La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, al considerar que tomó decisiones abiertamente contrarias a la ley durante el proceso de licitación para la fabricación de los pasaportes colombianos.
Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que Leyva desvió y abusó del poder que le confería su cargo como Ministro de Relaciones Exteriores, al intervenir de manera directa en la licitación pública 001 de 2023, pese a que la competencia para dirigir el proceso contractual estaba legalmente en manos de la Secretaría General del Ministerio.
Según el ente acusador, el exministro reasumió el control del trámite con un propósito específico: impedir la adjudicación del contrato a la oferta que ya había sido evaluada y habilitada, alterando así el curso normal de la contratación. Para la Fiscalía, esta actuación no respondía a criterios de legalidad ni al interés público, sino a una decisión arbitraria que desconoció los límites de su rol dentro de la estructura administrativa del Ministerio.
En la imputación, el fiscal citó el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, señalando que Leyva vulneró los principios esenciales de la contratación estatal, transparencia, objetividad y equilibrio. y actuó “con desviación y abuso del poder” que se le había otorgado en razón de sus funciones.
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