Una serie de interceptaciones armadas contra esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminó con el robo de tres camionetas asignadas a líderes sociales en Norte de Santander, en hechos ocurridos en distintos puntos del departamento y que son materia de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, hombres armados detuvieron los vehículos, obligaron a sus ocupantes a descender y se llevaron los automotores. Los casos se registraron en Ocaña, Sardinata y en la vereda La Tarrita, en la vía hacia Pozo Azul. En total, fueron hurtadas dos camionetas blindadas y una convencional.
Las autoridades indagan, además, si durante los hechos los atacantes se apropiaron de las armas de dotación de los escoltas.
Los vehículos estaban asignados a Arturo Garavito, Luis Jesús Prada y Gabriel Ángel Quintero, líder de restitución de tierras en Norte de Santander. Aunque los hechos ocurrieron de manera separada, el modo de operación ha llevado a considerar que podrían estar relacionados.
Las primeras hipótesis apuntan a que los responsables serían integrantes de disidencias armadas que operan en esa región del país. Según reveló El Tiempo, estos grupos suelen apropiarse de este tipo de vehículos para movilizarse en zonas de difícil acceso y, en algunos casos, para alimentar redes de mercado ilegal, incluso fuera del país.
Tras lo ocurrido, la UNP inició el trámite para reemplazar las camionetas robadas, con el fin de restablecer los esquemas de protección y garantizar la seguridad de los líderes sociales afectados.
Estos hechos se conocen en medio de una situación compleja para la UNP. En los últimos días trascendió que la entidad enfrenta una millonaria deuda con empresas arrendadoras de vehículos, lo que podría poner en riesgo la continuidad de los esquemas de seguridad para personas amenazadas.
Según la información, la deuda ascendería a cerca de 400.000 millones de pesos por el alquiler de al menos 5.000 vehículos utilizados en la protección de funcionarios, líderes sociales, exmandatarios y otros beneficiarios. Los retrasos en los pagos se vienen acumulando desde finales de 2025.
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