La Fiscalía condenó a siete años de reclusión en un centro especializado al adolescente de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Contexto: Atención: imponen una de las sanciones más altas al adolescente que asesinó a Miguel Uribe; esta es la pena que cumplirá
El menor aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, delitos que fueron imputados tras el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en un mitin político en el occidente de Bogotá. Aunque Uribe sobrevivió al ataque por 64 días, finalmente falleció el 11 de agosto debido a complicaciones neurológicas derivadas de las heridas de bala.
La Fiscalía explicó que el joven deberá permanecer privado de la libertad durante 84 meses (siete años) en un centro especializado para adolescentes. Según el abogado de la familia de Uribe, Víctor Mosquera, esta es “una de las sanciones más altas que contempla la Ley de Infancia y Adolescencia, pero nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.
En su opinión, la normativa vigente termina incentivando que organizaciones criminales empleen menores de edad para ejecutar delitos graves, debido a la limitación de las sanciones.
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¿Qué dicen los expertos?
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explica que los menores tienen derecho a un tratamiento penal diferenciado en materia de justicia y eso está consignado en la Ley 1098 de 2006.
El abogado subrayó que la legislación colombiana en materia de infancia responde a compromisos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing. “El sistema establece sanciones, no penas, con un máximo de ocho años para adolescentes. La razón es que los niños y adolescentes carecen del mismo desarrollo mental que los adultos para comprender plenamente las consecuencias de sus actos”, explicó.
Bernarte también advirtió que muchos menores infractores provienen de contextos de pobreza, desescolarización y abandono estatal, lo que los convierte en blanco fácil de estructuras criminales.
“El enfoque no debería ser punitivo, sino preventivo: preguntarnos qué está haciendo el Estado para evitar que adolescentes terminen en estas dinámicas”, sostuvo. En su criterio, aumentar las sanciones no resolvería las causas de fondo que llevan a los jóvenes a ser instrumentalizados por organizaciones ilegales.
Para el abogado Ricardo Burgos, aunque la sanción es ajustada a la ley vigente, el caso deja en evidencia un vacío en la política criminal del país. “La justicia aplicó lo que corresponde, pero el mensaje es terrible: utilizar menores de edad porque la pena máxima será de ocho años, incluso en homicidios”, afirmó.
Burgos considera que se debería abrir el debate sobre una reforma que contemple sanciones más severas desde los 12 años, especialmente en casos de delitos de alto impacto.
Según su visión, “es claro que muchos adolescentes saben lo que hacen cuando cometen un crimen de esta naturaleza, y el tratamiento jurídico debería equipararse al de los adultos en circunstancias específicas”. Para él, además de modificar la norma, Colombia necesita mayor efectividad en las investigaciones y juicios, pues “las cárceles se han convertido en universidades del delito”.
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