceso al agua potable de la población, antes que mantener una concesión de más de cuatro décadas en beneficio de una multinacional.
EL COLOMBIANO se comunicó con Coca Cola, desde donde aseguraron que no pueden dar declaraciones mientras continúa el proceso jurídico que determinará -por medio del concepto de expertos- si la multinacional incumplió o no con las normas ambientales establecidas para sus contratos y predios.
En entrevista con W Radio, la congresista Pizarro aseguró que, frente a las denuncias por cubrir manantiales con cemento, la CAR ha optado por pedir que quiten el cemento sin emitir sanciones (desde 2022 llevan más de dos pedidos que no han sido acatados), algo que preocupa tanto a activistas como a ciudadanos de La Calera.
También denunció que Coca-Cola solo paga 11 millones de pesos al año por el acceso a los manantiales. Sobre aquel punto también se refirió la empresa en la audiencia pública, asegurando que el precio lo ponen las autoridades locales, y ellos solo cumplen con pagar el valor que dicta la conversión estipulada en la ley.
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