Hace once años, Sergio Urrego, un estudiante del colegio Gimnasio Castillo Campestre en Bogotá, tomó la trágica decisión de quitarse la vida tras ser víctima de acoso y señalamientos por su orientación sexual dentro del entorno escolar. La falta de apoyo institucional, la estigmatización y una cadena de actos discriminatorios lo llevaron a lanzarse desde un edificio, poniendo fin a su vida con apenas 16 años.
Aunque el caso estremeció al país en su momento, hoy vuelve a ser noticia. Este viernes, la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación presentado por la defensa de Amanda Azucena Castillo Cortés, rectora del colegio en el momento de los hechos, dejando así en firme la condena en su contra.
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Los fallos en su contra señalan que Castillo Cortés no solo condicionó la permanencia de uno de los estudiantes involucrados en la relación con Urrego, sino que también promovió versiones falsas de acoso sexual. Además, presionó a los padres de Danilo Pinzón, el otro joven involucrado, para que interpusieran denuncias ante varias autoridades, pese a saber que la relación era consentida.
Los jueces concluyeron que la exrectora tuvo un rol determinante en la cadena de eventos que llevó a la estigmatización y exclusión de Urrego, al tiempo que manipuló documentos clave del proceso interno del colegio y obstaculizó las labores de inspección judicial.
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En su decisión, el alto tribunal desestimó los tres cargos de la defensa de Castillo Cortés. El primero, que alegaba una violación al principio de congruencia por un supuesto cambio en su rol de coautora a determinadora. Fue rechazado al no afectar el derecho a la defensa ni la estructura del proceso.
Los otros dos, que cuestionaban la valoración de pruebas y negaban el ocultamiento de evidencia, también fueron descartados por carecer de fundamentos que alteraran el sentido del fallo.
Para la Sala, la responsabilidad penal de Amanda Castillo fue establecida desde las primeras etapas del proceso y quedó plenamente ratificada por las pruebas presentadas en juicio.
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La decisión cierra un capítulo judicial importante en uno de los casos más simbólicos de violencia institucional y discriminación por orientación sexual en Colombia, recordando la urgente necesidad de entornos educativos seguros, respetuosos y libres de prejuicio.
