La única magistrada que se opuso a la absolución del expresidente Álvaro Uribe fue denunciada por presuntamente tener comprometida su imparcialidad en ese caso.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Eduardo Castillo González, quien aseveró que la magistrada María Leonor Oviedo Pinto habría presuntamente incurrido en los delitos de prevaricato por acción y por omisión.
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Según planteó el litigante, Oviedo supuestamente habría tenido que declararse impedida antes de votar a favor o en contra de la culpabilidad del exmandatario.
En su recurso, el abogado relacionó varias publicaciones realizadas por la magistrada en sus redes sociales de hace varios años, resaltando especialmente una emitida el 18 de septiembre de 2018 en la que esta opinaba de una entrevista en la que el exmagistrado José Luis Barceló se refería precisamente a las interceptaciones telefónicas realizadas a Uribe en aquel tiempo.
“No creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número, que por el contexto se hacía necesario”, expresó en su publicación la magistrada Oviedo Pinto.
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“Frente a lo relatado, y en coherencia con el acápite de los hechos, es claro que la doctora Leonor Oviedo ha tenido una postura personal que ha trascendido a lo público a través de sus redes sociales frente al caso del señor Álvaro Uribe Vélez”, planteó en su denuncia el abogado Castillo González, planteando a renglón seguido que dichas posturas darían cuenta de que la togada supuestamente habría hecho prevalecer sus posturas personales e ideológicas en el proceso adelantado contra el expresidente.
“(...) se traen posturas personales e ideológicas, que siguen la misma línea de la juez de primer nivel, reproduciendo subjetividades posiciones soportadas probablemente y caprichosas”, insistió.
Cabe recordar que la magistrada Oviedo Pinto fue la única integrante del Tribunal Superior de Bogotá que se opuso el pasado martes a que se revocara la condena de primera instancia contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
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“Considero que la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsume en los tipos penales de soborno en actuación penal y fraude procesal, bajo el título de imputación de determinador, por lo que se trata de una conducta típicamente antijurídica realizada con culpabilidad. Es mi posición, contraria a la de la sala mayoritaria”, afirmó Oviedo en su salvamento de voto.
En contraste, la decisión mayoritaria del tribunal fue que al expresidente se le había vulnerado su derecho a la intimidad cuando sus comunicaciones fueron interceptadas, decisión que calificó como basada en “datos erróneos”.
“Nunca existió una orden judicial dirigida a interceptar el número de Álvaro Uribe Vélez; la autorización se justificó en la línea de Nilton Córdoba. Además, se conocía el número del exmandatario, lo que refuerza la falta de diligencia en la interceptación”, consideró el tribunal, sosteniendo también que el testigo Juan Guillermo Monsalve presentaba sesgos por motivaciones jurídicas en el caso.
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