La Casa Blanca le restringió el flujo de información estratégica de Inteligencia a la Presidencia de Colombia y a su servicio secreto, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como parte de las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump en contra de las políticas de seguridad de su homólogo Gustavo Petro, a quien acusa de ser “un lunático” y “líder del narcotráfico”.
La decisión fue confirmada a EL COLOMBIANO por fuentes del Palacio de Nariño, las cuales indicaron que en efecto se está aplicando una restricción que no es total, pero que impacta algunas de las misiones conjuntas.
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El Gobierno colombiano no dio detalles sobre el tipo de programas afectados por el recorte de los norteamericanos; sin embargo, otras fuentes cercanas a la DNI le explicaron a este diario que “esta situación ya se veía venir”.
“La inconformidad de los gringos con la DNI empezó cuando el Gobierno anunció que iba a hacer operaciones conjuntas en la frontera con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso causó mucha preocupación entre los americanos, porque gran parte de la información que se compartía con la DNI era sobre acciones del narcotráfico y el terrorismo del lado venezolano, entonces temían que esa información terminara en manos del régimen de Nicolás Maduro, que ellos consideran un enemigo”, relató un agente.
Y prosiguió: “En ese momento, los gringos solo mandaron una especie de advertencia, para que esos datos confidenciales no se triangularan con Venezuela, porque podían poner en riesgo a agentes encubiertos, pero ahora que al presidente Petro lo metieron a la Lista Clinton, ya cortaron todo flujo de información que involucre a Venezuela”.
En este punto, es importante recordar uno de los aspectos que consideró el Departamento del Tesoro de EE.UU. para sancionar al jefe de Estado con la inclusión en esa lista negra.
“(Petro) también se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cartel de Los Soles”, decía uno de los apartes del informe público del Tesoro.
La restricción de información afecta a, por lo menos, dos grupos llamados Special Investigation Units (Unidades de Investigación Especial), uno que mezclaba analistas de la DNI y la DEA, enfocado en la lucha contra el narcotráfico transnacional; y otro que enlazaba a la DNI y la CIA, dedicado al contraterrorismo.
Las restricciones también son de carácter presupuestal, pues estas agencias extranjeras financian el pago de fuentes humanas, sostenimiento de fachadas para operaciones encubiertas y equipos tecnológicos para el espionaje.
Golpe a la reputación
Más allá de poner en riesgo el éxito de operaciones puntuales, la decisión de EE. UU. genera un golpe reputacional al servicio secreto colombiano, el cual podría ocasionar que otras agencias internacionales también le pierdan la confianza, derivando en un efecto dominó que aisle a la DNI de sus pares extranjeros.
El año pasado ya se habían registrado dos rompimientos con importantes agencias, que también contribuyeron a la pérdida de recursos y credibilidad en la Inteligencia colombiana.
El primero fue con el Mossad, el servicio secreto de Israel, por orden del presidente Gustavo Petro, como represalia a los ataques de ese país contra los civiles en Gaza.
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El segundo, con el Grupo Egmont, la comunidad de agencias de Inteligencia Financiera más grande del mundo, por culpa de una filtración de datos reservados por parte de Petro, quien en una alocución usó uno de sus reportes para denunciar que el gobierno anterior compró de manera sospechosa el software Pegasus, que espía las comunicaciones.
Este hecho también fue resaltado por el Tesoro es su sanción: “En 2024 compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros de comunicación contra el lavado de dinero, lo que amenazó la integridad del sistema financiero internacional y provocó la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia (Uiaf) del Grupo Egmont”.
Según las fuentes, la pérdida de confianza también ha afectado el intercambio de datos y recursos con el MI5 y el MI6, dos agencias del gobierno británico que cooperan con la Policía, la Fiscalía y el Comando Antinarcóticos y Amenazas Transnacionales del Ejército (Conat). “La información que comparten ya es más genérica y menos reservada, por esa desconfianza”, relató uno de los entrevistados.
El analista de seguridad Erich Saumeth estimó que el recorte a la DNI “afectará la cooperación antidrogas y antiterrorista, incluyendo reportes de vigilancia aérea, vigilancia marítima, datos satelitales y análisis estratégicos sobre rutas de tráfico ilícito y movimientos de grupos armados en zonas fronterizas”.
No obstante, los estadounidenses continuarán compartiendo información –por el momento– con otras organizaciones, como la Policía y las Fuerzas Militares, para seguir peleando contra enemigos comunes, en particular los narcotraficantes, lavadores de dinero y extraditables.
Anexo: ¿Se vienen más inclusiones en Lista Clinton?
De acuerdo con información conocida por La FM, fuentes en Washington aseguran que el proceso sigue en curso y que las agencias responsables analizan nuevos casos bajo los parámetros de la Orden Ejecutiva 14059, firmada en diciembre de 2021, la cual endureció los criterios de sanción.
Este estándar no se limita a identificar cabecillas de organizaciones de narcotráfico, sino que también abarca a personas o entidades que “brinden apoyo material, financiero o tecnológico” a grupos vinculados con el tráfico de drogas o el lavado de activos.
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En esa revisión figurarían nombres como el del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el ministro de Minas, Edwin Palma, y Luis Eduardo Llinás, quien hasta hace poco dirigía la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Cada caso estaría siendo evaluado de manera individual, sin que se haya producido hasta ahora decisiones oficiales.
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