La posible salida de las Fuerzas Militares del mayor general Erick Rodríguez Aparicio, uno de los oficiales más experimentados del país, generó ruido en las toldas políticas por una supuesta presión indebida de parte del Gobierno Nacional.
Rodríguez se venía desempeñando como subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas del Comando General de las FF.MM., y hay sospechas de que su posible retiro estaría relacionado con unas declaraciones que dio sobre una presunta estrategia de los grupos armados ilegales para condicionar las votaciones presidenciales en algunas zonas rurales del país.
Fuentes militares le confirmaron a EL COLOMBIANO que la solicitud de retiro por parte de la Presidencia llegó al Comando General de las FF.MM. este miércoles 3 de junio.
Por norma administrativa, antes de proceder al retiro de un oficial, este debe cumplir con todos los periodos de vacaciones que tenga acumulados. Así que, técnicamente, el general Rodríguez fue llamado a vacaciones.
Una vez cumpla con ese requisito, el presidente de la República debe expedir un decreto certificando su salida de las Fuerzas Armadas.
¿Pero cuál es la razón para gestionar la salida de uno de los oficiales más experimentados de la Fuerza Pública?
¿Cuáles fueron las declaraciones del general Erick Rodríguez?
De manera extraoficial, en los corrillos militares se dice que al general Rodríguez le están cobrando unas declaraciones realizadas después de un consejo de seguridad extraordinario en Meta, que en el marco de la presente campaña presidencial fueron malinterpretadas por algunos sectores partidistas como una participación indebida en política.
Sucedió el pasado 17 de mayo en la ciudad de Villavicencio, donde se reunieron las autoridades regionales, delegados de las FF.MM. y la Policía, tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral, y su asesor Eder Fabián Cardona López.
Ambos coordinaban la campaña política del aspirante Abelardo de la Espriella en ese departamento, lo que incrementó el clima de confrontación entre las candidaturas.
A la salida del consejo, la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés Zambrano, comentó en una rueda de prensa que “ustedes saben que ya viene sucediendo, desafortunadamente, la carnetización en zonas rurales del departamento, y nos preocupa en el tema electoral el constreñimiento al voto, porque ya los insurgentes que tienen presencia en estos sitios le vienen diciendo a la población que se inscriba para que voten el tema presidencial”.
Acto seguido, el general Rodríguez explicó ante las cámaras que “hay una disputa por el territorio, por parte de dos grupos armados, al sur del departamento, principalmente en Guaviare, que son las Farc de ‘Calarcá’ y de ‘Mordisco’”.
Detalló que “en el contexto de esta disputa, no es solo por el territorio, es la población, y se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos. En contra de ese fenómeno venimos adelantando operaciones importantes, se han dado resultados de relevancia en el Guaviare en los últimos meses, y también en Meta”.
Aunque el oficial no mencionó nada con relación a las campañas políticas, la declaración se viralizó y al parecer las bodegas de las redes sociales las emplearon para atacar al petrismo y su candidato, Iván Cepeda, insinuando que las disidencias de las Farc obligaban a las comunidades a votar por él.
Los mensajes incomodaron a las huestes de la izquierda y, supuestamente, presionaron al Gobierno para que gestionara la salida de Rodríguez.
De momento las Fuerzas Militares no se han pronunciado oficialmente sobre el asunto, ni el Ministerio de Defensa ni el Gobierno Nacional.
Este diario trató de localizar al oficial en cuestión, sin que hasta ahora haya dado su respuesta.
El mayor general Rodríguez lleva 35 años en el Ejército. Dentro de los cargos que ha desempeñado durante el mandato de Gustavo Petro, se cuentan la jefatura del Comando Conjunto N°2 Suroccidente del Ejército, con jurisdicción en Nariño, Cauca y Valle.
Desde esa posición participó en el diseño e implementación de la Operación Perseo contra las disidencias de “Iván Mordisco”, cuando en octubre de 2024 ingresaron 1.400 militares al corregimiento El Plateado, de Argelia, para recuperar el cañón del Micay de manos de los terroristas.
Luego fue el segundo comandante del Ejército Nacional y, en la actualidad, funge como subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas del Comando General de las FF.MM.
Una de las tareas que desempeñaba, hasta el momento de sus vacaciones forzosas, tenía que ver con la coordinación operacional del Plan Democracia, diseñado para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales.
“Resulta preocupante e inoportuno que en pleno desarrollo del Plan Democracia y a pocos días de culminar el proceso electoral presidencial, se produzca la salida del mayor general Erick Rodríguez”, expresó el general (r) Guillermo León León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore).
Según él, “si las razones obedecen a una presunta participación en política, corresponde a quienes tomaron esa compleja decisión demostrar de manera clara que tales hechos ocurrieron, garantizando el debido proceso y evitando cualquier percepción de decisiones motivadas por circunstancias distintas a la estricta aplicación de la ley”.
Y aseveró: “Pero si el retiro tiene relación con denuncias o alertas realizadas por dicho oficial, por posibles delitos o irregularidades electorales, sería mucho más grave, pues ello podría interpretarse como un mensaje equivocado que termina favoreciendo a quienes atentan contra la transparencia democrática y protegiendo a quienes buscan afectar la libertad del voto de los colombianos”.
El directivo gremial concluyó que la decisión del Gobierno es inoportuna por el importante rol que ejercía Rodríguez en la ejecución del Plan Democracia, justo ad portas de la segunda vuelta presidencial.
Otros oficiales retirados de manera sospechosa
Esta no es la primera vez que se desata una polémica similar. El pasado mes de febrero, Petro ordenó el despido del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
El jefe de Estado lanzó una grave acusación en su contra en un consejo de ministros. “Hay un general que ordené retirar de la Policía. Alguien le dio la orden de ponerme sustancias psicoactivas en el carro (...). Tenía como misión destruir la reunión con (Donald) Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios”, afirmó, aunque sin mostrar evidencias.
El oficial afectado rechazó las sindicaciones, e indicó que se trató de una retaliación porque meses antes, cuando fue comandante policial en Barranquilla, brindó apoyo operacional a una diligencia de allanamiento a una propiedad del ministro del Interior, Armando Benedetti.
“Nadie me ha dado la oportunidad de defenderme ni me han presentado pruebas. Y pienso que no las hay, porque eso no aconteció”, reiteró Urrego.
Otro llamado a calificar servicios por parte del presidente Petro, que generó cuestionamientos, sucedió el pasado marzo. El afectado fue el coronel (r) Jorge Alexánder Mora, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín).
Tuvo a su cargo varios expedientes complicados, como el de Diego Buitrago Marín (“Papá Pitufo”), uno de los máximos contrabandistas del país, quien trató de financiar con dineros calientes la campaña de Petro en 2022.
“El presidente está siendo mal informado totalmente. Le están hablando personas que no conocen los casos. Las personas que luchamos contra la corrupción estamos siendo desviadas. Esos desvíos de poder se hacen a través de actividades administrativas y este mensaje es muy claro para esos investigadores, jueces y fiscales, porque no solamente somos los investigadores”, señaló el coronel, quien llevaba 27 años de servicio en la Policía.
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