La Defensoría del Pueblo de Colombia enfrenta uno de los mayores recortes presupuestales de su historia reciente.
Le puede interesar: Defensoría del Pueblo pide declarar emergencia carcelaria ante ola de violencia contra guardianes del Inpec
Para 2026, la entidad podría perder más de $59.000 millones, una reducción que, según su directora, Iris Marín Ortiz, pondrá en riesgo la atención a víctimas del conflicto armado, el monitoreo de violaciones a los derechos humanos y la presencia institucional en regiones donde la violencia no da tregua.
La defensora del pueblo encendió las alarmas luego de conocer la ponencia del presupuesto general de la Nación para 2026, que contempla una disminución de recursos para la entidad en comparación con años anteriores.
Lea también: Como en Catatumbo: Defensoría advierte una nueva “bomba” humanitaria en Bolívar y Valle del Cauca
“La decisión que el Congreso se dispone a adoptar es, por lo menos, desconcertante: ¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?”, escribió Marín en su cuenta de X.
Según explicó, si el proyecto se aprueba como está, la Defensoría contaría con 47,3 % menos de presupuesto de inversión que en 2024 y 5 % menos recursos en general respecto a 2025, un golpe directo a la operación territorial y a los programas de acompañamiento humanitario.
“Este recorte representa $151.222 millones de pesos menos de lo que la Defensoría había solicitado para garantizar adecuadamente su trabajo el próximo año”, señaló la funcionaria, quien advirtió que la reducción coincide con el retiro de organismos internacionales y humanitarios del país.
¿Por qué es importante que la Defensoría del pueblo tenga amplio presupuesto y cuáles serán los efectos de recortarlo?
Los efectos de la medida serían amplios. La Defensoría prevé el cierre de varias Casas de los Derechos, la reducción de jornadas de atención a víctimas, menos personal para recoger declaraciones y acompañar comunidades, y la limitación de estrategias claves como el Sistema de Alertas Tempranas, la atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia o la prevención del reclutamiento de menores.
También se verían afectados los programas de seguimiento a la crisis carcelaria, la protección ambiental y la asistencia a personas migrantes. Incluso, el recorte frenaría obras necesarias en sedes con problemas de hacinamiento o ubicadas en zonas de riesgo.
La defensora hizo un llamado al Congreso a reconsiderar la ponencia, insistiendo en que esta decisión llega en un momento de fragilidad institucional y de reducción de la cooperación internacional.
“Con la reducción de la capacidad misional de la Defensoría, la presencia y acompañamiento humanitario seguirá disminuyendo en todo el país, incluyendo en las zonas más afectadas por la violencia, en un año electoral con serios riesgos para las poblaciones”, advirtió.
El recorte forma parte del ajuste general al Presupuesto Nacional que redujo en 10 billones de pesos el gasto total del Estado, pasando de 556 a 546 billones. Pero para una institución que, por mandato constitucional, debe velar por los derechos de los ciudadanos frente al Estado, el efecto es mucho más que contable.
La preocupación no es nueva. En 2022, el entonces defensor Carlos Camargo ya advertía sobre la falta de recursos para reparar a las víctimas del conflicto, mientras que en 2025, la Defensoría, la Procuraduría y la Contraloría alertaron por la baja ejecución de fondos destinados a la Ley de Víctimas y los Decretos Ley Étnicos.
En ese informe, se evidenció que $1,5 billones no fueron ejecutados en 2024, reflejando una débil capacidad institucional en un contexto de grandes necesidades sociales.
Creada en 1991, la Defensoría del Pueblo es uno de los pilares del sistema democrático colombiano. Su labor es preventiva y humanitaria: escucha, orienta, alerta y acompaña a quienes viven en medio de la violencia o del abandono estatal. Pero con menos recursos, su presencia en los territorios —ya limitada por los recortes internacionales— se desdibuja.
La advertencia de Marín es clara: sin una inversión adecuada, la Defensoría perderá la capacidad de llegar donde más se necesita, justo cuando el país se encamina hacia unas elecciones marcadas por el recrudecimiento del conflicto armado.
“El Congreso debe evaluar seriamente la decisión que adoptará”, insistió la defensora.
Un llamado internacional
La organización Human Rights Watch (HRW) coincidió con las advertencias de la Defensoría. En un pronunciamiento del 1 de septiembre de 2025, la ONG calificó los recortes propuestos como “un duro golpe para la protección de los derechos humanos en el país”.
Le puede interesar: ¿Hizo campaña? Denuncian a la defensora del Pueblo en plena agitación por la elección de nuevo magistrado
HRW explicó que el gobierno del presidente Gustavo Petro no solo rechazó la solicitud de aumento presentada por la entidad —que buscaba compensar la inflación y fortalecer su presencia territorial—, sino que además redujo su financiación hasta en un 3 % respecto a 2025, con un déficit proyectado de 32,3 millones de dólares. El recorte más drástico sería, nuevamente, en los recursos de inversión, con una disminución del 30 %.
“Al reducir la capacidad de la Defensoría del Pueblo en un momento crítico, el gobierno y el Congreso de Colombia están socavando las herramientas del Estado para proteger a la población frente a violaciones de derechos humanos”, advirtió Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La organización contextualizó su preocupación en medio del deterioro de la seguridad: los homicidios crecieron un 3 % y los secuestros un 53 % durante el primer semestre de 2025, mientras los confinamientos y desplazamientos forzados aumentaron más de 40 %.
A ello se suma el repliegue de agencias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que cerró tres sedes en zonas de conflicto, y la suspensión de programas de USAID.
“Debilitar la Defensoría del Pueblo en este momento minaría la capacidad de Colombia para proteger a la población y responder a los crecientes desafíos en materia de derechos humanos”, concluyó Goebertus.
Regístrate al newsletter