Un revés sufrió esta semana el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Munera, en la demanda que lleva el Consejo de Estado sobre la rectoría de esa institución. El abogado apoderado del Ministerio de Educación en ese proceso envío un concepto de oposición pidiendo que no se usen más artimañas jurídicas para dilatar la decisión final que debe tomar ese alto tribunal.
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El documento conocido por EL COLOMBIANO tiene fecha del 13 de mayo y está firmado por el abogado Édgar Fabián Garzón Buenaventura, quien actúa en representación del Ministerio de Educación en la demanda. En el documento —que envió al magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Pedro Pablo Vanegas Gil— expone su oposición frente al recurso de reposición y súplica que presentó el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Nacional, que fue negado por al alta corte.
El abogado Garzón le pidió al magistrado mantener la decisión para darle celeridad a la decisión que debe tomar el Consejo de Estado y por economía procesal. Además, criticó que los abogados que presentaron el recurso (con el apoyo de la mayoría de miembros del CSU y del rector) argumentaran que una decisión previa, que negó la nulidad de la elección de Múnera, se pretenda proyectar sobre la decisión final de la demanda, que debe establecer si la designación de José Ismael Peña (de marzo de 2024) como rector de esa universidad fue legal.
Sobre el recurso del CSU, Garzón afirmó que los argumentos expuestos se basan en “una premisa errónea que ya fue correctamente desvirtuada por el despacho” y que la decisión referida por el CSU “se limitó a rechazar una demanda de nulidad dirigida contra la Resolución 067 del 6 de junio de 2024 (con el que se designó a Leopoldo Múnera)”. Sobre esto, aseguró que la misma “se limitó a rechazar una demanda de nulidad dirigida contra la Resolución 067 del 6 de junio de 2024”.
“Pretender, como lo hace el CSU, extender los efectos de un auto proferido en un proceso diferente, dirigido contra un acto distinto, posterior y con naturaleza administrativa divergente, constituye no solo una errónea lectura jurídica sino una distorsión de los límites procesales y de la cosa juzgada formal”, expresó el apoderado del MinEducación.
Al respecto, Garzón le expresó al togado del Consejo de Estado que “el acto acusado en este proceso (la elección de Peña) y la Resolución 067 (elección posterior de Múnera) pertenecen a cadenas causales diferentes, son objeto de procesos distintos y no han sido objeto conjunto de análisis por parte de ninguna sección” de esa corporación judicial.
Vale recordar que en esa corte cursan dos demandas: una por la designación de Ismael Peña y otra por la de Leopoldo Múnera. La primera avanza con más celeridad y se habla de que se decida en cuestión de semanas, mientras que la segunda va más demorada.
En medio del primer proceso, los abogados de Múnera —en cabeza del constitucionalista Rodrigo Uprinmy— le pidieron al Consejo los recursos de reposición y súplica para que algunas pruebas adicionales sean aceptadas. El tribunal le preguntó al CSU si estaba de acuerdo con los recursos y sus integrantes (salvo el representante profesoral, Diego Torres) la apoyaron.
Entre los que los apoyaron estaba el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño. No obstante, con la oposición expuesta por el abogado del ministerio se aparta de esa posición y dice no estar de acuerdo. De hecho, en la comunicación advierte que “los recursos interpuestos no están llamados a prosperar” porque “su argumentación se basa en una tergiversación del contenido de decisiones judiciales previas, en afirmaciones sin sustento normativo ni jurisprudencial”.
Finalmente, el abogado Édgar Fabián Garzón solicitó al Consejo de Estado desestimar los recursos presentados por los abogados de Múnera con el apoyo de la mayoría de miembros del CSU para “que se mantenga incólume la decisión adoptada”.
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