Este jueves la Fiscalía pidió condenar a César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo por el caso de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia, en el año 2007.
El proceso judicial se sigue en contra de los dos altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por el espionaje ilegal, a través de ‘chuzadas’ telefónicas, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y opositores del gobierno.
Edmundo del Castillo era para la época de los hechos secretario jurídico de la Presidencia de la República, mientras que Cesar Mauricio Velásquez se desempeñaba como secretario de prensa en el segundo periodo del gobierno de Uribe.
La diligencia se realizó ante el juez 56 de conocimiento de Bogotá en donde el fiscal argumentó que estas personas deben ser condenadas por el delito de concierto para delinquir porque acordaron criminalmente deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia.
Esto de acuerdo con el delegado del ente acusador porque Velásquez y Castillo utilizaron al entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para realizar labores de inteligencia con propósitos distintos a los fijados en las normas vigentes para la época.
Esto como lo hicieron la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Bernado Moreno, quienes ya fueron condenados por estos hechos.
Todo esto lo sustentó el delegado del ente acusador en las declaraciones de los exfuncionarios del DAS, Fernando Alonso Tavares, Jorge Alberto Lagos, Gustavo Sierra Prieto, Fabio Duarte, entre otros.
En estos testimonios se reveló, de acuerdo con el ente acusador: “los actos, reuniones, los medios empleados, la información utilizada, las personas, los lugares, la estrategia y los objetivos dirigidos a atentar la imagen y legitimidad de magistrados principales y auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y de la excongresista Yidis Medina”.
Agregó el ente acusador que la ilegalidad de estas acciones no se pueden ver como hechos aislados y desconectados unos de otros, pues estos obedecieron a un plan criminal: “orquestado por altos funcionarios del poder ejecutivo en el que participaron otras entidades públicas. Esto bajo el entendido que el DAPRE dependía directamente de la Presidencia, instancia de la cual recibía las órdenes sobre sus derroteros a seguir”.
Añadió que con relación a la Corte Suprema de Justicia, fue de público conocimiento que el expresidente Álvaro Uribe sostuvo enfrentamientos públicos relacionados con magistrados del alto tribunal.
