En la tarde del 28 de abril, Pablo Bustos Sánchez, presidente y fundador de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una solicitud para que se investigue a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, por diferentes delitos. Entre ellos, tráfico de influencias.
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