La Fiscalía judicializó a 11 presuntos integrantes de una estructura que en el 2024 y 2025 habría replicado las acciones violentas de la llamada Primera Línea Durante las protestas de 2021. Este proceso avanza pese a peticiones de senadores y representantes de la bancada del Gobierno que han solicitado que los investigados queden en libertad.
El ente acusador investiga a la presunta banda delincuencial por, al parecer, estar detrás de al menos 12 ataques perpetrados entre 2024 y 2025. Los señalados habrían planeado y ejecutado atentados contra la fuerza pública, población civil y el sistema de transporte e infraestructura física de Bogotá.
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Los señalados fueron capturados en medio de registros, allanamientos y operativos realizados por la Policía Nacional quienes recopilaron información dada ciudadanos, estudiantes y las universidades.
En medio de esos operativos que dio con la captura de los once presuntos integrantes de la estructura criminal se incautaron panfletos, un arma de fuego traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con diferentes símbolos.
Pese a estas pruebas y a las acusaciones que hay sobre ellos por delitos como terrorismo, daño en bien ajeno, porte o tenencia de arma de fuego y demás conductas agravadas, un grupo de senadores y representantes buscaban a través de una carta que estos jóvenes obtuvieran su libertad.
La misiva, con fecha del 1 de diciembre, fue firmada por 31 congresistas de los partidos Pacto Histórico, Comunes, Mais y Alianza Verde.
Dentro de los firmantes aparece el precandidato presidencial Iván Cepeda, quien actualmente es senador del Pacto Histórico y es una de las cartas fuertes del petrismo para las elecciones del 2026.
Otra de las firmantes del documento es la senadora Isabel Zuleta, quien recientemente fue acusada por generales del Ejército y la Policía de interferir en operaciones militares contra estructuras del narcotráfico y la minería ilegal en Antioquia.
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En la lista de solicitantes de “garantías” para los jóvenes también figuran Imelda Daza Cortés, Julián Gallo Cubillos, Jairo Reinaldo Cala, Luis Alberto Albán y Sandra Ramírez Lobo, del partido Comunes; Ariel Ávila de la Alianza Verde; Norman Bañol y Aida Quilcué de Mais y Robert Daza Guevara, Alirio Uribe Muñoz, Clara López Obregón, Jahel Quiroga, Alfredo Mondragón, Wilson Arias Castillo, Eduard Sarmiento Hidalgo, Erick Velasco Burbano, Ermes Pete, Gabriel Becerra, Gabriel Parrado, Gildardo Silva, Jorge Hernán Bastidas, Heráclito Landínez, Alexandra Vásquez, Leyla Marleny Rincón, Pedro José Suárez y Susana Gómez Castaño (Susana Boreal) del Pacto Histórico.
En el documento, los congresistas manifiestan su preocupación por una supuesta “criminalización de la juventud, siendo inaceptable que se repitan prácticas de inflación punitiva y el uso de agentes encubiertos cuya finalidad no busque evitar la comisión de los delitos”.
Los congresistas solicitaron para los capturados “garantías y respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y elderecho a defenderse en libertad”.
En la lista de beneficiados están: Omar Millet Araya Romero, alias No Educado; Silva María Pinzón Camargo, alias Chimol; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche San; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo; Carlos Raúl Torres Laguna, alias Pri; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete; Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu; Lennet Steven Mestra Montes, alias 83; Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow; Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore; y Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima.
A este grupo de jóvenes se les atribuyen ataques con explosivos contra una patrulla de la Policía, la quema de una motocicleta en una universidad y la incineración de un bus del SITP con pasajeros a bordo, todos estos actos cometidos entre el 2024 y 2025.
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