La decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria a la exrepresentante Gloria Arizabaleta volvió a poner bajo la lupa una de las últimas sesiones que celebró la Comisión de Acusaciones de la Cámara en 2025 (dirigida por la mencionada congresista), en la que fueron archivadas 17 denuncias contra el saliente presidente Gustavo Petro.
Y es que, a raíz del llamado a indagatoria, antiguos integrantes de la Comisión de Acusaciones han vuelto a cuestionar lo ocurrido durante la sesión que realizaron el 17 de diciembre de 2025.
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Aunque los expedientes archivados no correspondían a los procesos de mayor relevancia que enfrenta Petro —los cuales continuaban en trámite y posteriormente serían asignados a nuevos representantes investigadores—, varios exmiembros consideran que la forma en que se desarrolló esa jornada merece revisión.
La Comisión atravesaba entonces un proceso de descongestión debido al alto volumen de investigaciones acumuladas. Con ese propósito se había aprobado una estrategia para resolver, en cada sesión, el mayor número posible de expedientes que carecían de elementos suficientes para continuar con la investigación.
Inicialmente, el orden del día contemplaba el estudio de denuncias contra distintos aforados, entre ellos exmagistrados de las altas cortes y el expresidente Juan Manuel Santos.
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Sin embargo, según relataron exintegrantes de la comisión, la agenda fue modificada poco antes de la sesión y los primeros asuntos sometidos a consideración pasaron a ser exclusivamente expedientes relacionados con el presidente Petro.
En esa jornada se logró el quorum necesario para votar los proyectos y se archivaron los 17 procesos mencionados.
Los únicos expedientes que no fueron resueltos correspondían al entonces representante Wadith Manzur, quien no asistió a la sesión y, por tanto, no pudo sustentar las ponencias que tenía asignadas.
Los demás expedientes estaban en manos de Daniel Restrepo, Karyme Cotes, Carlos Cuenca, Jorge Eliecer Tamayo, Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo, Olga Lucía Velásquez, Juan Carlos Wills, Jorge Alejandro Ocampo, entre otros.
Aunque algunos excongresistas reconocen que quien presidía la Comisión tenía la facultad de definir el orden de los asuntos, también sostienen que no era habitual concentrar una sesión casi exclusivamente en casos relacionados con un solo investigado, pues la práctica acostumbraba alternar expedientes de diferentes aforados.
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Las dudas sobre esa actuación cobraron nueva relevancia tras conocerse el auto de la Corte Suprema.
En la decisión judicial se hace referencia al testimonio del abogado Alejandro Carranza, defensor de Gustavo Petro, quien aseguró que entre octubre y noviembre de 2025 sostuvo un almuerzo con Gloria Arizabaleta y el entonces secretario de la Comisión de Acusaciones, Jairo Corzo.
De acuerdo con el auto, durante ese encuentro la exrepresentante habría planteado la posibilidad de que el abogado sirviera de enlace con el Gobierno nacional para facilitar acercamientos con integrantes de la comisión.
Según la Corte, esa gestión estaría orientada a lograr el cierre de los procesos contra el mandatario antes de un eventual cambio de gobierno.
La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra Arizabaleta revela nuevos elementos relacionados con presuntas presiones para influir en procesos que involucraban al presidente Gustavo Petro dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
El expediente también expone un cambio en la posición política de Arizabaleta. Mientras en diciembre impulsó el archivo de 17 procesos relacionados con Petro, entre febrero y junio habría adoptado una postura más crítica frente al Ejecutivo. Ese giro coincide con el período en el que, según la Corte Suprema, se investigan presuntas disputas por cargos burocráticos.
La modificación del orden del día de una de las sesiones de la Comisión también generó controversia. Según publicó El Tiempo, hubo conversaciones internas en las que varios integrantes expresaron su inconformidad por la decisión de dar prioridad al estudio de 19 expedientes relacionados con el jefe de Estado.
Entre quienes cuestionaron la medida estuvo la entonces representante Katherine Miranda, quien anunció que no asistiría a la sesión y dejaría constancia de lo que consideró una irregularidad. En el mismo sentido se pronunció el senador Hernán Cadavid, quien calificó como desproporcionada la agenda propuesta y afirmó que se abstendría de participar por considerar que la decisión evidenciaba un propósito específico.
Estos hechos forman parte del material que analiza la Corte Suprema en una investigación que continúa en desarrollo y cuyo resultado dependerá de las actuaciones judiciales correspondientes.
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