Martha Peralta no logró esquivar más su vinculación formal a la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llamarla a indagatoria, dejando oficialmente abierto un expediente en su contra, dos años después de que su nombre apareciera mencionado en presuntos hechos de corrupción.
La alta corte la investigará por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Peralta, reelegida el pasado 8 de marzo pese a los señalamientos en su contra, fue una de las primeras salpicadas.
Varios testigos relataron múltiples episodios en los que la senadora de La Guajira habría tenido injerencia en contratos, sobre todo para esa región del país. Fue recientemente nombrada durante la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. En esa diligencia, la Fiscalía la ubicó dentro del entramado de reparto de contratos en el Congreso para asegurar apoyos a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según la Fiscalía, la senadora habría sido una de las beneficiarias de contratos relacionados con cuatro proyectos radicados en el Invías por más de $571.000 millones y otros cinco proyectos en la UNGRD por más de $40.000 millones, que harían parte del esquema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de votos, quórum y respaldo en debates clave.
Siete de esos contratos, según el ente acusador, habrían sido direccionados para “comprar” el trámite de las reformas sociales del Gobierno.La investigación también apunta a que la congresista habría solicitado direccionar contratos hacia varios parlamentarios de la coalición oficialista que reclamaban mayor participación burocrática y contractual.
De acuerdo con la Fiscalía, de esas instrucciones surgieron cuatro proyectos por más de $12.395 millones en Meta, Casanare, Risaralda y La Guajira. Entre ellos aparecen obras para controlar la erosión del río Ariari en Puerto Concordia (Meta), por $5.458 millones; intervenciones por afectaciones del río Únete en Aguazul (Casanare); obras de mitigación del riesgo hídrico en la quebrada Rayanal, en Mistrató (Risaralda), por $4.811 millones; y horas de maquinaria amarilla para mantenimiento de jagüeyes en La Guajira, por $2.125 millones.
En otro episodio mencionado dentro del proceso, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, habría ofrecido contratos a congresistas para ampliar las mayorías del Gobierno durante la discusión de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado. Según la Fiscalía, parte de esos contratos debían quedar a disposición de Martha Peralta, señalada de liderar la estrategia para asegurar el respaldo a la iniciativa.
“En la Comisión Séptima se estaba tramitando la reforma pensional, de esa Comisión hacían parte las senadoras Martha Peralta y Berenice Moreno. Y en esa Comisión el ministro Velasco envía a Olmedo López para que le colabore a la senadora Peralta con lo que ella necesite para que ampliara las mayorías que requería el Gobierno para la aprobación de esa reforma”, explicó en su momento fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.
Otros testigos, como los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, habrían direccionado un contrato de 2.170 millones de pesos para la contratación de maquinaria amarilla para Riohacha (La Guajira) con la empresa Inversiones IRL SAS.
“La senadora pide una cita para que la atienda en la Ungrd y llega con unos amigos de la senadora Martha Peralta. Me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla y que los contrate para La Guajira”, dijo López.
Al conocer la decisión, Peralta “exigió garantías” y advirtió, según ella, que “hay una evidente falta de garantías y una violación al debido proceso”.
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