La Contraloría encontró un hallazgo fiscal por $5.670 millones tras una auditoría a la Aeronáutica Civil. El organismo determinó que varios aeropuertos del país operan plantas de tratamiento de agua potable y residual sin los permisos exigidos por las autoridades ambientales.
El contrato revisado fue suscrito en 2022 con el fin de garantizar el mantenimiento y la operación de los sistemas de agua en la regional centro sur de la Aerocivil. También se evidenció que los servicios se prestaron sin licencias, permisos ni autorizaciones ambientales, lo que constituye un posible detrimento patrimonial y un riesgo para la salud pública.
La auditoría también señaló retrasos en el Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES). Esta iniciativa, incluida como prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo, busca mejorar la infraestructura de 14 aeródromos de propiedad de entidades territoriales, con obras en pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas de seguridad y cerramientos; esto, con un avance del 2,31% para diciembre de 2024.
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Requisitos ambientales no cumplidos
La Contraloría General de la República estableció un daño fiscal por $5.670 millones en una auditoría financiera realizada a la Aeronáutica Civil sobre el contrato 22001380 02 H3 de 2022, cuyo objetivo fue prestar el servicio de mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales de los aeropuertos administrados por la Aerocivil: Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente y Villagarzón.
De acuerdo con la normatividad, toda Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) debe operar con una concesión de aguas expedida por la autoridad ambiental de su jurisdicción. A su vez, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) necesitan un permiso de vertimientos para regular la descarga de aguas tratadas. Ambos documentos son indispensables para garantizar la calidad del agua y el control de impactos ambientales.
La auditoría concluyó que en varios aeropuertos no existen estos permisos. La falta de concesiones de agua ni de permisos de vertimientos deja sin control procesos como la captación, el suministro y la descarga de agua, lo que aumenta el riesgo de afectación a usuarios, trabajadores y comunidades cercanas a los terminales aéreos.
En Leticia y Villagarzón, la Contraloría identificó que no existen permisos vigentes para las PTAP ni para las concesiones de agua. Además, en terminales como Puerto Asís, San Vicente, Pitalito, Neiva, Mariquita, Guaymaral y Florencia no se hallaron permisos de vertimientos para las PTAR. Esto significa que las descargas de aguas residuales se realizan sin parámetros técnicos ni supervisión ambiental.
La ausencia de permisos no solo implica un incumplimiento legal, sino que también compromete la seguridad de quienes usan a diario los aeropuertos. Los sistemas de agua en estas terminales son empleados por pasajeros, trabajadores y visitantes, y sus descargas impactan a comunidades que viven en los alrededores.
La Contraloría advirtió que esta situación, además de afectar la gestión patrimonial del Estado, podría tener consecuencias sanitarias y ambientales.
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