Este comienzo de semana que pasó, el presidente Gustavo Petro hizo su primer evento público en Barranquilla tras un viaje por China y Ciudad del Vaticano. El objetivo de ese encuentro, según el propio jefe de Estado, era hacer un “cabildo abierto” tras el hundimiento de la convocatoria de la consulta popular en el Senado. El presidente hizo un discurso desde la capital del Atlántico un día después de que sus ministros radicaron nuevamente la consulta popular, pero agregaron cuatro preguntas más para un total de 16, intentando incluir ya no solo la fallida reforma laboral, sino también la reforma a la salud.
El evento en Barranquilla, entonces, se planteó como un “cabildo abierto” o un “cabildo popular” para que “sean los movimientos sociales los que decidan qué camino debemos tomar”, según dijo el presidente Petro. Alrededor de esa manifestación “espontánea” hubo, incluso, críticas porque hubo reportes en fotos y videos mostrando decenas de buses que habrían llevado a gente para el evento en el Paseo de Bolívar y otros con bolsas de mercado.
“Carece de efectos jurídicos”: Uprimny sobre la manifestación en Barranquilla
Al respecto, este domingo, en su columna en El Espectador, el reconocido jurista Rodrigo Uprimny explicó por qué ese evento “no fue un cabildo abierto”, tal cual lo contempla la Constitución.
“Los CA (cabildos abiertos) no son convocados por los gobernantes, y menos aún por el presidente. Es la propia ciudadanía la que se convoca a sí misma. Un CA nace de una iniciativa de ciudadanos que representen al menos el 5 por mil del censo electoral y que pidan a la instancia representativa territorial competente (un concejo municipal, por ejemplo) que convoque el CA”, explica el profesor.
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“(...) un CA no es una movilización popular de apoyo o rechazo a un gobernante o a sus decisiones, sino que es un encuentro deliberativo entre los ciudadanos, que se autoconvocan, y la institución representativa local. Nada de eso sucedió en Barranquilla”, agrega.
El jurista, que en algunas ocasiones ha estado de acuerdo con el Gobierno explica también que no hubo “autoconvocatoria” ciudadana, ni deliberación con la institución representativa local, sino que la gente fue convocada por el presidente para que escucharan su discurso y lo apoyaran. “Fue entonces una concentración popular, que ciertamente fue masiva, pero no representa jurídicamente un CA. Y por eso, aunque importante políticamente, carece de efectos jurídicos y el presidente no puede pretender atribuirle alguno”, concluye.
