La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
El alto tribunal le impuso una pena de siete años de prisión, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante nueve años. La Sala también le negó la posibilidad de recibir prisión domiciliaria.
Según la sentencia, los hechos ocurrieron cuando Palomino López era director de la Policía Nacional. En ese momento, el oficial se reunió con una fiscal en su residencia para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba y, durante ese encuentro, le planteó la posibilidad de detener una de las capturas de un individuo al que calificó como “muy influyente”.
La Corte concluyó que el entonces director de la Policía se aprovechó de su posición para interceder a favor de un particular, cuando su responsabilidad era cumplir la orden judicial.
La Sala fue contundente al afirmar que el general retirado “optó por abogar en favor de un particular sin importarle que con su comportamiento podría generar impunidad, pues el procesado estaba siendo investigado por delitos graves como concierto para delinquir por promover grupos paramilitares y desplazamiento forzado al despojar a familias campesinas de sus tierras, crimenes de lesa humanidad”.
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El fallo aseguró que “es innegable el alto impacto negativo que en el conglomerado social causó el hecho que un General de la República en ejercicio del cargo de Director de la Policía Nacional, compareciera a la residencia de la funcionaria judicial con el propósito pedirle un favor contrario a la Constitución y a la Ley, por la repercusión inmediata que tiene en la pérdida de credibilidad en la institución que representaba”.
La Corte Suprema precisó que la decisión de la Sala de Primera Instancia puede ser apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Antecedentes del caso Luis Gonzalo Gallo
Luis Gonzalo Gallo, exintegrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, es investigado por su presunta participación en la compra de más de 100 predios que habrían sido despojados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Fiscalía lo investiga por concierto para delinquir y despojo de tierras en la región de Tulapas, Córdoba.
En 2014, la fiscal Sonia Lucero Velázquez ordenó su captura en el marco de esta investigación. Según el expediente, Rodolfo Palomino visitó el domicilio de la fiscal para plantearle una propuesta con el fin de frenar la detención del empresario. Durante la conversación, Palomino resaltó la supuesta cercanía de Gallo con expresidentes y altos funcionarios internacionales.
La reunión fue grabada por la fiscal Velázquez, quien consideró irregular la visita del entonces director de la Policía. En el audio, Palomino sugiere que la captura tendría repercusiones graves y menciona a autoridades como el fiscal general de la época, Eduardo Montealegre, y el ministro de Defensa de ese entonces, Juan Carlos Pinzón.
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