El informe, de 76 páginas, resalta la precisión de esta modalidad frente a la aérea y el aumento del 77 % en cultivos ilícitos desde 2020. Aunque el Gobierno avanza en la logística, persiste la contradicción entre la política oficial y el discurso presidencial.
En medio de la controversia por el anuncio del Gobierno Nacional de retomar el uso del glifosato para contrarrestar el aumento de los cultivos de uso ilícito, este jueves se conocieron los estudios previos realizados por la Dirección de Antinarcóticos de Policía para justificar la adquisición del herbicida.
El documento, conocido por EL COLOMBIANO, cuenta con 76 páginas y en ellas se detalla que el suministro del agroquímico para la aspersión terrestre demandaría recursos por $7.700 millones ideados, entre otras, para adquirir 128 canecas de 200 litros del plaguicida y 695 bidones (recipientes) de 20 litros.
Se precisa también que podrán participar en el proceso de selección abreviada personas naturales o jurídicas de origen nacional o extranjero que “tenga dentro de su objeto social la distribución de bienes o servicios” relacionados con plaguicidas.
El herbicida será distribuido en comandos, batallones, brigadas y aeropuertos de municipios de Antioquia, Santander, Cesar, Valle del Cauca, Vichada, Nariño, Chocó, Caquetá, Tolima, Cauca, Boyacá, Guaviare, Arauca, Meta, Casanare y Putumayo.
En esa línea, destacando la necesidad de intervenir cultivos de uso ilícito y combatir el narcotráfico, se argumenta que “se hace necesario utilizar un agroquímico que cumpla con los mejores estándares de calidad” de cara a aplicar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión terrestre.
“En el año 2020 se presentó una considerable reducción en cuanto al área afectada por cultivos ilícitos de coca (142.783 hectáreas); estos datos no resultan ser alentadores en comparación con el año 2023 que se registró la cifra más alta en la historia de los cultivos ilícitos en el país, con un área afectada con cultivos de coca de (252.572), lo que indica un aumento del 77 % (109.789 ha) comparado con 2020”, se indica en el documento.
Asímismo, se alerta que si bien en 2022 se erradicaron 43.430 hectáreas de cultivos de uso ilícito, en 2023 esa cifra llegó a 20.322 y el año pasado apenas a 9.403 hectáreas. Sin embargo, frente al incremento en las hectáreas sembradas de hoja de coca –que en 2023 llegaron a 253.000 hectáreas– se advierte como causa la reconfiguración del narcotráfico tras la desmovilización de las Farc, “lo que ha permitido a otros grupos ilegales expandir su control territorial y productivo”.
Inclusive, la misma Policía reconoce que otra de las causas del incremento es la “reducción de las estrategias de erradicación, especialmente la suspensión de la aspersión aérea con glifosato”, así como la creciente demanda internacional de cocaína.
Se precisa también que la aspersión terrestre permite “una aplicación más precisa del glifosato, minimizando el impacto en cultivos lícitos y el medio ambiente”. Además, su implementación es viable donde la aspersión aérea “está restringida por razones legales o ambientales”.
Previamente, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, hizo público que la firma inicial del contrato se dio en diciembre de 2024, en cabeza de su antecesor Iván Velásquez. Actualmente el Gobierno sigue ajustando la parte logística de ese programa, desde la adquisición de los químicos, hasta los pagos para los futuros erradicadores.
La fumigación terrestre con glifosato había sido restringida por el presidente Gustavo Petro, como una medida para proteger y descriminalizar a los campesinos cultivadores, pero que al fin de cuentas terminó favoreciendo las economías ilícitas, a los narcos y grupos terroristas.
Sánchez especificó que la idea seguirá siendo implementar los programas de sustitución de cultivos en coordinación con la comunidad, pero también reforzar en algunas áreas con la erradicación forzada.
No obstante, el presidente Gustavo Petro desmintió a su ministro de Defensa y aseguró que la política del Gobierno “es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales qué generen prosperidad en las comunidades”, aseguró Petro.
